La Voz de Galicia
Lo hizo el año pasado con la ley de cajas y lo repite ahora con los medicamentos. El Parlamento gallego ha salido en defensa de su capacidad normativa, decidido a plantarle cara al Gobierno de Zapatero y a su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley autonómica que alumbró un catálogo priorizado de medicamentos con el que la Xunta se proponía rebajar en un 10% el gasto público en recetas, factura que en el año 2010 superó la cifra de los 931 millones de euros.
La Cámara gallega se ha personado en el contencioso abierto entre Madrid y Santiago para defender la ley de racionalización del gasto farmacéutico, aprobada el pasado mes de diciembre en O Hórreo por una mayoría de dos tercios, la que suman el PP y el BNG, aunque con el desmarque de los socialistas. El legislador gallego ha elevado al alto tribunal un pliego de alegaciones en el que pide que se levante la suspensión provisional del catálogo por entender que es «plenamente respectuoso coa Constitución e coa distribución de competencias» consagrada en el Estatuto de Autonomía.
Entre las alegaciones preparadas por los servicios jurídicos de la Cámara gallega destaca una dirigida a contrarrestar el principal argumento esgrimido por el Ministerio de Sanidad a la hora de presentar el recurso: la ruptura de la caja común española de medicamentos y la exclusión de algunos fármacos de la cartera gallega.
Pues bien, el Parlamento arguye que la ley gallega incluye «todos os medicamentos integrados» en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, sin alterar en ningún aspecto el modelo de financiación pública ni el sistema de precios de referencia. «Todos os medicamentos financiables polo sistema nacional», se destaca en las alegaciones, lo son también por la comunidad gallega, pues «mantense unha igualdade efectiva e real nas prestacións farmacéuticas» a nivel de todo el Estado.
Protocolo especial
Los servicios jurídicos parlamentarios también matizan en su pliego que la norma gallega incluye un protocolo especial para garantizar la dispensación de fármacos a pacientes que no tienen un equivalente exacto en la versión genérica, la más barata. Es más, detalla que para darle cobertura a «casuísticas particulares e individuais» que precisen de la prescripción determinada de una marca concreta, como ocurre con los pacientes que tienen intolerancia a los excipientes, el suministro del fármaco de marca está garantizado en todo momento, una función que compete a los facultatativos del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
La defensa que esgrimirá el Parlamento ante el Constitucional pone el acento en que el catálogo gallego «non elimina», sino que prioriza los principios activos iguales, pero de menor coste. Los letrados gallegos abundan en esta tesis y recuerdan que la norma básica estatal, la Lei 29/2006, establece la necesidad de de que se racionalice el gasto en farmacia.
- La tabla a la que se aferran los sistemas sanitarios
- Reacciones: PPdeG | PSdeG | BNG
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