Europa Press
Farmaindustria ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que desarrolla la Ley 12/2010 por la que se crea un catálogo priorizado de medicamentos, al considerar que "supone una clara invasión de competencias estatales".
Asimismo, la patronal de la industria farmacéutica asegura que esta iniciativa del Gobierno gallego constituye una "vulneración de la legalidad vigente", por lo que pide que se suspenda la aplicación de la norma en tanto se resuelve dicho recurso ya que "los daños que genera son irreparables".
Según recuerdan, "los pacientes gallegos han de enfrentarse a cientos de miles de cambios de envases en los tratamientos que recibían hasta ahora, con la confusión que de ello se puede derivar, cuando tendría que ser el médico el que decidiera si a cada paciente se le mantiene el tratamiento o se le cambia, decisión que no puede ser administrativa, burocrática o informática".
Además, pese a que no se van a conseguir los objetivos de ahorro perseguidos por el Gobierno gallego, reconocen que "sí va a tener consecuencias irreparables para distintos agentes de la cadena del medicamento".
13 DE MAIO DE 2010
13 DE MAIO DE 2010: GRAZAS!!!
31 ene 2011
Rajoy se compromete a derogar la Ley del Aborto
Europa Press
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha comprometido a derogar la Ley del Aborto en el caso de que gane las próximas elecciones generales. Además, ha apostado por alcanzar un "gran pacto" con el PSOE en lo relativo al modelo de Estado.
No obstante, Rajoy no incluye entre sus 'diez medidas políticas para el cambio' una reforma en profundidad del Estado Autonómico, según adelanta en su portada del lunes el diario 'El Mundo', que ha entrevistado al líder de la oposición para desgranar sus propuestas con vistas a las elecciones generales.
"Cuestionar el diseño actual del Estado de las Autonomías sería hoy un disparate", explica Rajoy, para quien una de las mayores necesidades del país es conformar "un gobierno respetable". En este sentido, el líder del PP sí se compromete a garantizar la igualdad de los derechos, deberes y oportunidades de todos los españoles, independientemente de cuál sea la comunidad autónoma en la que vivan.
Entre las diez medidas destacadas por el diario 'El Mundo' se encuentra la derogación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Rajoy quiere impulsar el funcionamiento de una escuela pública que se erija sobre los valores constitucionales sin imponer idearios.
Entre las derogaciones de leyes que llevaría a cabo se encuentra la de la Ley del Aborto. El presidente del PP restablecerá la norma anterior a la aprobada recientemente por el Ejecutivo de Zapatero.
Clínicas abortistas ven "un paso atrás" el anuncio de Rajoy
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha comprometido a derogar la Ley del Aborto en el caso de que gane las próximas elecciones generales. Además, ha apostado por alcanzar un "gran pacto" con el PSOE en lo relativo al modelo de Estado.
No obstante, Rajoy no incluye entre sus 'diez medidas políticas para el cambio' una reforma en profundidad del Estado Autonómico, según adelanta en su portada del lunes el diario 'El Mundo', que ha entrevistado al líder de la oposición para desgranar sus propuestas con vistas a las elecciones generales.
"Cuestionar el diseño actual del Estado de las Autonomías sería hoy un disparate", explica Rajoy, para quien una de las mayores necesidades del país es conformar "un gobierno respetable". En este sentido, el líder del PP sí se compromete a garantizar la igualdad de los derechos, deberes y oportunidades de todos los españoles, independientemente de cuál sea la comunidad autónoma en la que vivan.
Entre las diez medidas destacadas por el diario 'El Mundo' se encuentra la derogación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Rajoy quiere impulsar el funcionamiento de una escuela pública que se erija sobre los valores constitucionales sin imponer idearios.
Entre las derogaciones de leyes que llevaría a cabo se encuentra la de la Ley del Aborto. El presidente del PP restablecerá la norma anterior a la aprobada recientemente por el Ejecutivo de Zapatero.
Clínicas abortistas ven "un paso atrás" el anuncio de Rajoy
Zapatero insiste en que el copago sanitario "no merece la pena"
SU POTENCIAL AHORRO SERÁ "MUY ESCASO"
Europa Press
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido este lunes en que implantar el copago sanitario "no merece la pena" porque, a su juicio, conseguiría "un ahorro muy escaso" y generaría "desincentivos a la salud". No obstante, dice que España "sigue teniendo un gasto farmacéutico muy alto, en relación con la media europea", lo que "les obliga a hacer una reflexión".
"El copago lo hemos estudiado a fondo, no merece la pena. El potencial ahorro que conseguiría sería muy escaso, como se demuestra en los países que lo han puesto en marcha, y generaría desintentivos a la salud", ha señalado Zapatero en declaraciones realizadas a los Desayunos de TVE y recogidas por Europa Press.
Dice que el gasto en sanidad de las autonomías "está en la media europea" y que el sistema autonómico ha garantizado "que los servicios públicos sean prácticamente iguales en todos los territorios".
"Lo que ha sido caro e ineficiente en España ha sido el centralismo", ha indicado Rodríguez Zapatero, para quien, por ejemplo, "sería impensable sin las comunidades autónomas que Extremadura pudiera decir que tiene una sanidad igual o mejor que Madrid".
Europa Press
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido este lunes en que implantar el copago sanitario "no merece la pena" porque, a su juicio, conseguiría "un ahorro muy escaso" y generaría "desincentivos a la salud". No obstante, dice que España "sigue teniendo un gasto farmacéutico muy alto, en relación con la media europea", lo que "les obliga a hacer una reflexión".
"El copago lo hemos estudiado a fondo, no merece la pena. El potencial ahorro que conseguiría sería muy escaso, como se demuestra en los países que lo han puesto en marcha, y generaría desintentivos a la salud", ha señalado Zapatero en declaraciones realizadas a los Desayunos de TVE y recogidas por Europa Press.
Dice que el gasto en sanidad de las autonomías "está en la media europea" y que el sistema autonómico ha garantizado "que los servicios públicos sean prácticamente iguales en todos los territorios".
"Lo que ha sido caro e ineficiente en España ha sido el centralismo", ha indicado Rodríguez Zapatero, para quien, por ejemplo, "sería impensable sin las comunidades autónomas que Extremadura pudiera decir que tiene una sanidad igual o mejor que Madrid".
Xenéricos vs. catálogo galego (por J. M. Peña, economista y auditor)
Xornal de Galicia
Unha das consecuencias máis per-ceptibles da actual crise financeira é a apertura dun debate permanente acerca de todos e cada un dos piares do Estado do benestar. No ámbito da Unión Europea estase a producir unha forte controversia sobre os problemas dos Sistemas Nacionais de Saúde (SNS) e sobre o seu sostemento. Neste contexto enmárcase a actual pugna dialéctica arredor da bondade da normativa, promulgada en Galicia, en materia de farmacia. É necesario debullar os argumentos ou caeremos no medio do falso debate demagóxico que, interesadamente, se está a propoñer.
Por xenéricos entendemos produtos sanitarios que teñen o mesmo principio activo e a mesma forma farmacéutica que a patente orixinal; medicamentos, polo tanto, coa mesma eficacia terapéutica, seguridade e calidade. Neste sentido, nada que opoñer á súa promoción, fomento da súa prescrición e emprego por parte dos usuarios do SNS. Moi ao contrario, non podemos esquecer a súa baixa utilización. Uns cantos datos de porcentaxe de gasto en xenéricos, en 2009, aclara o panorama: media de España (9,38%), Andalucía (14,81%), Galicia (4,17%), Noruega (58%), Alemaña (37%), Canadá (34%), Reino Unido (26%), USA (22%). Complementariamente, nada xustifica que o gasto farmacéutico en España sexa moi elevado, tanto en gasto por habitante, como en porcentaxe sobre o gasto sanitario total (media da OCDE 17,2%, fronte ao 20,4% de España).
Dende este punto de vista, calquera esforzo encamiñado a reducir este enorme gasto debe ser aceptado e acollido favorablemente.
Entón, que é o que pasa?, cal é a razón do estrondo político e mediático que está a ter lugar?.
Poderíamos sintetizalo baixo tres aspectos: primeiro, unha idea, que pode ser boa, estrágase por formulala de forma incorrecta. O metaforicamente denominado “Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos” derívase da Lei 12/2010, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica de Galicia. Na miña opinión, a mencionada lei vulnera claramente a legalidade xa que incumpre e choca frontalmente con normas estatais como a Lei 14/86, xeral de sanidade (lei Lluch), a Lei 16/2003, de cohesión e calidade do SNS, a Lei 21/2001, do sistema de financiamento das comunidades autónomas, así como a propia Lei 25/1990, do medicamento. A proposta galega debeu formularse ante o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. En segundo lugar, opino que a Lei galega formula serias dúbidas sobre a súa constitucionalidade, xa que pon en cuestión principios tales como a igualdade dos españois nos territorios do Estado ou as competencias exclusivas deste sobre determinadas materias: coordinación xeral da sanidade, lexislación sobre produtos farmacéuticos ou a protección á saúde. Neste sentido cabe sinalar que unha lei non pode ser utilizada de forma partidista para desenvolver competencias estatutarias inexistentes e para forzar un enfrontamento competencial entre o Estado e as comunidades autónomas formulado en termos de incrementar a capacidade de autogoberno (por iso a votou o BNG). En terceiro lugar e, finalmente, o debate non se pode orientar cara á defensa dos intereses da farmaindustria, tal e como fixo o Ministerio de Sanidade, por moito que estes se escondan detrás de argumentos vinculados á investigación, ao emprego, á seguridade do uso farmacéutico, etcétera.
O Sergas é un medio para aproximar a xestión da asistencia sanitaria ao cidadán e debe manter garantías en canto á equidade, a calidade e a participación. O SNS ha de manter unha identidade común e responder aos principios constitucionais de unidade, autonomía e solidariedade nos que se fundamenta o Estado autonómico.
É posible que a conselleira Pilar Farjas se equivocase no procedemento, pero tamén é claro que o Ministerio non pode irse do tema desairando o Goberno galego e unicamente presentando recursos. Ten que reunir o Consello Interterritorial e formular unha alternativa legal e constitucional de aforro no gasto farmacéutico ou levaranos a pensar que os intereses da farmaindustria teñen máis representación no Ministerio de Sanidade que a propia cidadanía española.
Por certo, onde quedan os profesionais e a farmacia hospitalaria?
Por xenéricos entendemos produtos sanitarios que teñen o mesmo principio activo e a mesma forma farmacéutica que a patente orixinal; medicamentos, polo tanto, coa mesma eficacia terapéutica, seguridade e calidade. Neste sentido, nada que opoñer á súa promoción, fomento da súa prescrición e emprego por parte dos usuarios do SNS. Moi ao contrario, non podemos esquecer a súa baixa utilización. Uns cantos datos de porcentaxe de gasto en xenéricos, en 2009, aclara o panorama: media de España (9,38%), Andalucía (14,81%), Galicia (4,17%), Noruega (58%), Alemaña (37%), Canadá (34%), Reino Unido (26%), USA (22%). Complementariamente, nada xustifica que o gasto farmacéutico en España sexa moi elevado, tanto en gasto por habitante, como en porcentaxe sobre o gasto sanitario total (media da OCDE 17,2%, fronte ao 20,4% de España).
Dende este punto de vista, calquera esforzo encamiñado a reducir este enorme gasto debe ser aceptado e acollido favorablemente.
Entón, que é o que pasa?, cal é a razón do estrondo político e mediático que está a ter lugar?.
Poderíamos sintetizalo baixo tres aspectos: primeiro, unha idea, que pode ser boa, estrágase por formulala de forma incorrecta. O metaforicamente denominado “Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos” derívase da Lei 12/2010, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica de Galicia. Na miña opinión, a mencionada lei vulnera claramente a legalidade xa que incumpre e choca frontalmente con normas estatais como a Lei 14/86, xeral de sanidade (lei Lluch), a Lei 16/2003, de cohesión e calidade do SNS, a Lei 21/2001, do sistema de financiamento das comunidades autónomas, así como a propia Lei 25/1990, do medicamento. A proposta galega debeu formularse ante o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. En segundo lugar, opino que a Lei galega formula serias dúbidas sobre a súa constitucionalidade, xa que pon en cuestión principios tales como a igualdade dos españois nos territorios do Estado ou as competencias exclusivas deste sobre determinadas materias: coordinación xeral da sanidade, lexislación sobre produtos farmacéuticos ou a protección á saúde. Neste sentido cabe sinalar que unha lei non pode ser utilizada de forma partidista para desenvolver competencias estatutarias inexistentes e para forzar un enfrontamento competencial entre o Estado e as comunidades autónomas formulado en termos de incrementar a capacidade de autogoberno (por iso a votou o BNG). En terceiro lugar e, finalmente, o debate non se pode orientar cara á defensa dos intereses da farmaindustria, tal e como fixo o Ministerio de Sanidade, por moito que estes se escondan detrás de argumentos vinculados á investigación, ao emprego, á seguridade do uso farmacéutico, etcétera.
O Sergas é un medio para aproximar a xestión da asistencia sanitaria ao cidadán e debe manter garantías en canto á equidade, a calidade e a participación. O SNS ha de manter unha identidade común e responder aos principios constitucionais de unidade, autonomía e solidariedade nos que se fundamenta o Estado autonómico.
É posible que a conselleira Pilar Farjas se equivocase no procedemento, pero tamén é claro que o Ministerio non pode irse do tema desairando o Goberno galego e unicamente presentando recursos. Ten que reunir o Consello Interterritorial e formular unha alternativa legal e constitucional de aforro no gasto farmacéutico ou levaranos a pensar que os intereses da farmaindustria teñen máis representación no Ministerio de Sanidade que a propia cidadanía española.
Por certo, onde quedan os profesionais e a farmacia hospitalaria?
Así se maquillan las listas de espera
La "no estructural" es un opaco cajón sin fondo donde van a parar, entre otros, los enfermos que rechazan ser intervenidos en la sanidad privada
El País
Una asociación calcula que el 50% de los pacientes no están contabilizados
El PP pedía datos al bipartito que ahora el Sergas sigue sin ofrecer
La media es de 76 días, pero Jaime López lleva un año aguardando
Tiene un hijo dependiente y una hernia inguinal que le complica la vida
Jaime López, un coruñés de 71 años, pierde los nervios cuando ve a la conselleira de Sanidade -Pilar Farjas- asegurando que la espera para una operación en Galicia es de poco más de dos meses. Lleva un año esperando una intervención para curar su hernia inguinal y todavía no tiene fecha. ¿Es una simple desviación de la media? No, simplemente, la consellería competente no tiene en cuenta su caso en los balances de las listas que hace públicos. Su expediente está metido en un opaco cajón sin fondo llamado "listas de espera no estructurales", que hace que los datos que las comunidades autónomas presentan cada trimestre sobre las demoras quirúrgicas tengan poco que ver con la espera media real de los pacientes para entrar a un quirófano público.
Jaime acabó en ese cajón por un motivo: le ofrecieron una intervención en un hospital privado y se negó en redondo. "Todos los españoles somos iguales. Yo he pagado durante muchos años mi cuota de la Seguridad Social y tengo derecho a que me operen en un centro público", justifica. Es uno de los supuestos que establece el Real Decreto 605/2003, aprobado en el Congreso de los Diputados para homogeneizar las listas de espera en toda España. También van a parar al ostracismo contable quienes por algún motivo (laboral, personal, incluso de salud), tienen que rechazar la operación el día que les fue programada. Las comunidades autónomas tienen que rendir cuentas públicas cada tres meses de los datos de las listas de espera estructurales. Las otras no tienen por qué darlas a conocer, lo que las puede convertir en una herramienta propicia para maquillar las cifras publicadas.La oposición acusó la semana pasada al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de utilizar ese truco para que las cuentas le cuadrasen perfectamente en el último trimestre del año pasado. La demora para los pacientes cuya intervención apremia pero que no debe de ser inminente (denominados de prioridad 2) sufrió la mayor bajada en al menos cinco años y la situó justamente en el reto que se había marcado la Consellería de Sanidade para estas fechas: 60 días.
Los datos publicados reflejan los pacientes en espera de una intervención en un momento concreto. Los últimos, a 31 de diciembre de 2010. Varios profesionales del Sergas aseguran que maquillarlas es tan sencillo como ofrecer a tantos pacientes como convenga una intervención en un centro privado cuando se acercan las fechas. Si lo aceptan, salen de la lista estructural. Si no lo hacen, algo por lo que opta buena parte de los afectados, que suelen confiar más en los médicos de la pública, también.
Y es eso lo que le sucede a Jaime. Cada día que pasa sin ser operado se le hace más cuesta arriba. Su caso es particularmente dramático. Vive solo con un hijo de 39 años que es dependiente severo. Tiene una enfermedad degenerativa que le impide hacer prácticamente nada por sí mismo: desde comer, hasta ir al cuarto de baño. "Como no se puede mover, pesa bastante y yo tengo que levantarlo a peso", lamenta. Una de las contraindicaciones de la hernia inguinal que padece es precisamente hacer este tipo de esfuerzos.
La lista de espera no estructural en la que está no es nueva, no la inventó el Sergas y si sirve para maquillar las cifras hoy, también podía servir con los Gobierno anteriores. Precisamente por eso, el diputado del PP Miguel Santalices se pasó buena parte de la pasada legislatura reclamando al bipartito que la hiciese pública y acusándolo de "maquillaje contable", justo lo que hacen ahora los socialistas.
El ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo calificaba de "agujero negro" cuando todavía era candidato. Pero con la llegada del PP al Gobierno autónomo ese cajón sigue siendo igual de opaco. En los más de dos años que lleva en el poder, no ha facilitado ni un solo dato de las listas de espera no estructurales. Al inicio de la legislatura se hizo una auditoría para conocer cuántas personas esperaban una operación fuera de la lista oficial y se cifró en 25.000, alrededor del 35% de espera total. Ahora la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública calcula que puede llegar al 50%.
Un portavoz del Sergas explicó a este periódico hace un año que la no estructural no se puede facilitar periódicamente porque no está recogida en los sistemas informáticos de la misma manera que la de la lista de espera oficial. Sanidade estudiaba, en todo caso, publicar estas cifras en las memorias anuales de la consellería. Pero de eso nada se ha vuelto a saber. EL PAÍS ha vuelto a interesarse por las listas de espera no estructurales y por los sistemas que llevan allí a los pacientes. La respuesta del Sergas no ha llegado.
Tampoco recibe contestación Jaime López, que medita hacer alguna protesta simbólica para hacerse oír. Porque, por mucho tiempo que se demore su operación, esta tardanza ya nunca podrá emborronar las cuentas del Sergas.
30 ene 2011
Un hospital a la altura (por Abel C. Veiga Copo)
Abel B. Veiga Copo es Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, donde ejerce como profesor. Ha formado parte de diversos grupos de investigación en derecho mercantil y derecho privado. Autor de numerosos libros en la materia, artículos en revistas y colaborador habitual de periódicos.
A la altura de las demandas de la sociedad. Monforte tiene un hospital que cubre la demanda sanitaria de todo el sur de Lugo. Demográficamente somos una población sumamente envejecida y necesitada de servicios y prestaciones sanitarias. Veinticinco años después e de su creación, el hospital comarcal debe modernizarse, aspirar a más, más profesionales, más especialidades, mejores medios, más turnos, una uci pediátrica y no pediátrica, una unidad de coronarias, etcétera. El centro presta hoy sus servicios a una población estimada de cincuenta mil ciudadanos. Menos que cuando abrió sus puertas, pero no por ello la calidad y atención han de ser reducidas. Hace tiempo que está abierto el debate sobre la sanidad pública. Hoy los focos de atención se centran en el nuevo hospital de Lugo, pero cabe preguntarse qué va a pasar con servicios que, de un modo u otro, se han venido prestando hasta ahora en el hospital de Monforte. ¿Hay posibilidad de que se incremente el número de especialidades?, ¿qué tipo de aparataje médico tenemos y cuál es su grado de obsolescencia?
Es difícil que un centro hospitalario goce de los medios materiales y sobre todo humanos para hacer frente a todas las contingencias, pero desmantelar servicios o trasladarlos a la capital no es quizás la mejor opción y sin duda la más beneficiosa para los monfortinos. No nos detengamos sólo en la ratio de la población que se atiende, sino en la calidad prestacional, la atención, la profesionalidad y formación del personal.
Ana Pastor apoya el catálogo de fármacos de la Xunta
La diputada del PP lamentó ayer la inacción del Gobierno de Zapatero en materia de sanidad.
La Voz de Galicia
La diputada y ex ministra de Sanidad Ana Pastor, que acompañó al líder del PP Mariano Rajoy en su reciente reunión con representantes de Farmaindustria, lamentó ayer la inacción del Gobierno de Zapatero en materia de sanidad. Lo hizo durante una visita a Ourense para participar en una convención de cargos femeninos del PP cuando se le preguntó por el apoyo de su partido al catálogo gallego de fármacos. «Menos mal que tenemos presidentes como Alberto Núñez Feijoo que toman decisiones», dijo Pastor, que defendió la medida del Gobierno autonómico porque contribuye a la «sostenibilidad del sistema sanitario» y porque «hace posible la racionalización del gasto en medicamentos», añadió la política gallega.
La Voz de Galicia
La diputada y ex ministra de Sanidad Ana Pastor, que acompañó al líder del PP Mariano Rajoy en su reciente reunión con representantes de Farmaindustria, lamentó ayer la inacción del Gobierno de Zapatero en materia de sanidad. Lo hizo durante una visita a Ourense para participar en una convención de cargos femeninos del PP cuando se le preguntó por el apoyo de su partido al catálogo gallego de fármacos. «Menos mal que tenemos presidentes como Alberto Núñez Feijoo que toman decisiones», dijo Pastor, que defendió la medida del Gobierno autonómico porque contribuye a la «sostenibilidad del sistema sanitario» y porque «hace posible la racionalización del gasto en medicamentos», añadió la política gallega.
29 ene 2011
Feijóo rebaja el ahorro por el catálogo de fármacos
El Pais
La Xunta y el grupo parlamentario del PP, impulsor del catálogo de medicamentos gallego, siempre cifraron en 100 millones de euros el ahorro anual que supondría la medida. Ayer, el presidente Alberto Núñez Feijóo rebajó esta previsión. "Ahorraremos entre seis y siete millones mensuales", aseguró tras el Consello de la Xunta. Es decir, serán entre 72 y 84 millones al año, una rebaja de un 16% en el mejor de los escenarios y un 28% en el peor.
Feijóo hizo esta estimación para asegurar que el ahorro de un mes sufragará la vacuna del neumococo para los recién nacidos que, tras un acuerdo firmado ayer por el Gobierno gallego, financiará por primera vez la Xunta y que saldrá por seis millones de euros.
"Vamos a financiar esta vacuna para todos los bebés desde noviembre de 2010", recalcó. El coste de la dosis para cada familia era de 300 euros, que ahora aportará el Sergas. Feijóo incidió en que Galicia se convierte en una de las primeras comunidades en implantar esta vacuna de forma gratuita y que permitirá a los niños gallegos "evitar gran parte de enfermedades" como neumonías y meningitis.
El Consello también decidió ampliar un programa piloto de inspección para agilizar el cobro del Sergas a mutuas y aseguradoras, que en 10 meses de pruebas en Pontevedra ha permitido recaudar dos millones de euros.
La Xunta y el grupo parlamentario del PP, impulsor del catálogo de medicamentos gallego, siempre cifraron en 100 millones de euros el ahorro anual que supondría la medida. Ayer, el presidente Alberto Núñez Feijóo rebajó esta previsión. "Ahorraremos entre seis y siete millones mensuales", aseguró tras el Consello de la Xunta. Es decir, serán entre 72 y 84 millones al año, una rebaja de un 16% en el mejor de los escenarios y un 28% en el peor.
Feijóo hizo esta estimación para asegurar que el ahorro de un mes sufragará la vacuna del neumococo para los recién nacidos que, tras un acuerdo firmado ayer por el Gobierno gallego, financiará por primera vez la Xunta y que saldrá por seis millones de euros.
"Vamos a financiar esta vacuna para todos los bebés desde noviembre de 2010", recalcó. El coste de la dosis para cada familia era de 300 euros, que ahora aportará el Sergas. Feijóo incidió en que Galicia se convierte en una de las primeras comunidades en implantar esta vacuna de forma gratuita y que permitirá a los niños gallegos "evitar gran parte de enfermedades" como neumonías y meningitis.
El Consello también decidió ampliar un programa piloto de inspección para agilizar el cobro del Sergas a mutuas y aseguradoras, que en 10 meses de pruebas en Pontevedra ha permitido recaudar dos millones de euros.
La plataforma rebate los datos sobre esperas en el hospital de Monforte
Dice que la única verdad del gerente fue elogiar a los profesionales
La Voz de Galicia
La Voz de Galicia
La plataforma en defensa de la sanidad pública de Monforte discrepa abiertamente de los datos sobre listas de espera que ofreció el gerente del hospital comarcal y sostiene que la única verdad que dijo Benigno Pérez en su última comparecencia pública es que el centro «conta con grandes profesionais». «Por iso xustamente reivindicamos contratos en condicións, porque non queremos perdelos», apuntó ayer Maribel García. Miembros de la plataforma sanitaria que pertenecen a la junta de personal del hospital indicaron que los sindicatos tampoco comparten la valoración del director.
Avalancha de pacientes
Sobre las listas, la portavoz de la plataforma afirmó que nada más darse a conocer los últimos datos se produjo una «avalancha» de pacientes que acudieron al hospital a interesarse por la situación de sus volantes tras comprobar que sus tiempos de espera no se correspondían con los datos de la gerencia. Según su explicación, en servicios que tienen la agenda cerrada, como sería ginecología, «os volantes van parar a un caixón do que non se sabe cando van saír».
«A situación da cirurxía mellorou moito pero fíxoo en comparación cos datos do 2009 cando neste hospital non se operaba case nada e tivo que constituírse a plataforma», señaló Maribel García en referencia a la valoración del gerente.
La plataforma entiende, por el contrario, que los tiempos de espera en áreas como oftalmología «aínda que melloraron, seguen a ser clamorosos», pues estarían atendiéndose pacientes que esperaban ser llamados «dende maio do 2010».
También cuestiona el balance de le gerente en lo relativo a las intervenciones de grado de prioridad uno en menos de un mes. «Sabemos dunha reclamación nun destes casos no que a familia pagou douscentos euros nunha clínica privada para ter a tempo unha ecografía», denunció Maribel García.
La junta de personal del Hospital de Monforte conoce las decisiones «por los pasillos»
La Voz de Galicia
La plataforma sanitaria considera que la mejora del hospital comarcal solo será «real» con contratos «a xeito» que pongan fin a la costosa fórmula de recurrir a médicos desplazados de otros centros para cubrir las carencias existentes. Maribel García aseguró que todas las guardias de pediatría se están cubriendo de este modo, al igual que una parte de la actividad de los quirófanos. «Á terceira oftalmóloga se lle acaba o contrato agora e non sabe se seguirá en febreiro, e hai un radiólogo contratado mes a mes que calquera día vai ter unha oferta mellor e marcharase», subrayó.
La plataforma sanitaria considera que la mejora del hospital comarcal solo será «real» con contratos «a xeito» que pongan fin a la costosa fórmula de recurrir a médicos desplazados de otros centros para cubrir las carencias existentes. Maribel García aseguró que todas las guardias de pediatría se están cubriendo de este modo, al igual que una parte de la actividad de los quirófanos. «Á terceira oftalmóloga se lle acaba o contrato agora e non sabe se seguirá en febreiro, e hai un radiólogo contratado mes a mes que calquera día vai ter unha oferta mellor e marcharase», subrayó.
Los representantes de la CIG y Comisiones que forman parte de la plataforma indicaron ayer que en los últimos días se ha producido la incorporación de un pediatra, aunque no han recibido información alguna al respecto del gerente del hospital comarcal. «Enterámonos do que pasa polos pasillos, nunca se nos informa de nada de cambios de plantilla», señaló uno de los portavoces sindicales.
28 ene 2011
La Consellería de Sanidade invierte lo ahorrado un mes con el catálogo en financiar la vacuna del neumococo
Europa Press
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que con lo ahorrado en un mes con la aplicación del catálogo de medicamentos priorizado del Sergas, que entró en vigor el pasado 3 de enero, la Consellería de Sanidade financiará la vacuna frente al neumococo para los recién nacidos.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en el que la titular de Sanidade, Pilar Farjas, informó sobre el programa piloto de vacunación frente al neumococo, Feijóo ha destacado la ampliación del plan de vacunas gratuitas de Galicia con la inversión ahorrada en medicamentos.
El máximo mandatario gallego ha manifestado que Galicia cumple "las recomendaciones más exigentes" internacionales con la ampliación del calendario vacunal y ha expuesto que el ahorro mensual con el catálogo está "entre 6 y 7 millones de euros", e incluir esta vacuna "tiene un coste de 6 millones de euros".
"Vamos a financiar esta vacuna para todos los bebés desde noviembre de 2010", ha recordado, al tiempo que ha precisado que el coste de la dosis para una familia era de 300 euros, que ahora aportará el Sergas.
Feijóo ha incidido en que Galicia se convierte en una de las primeras comunidades en implantar esta vacuna de forma gratuita y que permitirá a los niños gallegos "evitar gran parte de enfermedades" como neumonías y meningitis.
Los servicios de inspección sanitaria conocen la existencia de casos en que la incapacidad temporal, expedida inicialmente como derivada de contingencia común, pasa a ser considerada como de contingencia profesional, tras el respectivo procedimiento de determinación de contingencia resuelto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Sanidade ha iniciado este plan con el objetivo de que el importe económico de la asistencia sanitaria prestada inicialmente en las instituciones sanitarias del Sergas "repercuta, como legalmente corresponde, a un tercero obligado al pago", ha expuesto la consellería.
El proceso se inició en el área de Vigo en febrero de 2010 y, posteriormente, se incorporó al área de Pontevedra. Gracias a su efectividad, la Xunta lo extenderá al resto de servicios de inspección provinciales a lo largo de 2011.
En el área de Vigo en ocho meses --de marzo a octubre-- se cuantificaron 418 episodios que se trasladaron a las respectivas gerencias para su facturación, por un importe total para ingresar de 1.181.881 euros.
En la de Pontevedra, en cinco meses del plan --desde junio--, se contabilizaron 166 episodios, que fueron trasladados a las respectivas gerencias para su facturación, por 466.918 euros.
De este modo, en ocho meses de desarrollo del plan en la provincia de Pontevedra el importe detectado y cuantificado ascendió a 1.648.800 euros. Esta cantidad, aumentó a 31 de diciembre a 1.945.988 euros, de los que ya se facturaron hasta la actualidad 1.833.096 euros y constan recuperados en Facenda 1.336.259 euros, cantidad que podrá ser destinada a la mejora de los servicios sanitario públicos de Galicia.
El año 2010 terminó con 443 centros de Atención Primaria con receta electrónica, el 92 por ciento del total, que tienen adscritos al 98 por ciento de la población. El porcentaje de recetas dispensadas electrónicamente en diciembre fue del 70 por ciento, frente al 15 por ciento de finales de 2009.
Del informe se desprende que hasta 2010 se solicitaron unas 5.925 tarjetas sanitarias por Internet y se tramitaron unos 2.866 cambios de médico, así como otras 587 tarjetas de donantes.
Por otra parte, Farjas informó al Consello de la Xunta del Plan de Formación 2011 del Sergas, presentado esta semana en rueda de prensa, que favorece los nuevos ámbitos de aprendizaje y metodologías docentes.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que con lo ahorrado en un mes con la aplicación del catálogo de medicamentos priorizado del Sergas, que entró en vigor el pasado 3 de enero, la Consellería de Sanidade financiará la vacuna frente al neumococo para los recién nacidos.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en el que la titular de Sanidade, Pilar Farjas, informó sobre el programa piloto de vacunación frente al neumococo, Feijóo ha destacado la ampliación del plan de vacunas gratuitas de Galicia con la inversión ahorrada en medicamentos.
El máximo mandatario gallego ha manifestado que Galicia cumple "las recomendaciones más exigentes" internacionales con la ampliación del calendario vacunal y ha expuesto que el ahorro mensual con el catálogo está "entre 6 y 7 millones de euros", e incluir esta vacuna "tiene un coste de 6 millones de euros".
"Vamos a financiar esta vacuna para todos los bebés desde noviembre de 2010", ha recordado, al tiempo que ha precisado que el coste de la dosis para una familia era de 300 euros, que ahora aportará el Sergas.
Feijóo ha incidido en que Galicia se convierte en una de las primeras comunidades en implantar esta vacuna de forma gratuita y que permitirá a los niños gallegos "evitar gran parte de enfermedades" como neumonías y meningitis.
PLAN DE INSPECCIÓN
Asimismo, el Consello de la Xunta abordó un informe de la Consellería de Sanidade en el que se detallan los resultados del programa especial de inspección para la detección de terceros obligados al pago en asistencia sanitaria.Los servicios de inspección sanitaria conocen la existencia de casos en que la incapacidad temporal, expedida inicialmente como derivada de contingencia común, pasa a ser considerada como de contingencia profesional, tras el respectivo procedimiento de determinación de contingencia resuelto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Sanidade ha iniciado este plan con el objetivo de que el importe económico de la asistencia sanitaria prestada inicialmente en las instituciones sanitarias del Sergas "repercuta, como legalmente corresponde, a un tercero obligado al pago", ha expuesto la consellería.
El proceso se inició en el área de Vigo en febrero de 2010 y, posteriormente, se incorporó al área de Pontevedra. Gracias a su efectividad, la Xunta lo extenderá al resto de servicios de inspección provinciales a lo largo de 2011.
En el área de Vigo en ocho meses --de marzo a octubre-- se cuantificaron 418 episodios que se trasladaron a las respectivas gerencias para su facturación, por un importe total para ingresar de 1.181.881 euros.
En la de Pontevedra, en cinco meses del plan --desde junio--, se contabilizaron 166 episodios, que fueron trasladados a las respectivas gerencias para su facturación, por 466.918 euros.
De este modo, en ocho meses de desarrollo del plan en la provincia de Pontevedra el importe detectado y cuantificado ascendió a 1.648.800 euros. Esta cantidad, aumentó a 31 de diciembre a 1.945.988 euros, de los que ya se facturaron hasta la actualidad 1.833.096 euros y constan recuperados en Facenda 1.336.259 euros, cantidad que podrá ser destinada a la mejora de los servicios sanitario públicos de Galicia.
TECNOLOGÍAS
El departamento de Sanidade informó, además, al Consello de la ejecución de los proyectos de tecnologías de la información durante 2010 a través de un informe en el que se destaca que la web del Sergas contó en 2010 con un total de 6.205.482 accesos y otros 3.087.140 a la intranet.El año 2010 terminó con 443 centros de Atención Primaria con receta electrónica, el 92 por ciento del total, que tienen adscritos al 98 por ciento de la población. El porcentaje de recetas dispensadas electrónicamente en diciembre fue del 70 por ciento, frente al 15 por ciento de finales de 2009.
Del informe se desprende que hasta 2010 se solicitaron unas 5.925 tarjetas sanitarias por Internet y se tramitaron unos 2.866 cambios de médico, así como otras 587 tarjetas de donantes.
Por otra parte, Farjas informó al Consello de la Xunta del Plan de Formación 2011 del Sergas, presentado esta semana en rueda de prensa, que favorece los nuevos ámbitos de aprendizaje y metodologías docentes.
La deuda de los hospitales gallegos por medicamentos creció un 89%
La Xunta replica que con el catálogo de Farjas Galicia bajará el tiempo de pago a las industras en unn 30% el próximo año
La Consellería de Sanidade de Pilar Farjas quiso sacar adelante un catálogo de medicamentos financiados por el Sergas mucho más restrictivo que el que actualmente se usa en toda España. El objetivo que persigue la Xunta de Galicia es reducir el gasto farmacéutico y profundizar así en sus denominadas políticas de austeridad. No obstante, lo cierto es que actualmente la Administración gallega tiene contraída una deuda considerable con las industrias farmacéuticas, algo que unido a un catálogo que restringe determinados fármacos, semeja irritar considerablemente al sector.
Según informa Farmaindustria, la patronal farmacéutica, “la deuda por suministro de medicamentos a hospitales en la comunidad autónoma de Galicia superó los 162 millones de euros en 2010, lo que supone un incremento del 89% con respecto a la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2009”.
Farmaindustria informa de que la Xunta no solo tiene contraídas deudas sino que su demora en el pago es considerable. Según sus datos, “Galicia cerró 2010 con una demora de pago de 181 días frente a los 104 del año 2009”. Esto supone un incremento del 74%.
Con todo, la nota que ayer remitió la patronal farmacéutica no fue del agrado de la Consellería de Sanidade que de inmediato informó de que el catálogo de medicamentos restringido que ha puesto en marcha– y que cuenta con un recurso de Farmaindustria entre otros– “permitirá bajar el tiempo de pago hasta un 30% el próximo año”.
Según la consellería de Pilar Farjas, “Galicia es la tercera comunidad no aforada de España que mejor paga a los proveedores farmacéuticos”. Según informa la Xunta, mientras Extremadura y Canarias pagan con una demora de 163 y 164 días respectivamente, Galicia está en tercera posición, con 181 jornadas.
Desde la Administración gallega se contesta a Farmaindustria argumentando que la espera que sufren las empresas farmacéuticas para el pago de medicamentos no es tan grande, si se tiene en cuenta que la media del Sistema Nacional de Salud es de 381 días.
Sanidade declara que “las manifestaciones hechas por otras comunidades autónomas sobre los problema de financiación de sus sistemas sanitarios públicos, ponen de manifiesto que Galicia está actuando de manera responsable y que el ministerio está renunciando a su responsabilidad de liderazgo en un asunto trascendental para el futuro del sistema”.
Según defienden, “con la aplicación del catálogo se puede reinvertir el ahorro en mejorar la sanidad pública y dar estabilidad a las empresas proveedoras”.
Según informa Farmaindustria, la patronal farmacéutica, “la deuda por suministro de medicamentos a hospitales en la comunidad autónoma de Galicia superó los 162 millones de euros en 2010, lo que supone un incremento del 89% con respecto a la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2009”.
Farmaindustria informa de que la Xunta no solo tiene contraídas deudas sino que su demora en el pago es considerable. Según sus datos, “Galicia cerró 2010 con una demora de pago de 181 días frente a los 104 del año 2009”. Esto supone un incremento del 74%.
Con todo, la nota que ayer remitió la patronal farmacéutica no fue del agrado de la Consellería de Sanidade que de inmediato informó de que el catálogo de medicamentos restringido que ha puesto en marcha– y que cuenta con un recurso de Farmaindustria entre otros– “permitirá bajar el tiempo de pago hasta un 30% el próximo año”.
Según la consellería de Pilar Farjas, “Galicia es la tercera comunidad no aforada de España que mejor paga a los proveedores farmacéuticos”. Según informa la Xunta, mientras Extremadura y Canarias pagan con una demora de 163 y 164 días respectivamente, Galicia está en tercera posición, con 181 jornadas.
Desde la Administración gallega se contesta a Farmaindustria argumentando que la espera que sufren las empresas farmacéuticas para el pago de medicamentos no es tan grande, si se tiene en cuenta que la media del Sistema Nacional de Salud es de 381 días.
Sanidade declara que “las manifestaciones hechas por otras comunidades autónomas sobre los problema de financiación de sus sistemas sanitarios públicos, ponen de manifiesto que Galicia está actuando de manera responsable y que el ministerio está renunciando a su responsabilidad de liderazgo en un asunto trascendental para el futuro del sistema”.
Según defienden, “con la aplicación del catálogo se puede reinvertir el ahorro en mejorar la sanidad pública y dar estabilidad a las empresas proveedoras”.
27 ene 2011
Un pediatra desdóbrase en Viveiro con 2.000 pacientes
Sanidade prevé aliviar o día 1 a sobrecarga que soporta desde hai dúas semanas, consultando a un ritmo frenético.
Nin sequera a ateigada sala de espera permite intuír tan frenética actividade. Mamás e papás móstranse comprensivos cos atrasos sobre os horarios orientativos de consulta. Outros saben que deben ter máis calma, acudiron por urxencias porque só así poden saber, cando lles preocupa, que lles ocorre aos seus pequenos. Por tres portas entran e saen unha auxiliar e unha enfermeira, chamando, recibiendoy despedindo. Tampouco paran dentro, onde un pediatra se move de sala en sala, desdobrándose para procurar atender a tres pacientes cada vez. E así levan dúas semanas en pediatría do centro de saúde de Viveiro, onde a Xunta deixou en mans dun só facultativo a atención duns 2.060 menores de 14 anos de idade.
O continuo ir e vir de onte pola mañá non sorprende nunha época do ano na que arrefriados, gripes ou infeccións víricas atacan sen consideración aos máis pequenos da casa. Menos mal que non están enfermos todos os que dependen do especialista do ambulatorio viveirense e, tamén, que ese médico tampouco se resente estes días por problemas de saúde.
Paciencia e dúbidas maternas
Cando chegue ese esperado reforzo, pediatría de Viveiro recuperará a normalidade. Con matices, porque os sanitarios continuarán co cansazo acumulado tras moitos días de sobrecarga, afanándose en sacar o traballo adiante, cun ritmo estresante que se percibe mellor dentro da consulta.
Papás e mamás están perfectamente decatados do problema. Comentan as súas impresións e a maioría acaba chegando á mesma conclusión. Non entenden como se pode cargar a un só pediatra cos pacientes de dous. Non comprenden por que tardan tantos días en enviarlle axuda. Pero elas e eles tamén parecen habituarse e, con todo, o importante é que polas mañás hai pediatra no seu centro de saúde.
Non esquecen que dúas semanas atrás, cando coincidiu a baixa médica da pediatra coas vacacións do que despois volveu ao pé do canón, tiñan que desprazarse a San Cibrao. Polo menos iso cambiou agora, porque o que está en activo aceptou aumentar o seu horario laboral.
En singular, porque só hai un. A súa compañeira está de baixa médica, prevéndose que a súa ausencia sexa prolongada. O Servizo Galego de Saúde alega que non puido substituíla desde mediados de mes porque non atopa profesionais en paro. Anuncia que o vindeiro martes, 1 de febreiro, incorporarase outro pediatra. Non estará dispoñible ata entón porque traballa noutro centro de saúde.
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.
En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.
Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.
Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.
En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.
Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.
Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.
La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.
Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.
Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.
En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.
Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.
Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.
En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.
Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.
Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.
La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.
Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.
Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.
O catálogo de fármacos deixará o gasto por riba da media estatal
O aforro de 112 millóns que supón a medida rebaixará a factura de Galicia ata os 290 euros por persoa, 30 euros máis que o resto de España.
O gasto en medicamentos volveu medrar no 2010 en Galicia. Mentres o resto do Estado vía como caía a súa factura, a Xunta pagou o ano pasado ata 6 millóns máis polos fármacos. Como resposta a esta situación, o Goberno galego puxo en marcha o pasado 3 de xaneiro o seu propio catálogo de fármacos, que a base de reducir a oferta de menciñas para 34 principios activos, prometía un aforro de 112 millóns ao ano; ou o que é o mesmo, 300.000 euros ao día, tal coma matiza a conselleira de Sanidade, Pilar Farjas. Porén, esta cantidade non será suficiente e manterá a factura dos galegos en fármacos por riba da do resto de cidadáns do Estado.
De cumprirse as previsións de aforro do Goberno galego, a factura en fármacos quedaría en torno aos 819 millóns de euros. Este aforro suporía unha caída dos gastos do 12%, unha porcentaxe sensiblemente inferior ao 21% que separa os 332 euros que pagaron polos fármacos os galegos en 2010, dos 260 da media estatal.
Deste xeito, as cifras da Xunta prevén un gasto por galego duns 290 euros en menciñas durante este 2011. Pola contra, a media estatal falaba o pasado ano duns 260 euros por cada cidadán. Así, os galegos seguirían pagando máis polos seus medicamentos a pesar de ter restrinxida unha parte da oferta para un total de 34 principios activos –que si se financian no resto das comunidades autónomas–.
Esta diferencia entre Galicia é o conxunto do Estado basease en que autonomías coma Andalucía levan máis tempo traballando para substituír os medicamentos con marca comercial polos xenéricos, que por norma xeral teñen un menor custo.
A prescrición por principio activo –que en Galicia aprobou o Parlamento hai uns meses– é unha das medidas que axudaron á comunidade andaluza a situarse á cabeza do Estado no consumo de xenéricos, cunhas porcentaxes que roldan o 40% destes fármacos. Como consecuencia, o custo medio das menciñas é máis baixo e nos últimos meses do ano situábase por debaixo dos 11 euros por receita, mentres o custo medio das menciñas dos galegos en 2010 foi de 14,20 euros.
A escasa implantación destes fármacos na comunidade –onde só existía o Plan de Xenéricos que recomendaba aos facultativos prescribir tres destas variantes sen marca cada tres meses– explica a diferencia do impacto do gasto entre comunidades. Unha variación, que durante este ano suporá que os galegos paguen polo menos un 11% máis polas menciñas. Non obstante, a diferencia entre territorios pode medrar aínda máis, coas novas medidas que xa estudan implantar outras rexións.
De cumprirse as previsións de aforro do Goberno galego, a factura en fármacos quedaría en torno aos 819 millóns de euros. Este aforro suporía unha caída dos gastos do 12%, unha porcentaxe sensiblemente inferior ao 21% que separa os 332 euros que pagaron polos fármacos os galegos en 2010, dos 260 da media estatal.
Deste xeito, as cifras da Xunta prevén un gasto por galego duns 290 euros en menciñas durante este 2011. Pola contra, a media estatal falaba o pasado ano duns 260 euros por cada cidadán. Así, os galegos seguirían pagando máis polos seus medicamentos a pesar de ter restrinxida unha parte da oferta para un total de 34 principios activos –que si se financian no resto das comunidades autónomas–.
Esta diferencia entre Galicia é o conxunto do Estado basease en que autonomías coma Andalucía levan máis tempo traballando para substituír os medicamentos con marca comercial polos xenéricos, que por norma xeral teñen un menor custo.
A prescrición por principio activo –que en Galicia aprobou o Parlamento hai uns meses– é unha das medidas que axudaron á comunidade andaluza a situarse á cabeza do Estado no consumo de xenéricos, cunhas porcentaxes que roldan o 40% destes fármacos. Como consecuencia, o custo medio das menciñas é máis baixo e nos últimos meses do ano situábase por debaixo dos 11 euros por receita, mentres o custo medio das menciñas dos galegos en 2010 foi de 14,20 euros.
A escasa implantación destes fármacos na comunidade –onde só existía o Plan de Xenéricos que recomendaba aos facultativos prescribir tres destas variantes sen marca cada tres meses– explica a diferencia do impacto do gasto entre comunidades. Unha variación, que durante este ano suporá que os galegos paguen polo menos un 11% máis polas menciñas. Non obstante, a diferencia entre territorios pode medrar aínda máis, coas novas medidas que xa estudan implantar outras rexións.
26 ene 2011
El sector farmacéutico se une para pedir a las comunidades que "no restrinjan" la prestación
Europa Press
Farmacéuticos, distribuidores y la industria farmacéutica, tanto la patronal Farmaindustria como los fabricantes de medicamentos genéricos, han firmado un manifiesto conjunto para mostrar su rechazo a lo que entienden como "restricciones a la prestación farmacéutica" adoptadas o anunciadas por algunas comunidades autónomas.
El manifiesto ha sido firmado por los presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Genéricas (AESEG).
Todos ellos critican algunas medidas anunciadas por algunas comunidades, como el catálogo de medicamentos de Galicia o el proyecto de licitación pública en determinados principios activos de Andalucía o la supresión de medicamentos en la prescripción electrónica, en Castilla-La Mancha, medidas que, a su juicio, "introducen diferencias de acceso e inequidades entre los ciudadanos españoles en función de la Comunidad en la que residen".
Por ello, reclaman que "se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social" y se "vele por la aplicación de la distribución de competencias" para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en toda España.
Asimismo, denuncian que los retrasos en los pagos a los proveedores --tanto industria como oficinas de farmacia-- están "estrangulando" el normal desarrollo de su actividad, con "consecuencias imprevisibles si esta situación se prolonga más en el tiempo".
De hecho, según recuerdan, los dos reales decretos aprobados por el Gobierno en marzo y mayo de 2010 pueden conllevar "un elevado coste en términos de pérdida de empleo", estimando unos 25.000 despidos entre industria, distribución, oficinas de fgarmacia y proveedores.
Ante esto, consideran necesario que los responsables políticos "evalúen la necesidad de aportar recursos suficientes para financiar adecuadamente la sanidad".
Pese a todo, las entidades firmantes quieren dejar constancia de su "compromiso por contribuir a mantener un Sistema Nacional de Salud (SNS) de máxima calidad", mostrando su disposición a "alcanzar una mejor gobernanza de la prestación farmacéutica".
"Hay que defender conjuntamente el valor del medicamento como fuente de salud en nuestra sociedad y el importante papel que representa cada uno de los agentes en la cadena del medicamento en nuestro sistema sanitario", según aseguran.
Farmacéuticos, distribuidores y la industria farmacéutica, tanto la patronal Farmaindustria como los fabricantes de medicamentos genéricos, han firmado un manifiesto conjunto para mostrar su rechazo a lo que entienden como "restricciones a la prestación farmacéutica" adoptadas o anunciadas por algunas comunidades autónomas.
El manifiesto ha sido firmado por los presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Genéricas (AESEG).
Todos ellos critican algunas medidas anunciadas por algunas comunidades, como el catálogo de medicamentos de Galicia o el proyecto de licitación pública en determinados principios activos de Andalucía o la supresión de medicamentos en la prescripción electrónica, en Castilla-La Mancha, medidas que, a su juicio, "introducen diferencias de acceso e inequidades entre los ciudadanos españoles en función de la Comunidad en la que residen".
Por ello, reclaman que "se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social" y se "vele por la aplicación de la distribución de competencias" para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en toda España.
Asimismo, denuncian que los retrasos en los pagos a los proveedores --tanto industria como oficinas de farmacia-- están "estrangulando" el normal desarrollo de su actividad, con "consecuencias imprevisibles si esta situación se prolonga más en el tiempo".
De hecho, según recuerdan, los dos reales decretos aprobados por el Gobierno en marzo y mayo de 2010 pueden conllevar "un elevado coste en términos de pérdida de empleo", estimando unos 25.000 despidos entre industria, distribución, oficinas de fgarmacia y proveedores.
Ante esto, consideran necesario que los responsables políticos "evalúen la necesidad de aportar recursos suficientes para financiar adecuadamente la sanidad".
Pese a todo, las entidades firmantes quieren dejar constancia de su "compromiso por contribuir a mantener un Sistema Nacional de Salud (SNS) de máxima calidad", mostrando su disposición a "alcanzar una mejor gobernanza de la prestación farmacéutica".
"Hay que defender conjuntamente el valor del medicamento como fuente de salud en nuestra sociedad y el importante papel que representa cada uno de los agentes en la cadena del medicamento en nuestro sistema sanitario", según aseguran.
Farjas reitera a Pajín su oferta de reunión para hablar del catálogo de medicamentos
El Mundo
- El catálogo garantiza la financiación de los principios, según la Xunta
- Su desarrollo 'está obteniendo el impacto esperado en el marco económico'
- Farjas destaca la 'colaboración' profesional y la aceptación ciudadana
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha remitido un escrito a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en el que le reitera su ofrecimiento de una reunión con el fin de informarle "personalmente" del resultado de la aplicación en Galicia del catálogo priorizado de medicamentos.
En el texto, Farjas destaca que su desarrollo "está discurriendo con la total colaboración de los profesionales y con la aceptación de la ciudadanía" y asegura, además, que "está obteniendo el impacto esperado en el marco económico".
Al respecto, la consellería ha informado en un comunicado que los servicios técnicos de Sanidade enviarán en los próximos días al Gobierno central la documentación comprometida en el encuentro del pasado día 19 entre los servicios jurídicos de ambas instituciones.
Tal y como ha señalado el departamento autonómico, "el único aspecto legal" sobre el que el ministerio planteó dudas es la garantía de que, en el caso de ser necesario, el Sergas pueda financiar cualquiera de las especialidades farmacéuticas incluidas en el nomenclátor nacional.
"Este aspecto está recogido explícitamente en el apartado 5 del artículo 1º de la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Galicia", ha subrayado la Consellería de Sanidade.
En el texto, Farjas destaca que su desarrollo "está discurriendo con la total colaboración de los profesionales y con la aceptación de la ciudadanía" y asegura, además, que "está obteniendo el impacto esperado en el marco económico".
Al respecto, la consellería ha informado en un comunicado que los servicios técnicos de Sanidade enviarán en los próximos días al Gobierno central la documentación comprometida en el encuentro del pasado día 19 entre los servicios jurídicos de ambas instituciones.
Tal y como ha señalado el departamento autonómico, "el único aspecto legal" sobre el que el ministerio planteó dudas es la garantía de que, en el caso de ser necesario, el Sergas pueda financiar cualquiera de las especialidades farmacéuticas incluidas en el nomenclátor nacional.
"Este aspecto está recogido explícitamente en el apartado 5 del artículo 1º de la Ley 12/2010, de 22 de diciembre, de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de Galicia", ha subrayado la Consellería de Sanidade.
Os colexios farmaceúticos tamén recorren o catálogo
As catro institucións colexiais iniciarán trámites contra a listaxe de Farjas “nuns días”
O catro colexios farmacéuticos de Galicia iniciarán “nos próximos días” os trámites para recorrer o decreto polo que se puxo en marcha o catálogo priorizado de medicamentos galego co fin de clarificar e salvagardarse da “inseguridade xurídica”.
Deste xeito, as entidades colexiais suman a súa oposición ao catálogo priorizado de medicamentos xunto coa Federación de Farmacias de Galicia (Fefga), á patronal nacional Farmaindustria –que formalizaron senllos recursos– e ao Ministerio de Sanidade, que ten intención de presentar un recurso de inconstitucionalidade. “Todas as oficinas de farmacia de Galicia desde o día 3 de xaneiro veñen desenvolvendo un importante labor de colaboración para cumprir coa legalidade aprobada polo Parlamento galego, conseguindo que a implantación das medidas adoptadas desenvólvase sen ningún tipo de incidencias para os usuarios”, subliñaron os colexios de farmacéuticos galegos nun comunicado conxunto. Con todo, desde o punto de vista xurídico, afirmaron que “ven obrigados” a iniciar o recurso contra o catálogo coa “intención de clarificar e salvagardar” ás oficinas de farmacia “da inseguridade xurídica creada ante a posible aplicación dos dereitos constitucionais en materia de igualdade por parte dos cidadáns, amparadas desde a lexislación nacional”.
O SILENCIO POR RESPOSTA
Respecto diso, criticaron que, desde a aprobación do catálogo, os colexios farmacéuticos “non obtivesen resposta da Consellería de Sanidade” ante as preguntas remitidas en relación á actitude que deben de adoptar as oficinas de farmacia de Galicia no caso de receitas de cidadáns doutras comunidades do Sistema Nacional de Saúde; prescricións de mutuas como Muface, Mugeju e Isfas, e medicamentos de homologación, “para os cales a substitución pode vir condicionada polas indicacións autorizadas segundo ficha técnica”, precisaron. Ante esta situación de incerteza “legal” optaron por iniciar os trámites para formalizar o recurso polas “contradicións entre a lexislación nacional e a autonómica”.
Pola súa banda, a Consellería de Sanidade asegurou onte nun comunicado que transmitiu ao ministerio os seus argumentos para demostras que a lei galega de racionalización do gasto farmacéutico “garante o financiamento público de todos os principios activos incluídos no nomenclátor oficial” de España. Así mesmo, indica a Xunta , que transmitiron ao Goberno central a súa intención de colaborar coa implantación dos novos prezos de referencia dos medicamentos, mentres lle demandan estudos que avalen a decisión de costear novos fármacos.
Deste xeito, as entidades colexiais suman a súa oposición ao catálogo priorizado de medicamentos xunto coa Federación de Farmacias de Galicia (Fefga), á patronal nacional Farmaindustria –que formalizaron senllos recursos– e ao Ministerio de Sanidade, que ten intención de presentar un recurso de inconstitucionalidade. “Todas as oficinas de farmacia de Galicia desde o día 3 de xaneiro veñen desenvolvendo un importante labor de colaboración para cumprir coa legalidade aprobada polo Parlamento galego, conseguindo que a implantación das medidas adoptadas desenvólvase sen ningún tipo de incidencias para os usuarios”, subliñaron os colexios de farmacéuticos galegos nun comunicado conxunto. Con todo, desde o punto de vista xurídico, afirmaron que “ven obrigados” a iniciar o recurso contra o catálogo coa “intención de clarificar e salvagardar” ás oficinas de farmacia “da inseguridade xurídica creada ante a posible aplicación dos dereitos constitucionais en materia de igualdade por parte dos cidadáns, amparadas desde a lexislación nacional”.
O SILENCIO POR RESPOSTA
Respecto diso, criticaron que, desde a aprobación do catálogo, os colexios farmacéuticos “non obtivesen resposta da Consellería de Sanidade” ante as preguntas remitidas en relación á actitude que deben de adoptar as oficinas de farmacia de Galicia no caso de receitas de cidadáns doutras comunidades do Sistema Nacional de Saúde; prescricións de mutuas como Muface, Mugeju e Isfas, e medicamentos de homologación, “para os cales a substitución pode vir condicionada polas indicacións autorizadas segundo ficha técnica”, precisaron. Ante esta situación de incerteza “legal” optaron por iniciar os trámites para formalizar o recurso polas “contradicións entre a lexislación nacional e a autonómica”.
Pola súa banda, a Consellería de Sanidade asegurou onte nun comunicado que transmitiu ao ministerio os seus argumentos para demostras que a lei galega de racionalización do gasto farmacéutico “garante o financiamento público de todos os principios activos incluídos no nomenclátor oficial” de España. Así mesmo, indica a Xunta , que transmitiron ao Goberno central a súa intención de colaborar coa implantación dos novos prezos de referencia dos medicamentos, mentres lle demandan estudos que avalen a decisión de costear novos fármacos.
Un fallo deixa sen computador a todos os centros de saúde
Unha avaría informática no servidor impediu o uso dos equipos das consultas médicas durante máis dunha hora.
Como nos vellos tempos, apuntando nun papel síntomas, diagnóstico, tratamento e medicamentos a recetar. Os centros de saúde galegos emendaron o mellor que puideron os cortes informáticos que sufriron onte os computadores das consultas, e que os deixou inoperativos durante máis de hora.
O Servizo Galego de Saúde informou a última hora da mañá de onte de que o problema afectou ao sistema Ianus que utiliza a Consellería de Sanidade para desenvolver a historia clínica electrónica, con cortes intermitentes de reprogramación causados por unha actualización da base do servidor.
A incidencia durou, segundo a Administración sanitaria, uns 45 minutos que non afectaron, ademais, nin ao programa de cita previa ?é dicir, seguiron concertándose consultas?, nin á dispensación farmacéutica nas oficinas de farmacia.
Desde os centros de saúde discrepan no tempo que non puideron utilizar os equipos informáticos. No Nóvoa Santos, na capital ourensá, aseguraron que as dúas primeiras horas de consulta, de nove a once da mañá, estiveron inoperativos, mentres que noutros ambulatorios reduciron a unha hora e media a incidencia.
Iso si, os profesionais, na maioría dos casos, tomáronllo con tranquilidade. O coordinador do centro de saúde de Vite, en Santiago, asegurou que non se deixou a ningún paciente sen atender. «Hai que seguir prestando a asistencia, non lle vas a dicir a un paciente que como non funciona o computador que se vaia a casa», apuntou. ¿A solución? A de antes, o lapis e papel. «Apuntamos todo a man e a partir de agora ?a unha da tarde de onte? comezaremos a introducir todos os datos e a prescrición nos equipos», indicou o coordinador do centro de saúde compostelán. Nos portelos de atención ao usuario, con todo, non houbo incidencias e os pacientes puideron pedir cita con total normalidade.
O proxecto Ianus permite integrar nun único sistema informático o historial clínico de cada paciente, independentemente do hospital, centro de saúde ou lugar onde resida. Ademais, o sistema garante o control de acceso a estes historiais e a confidencialidade dos datos dos pacientes.
Fallos coa tecnoloxía
As novas tecnoloxías teñen poucas desvantaxes, pero unha delas é que un fallo pode deixar sen servizo a miles de usuarios. En abril do ano pasado un problema na rede do Sergas afectou a todos os servizos informáticos, o que impediu consultar historias clínicas, prescribir fármacos mediante a receita electrónica ou solicitar citas a través de Internet.
Un mes antes foron as farmacias as que quedaron inoperativas durante un par de horas debido a unha actualización informática do Sergas.
O Sergas asegura que o ministerio só ten unha dúbida legal sobre o catálogo
La Voz de Galicia
O pasado 19 de xaneiro, os servizos xurídicos do Ministerio de Sanidade e a Xunta reuníronse para debater os puntos de fricción que existen sobre a legalidade do catálogo de fármacos que implantou a comunidade autónoma desde o pasado 3 de xaneiro.
Segundo a Administración galega, a única dúbida legal de Madrid é a garantía de que se fose necesario «o Sergas podería financiar calquera das especialidades farmacéuticas incluídas no nomenclátor nacional, de acordo a un procedemento regulado». A Xunta enviou unha carta á ministra de Sanidade, Leire Pajín, na que asegura que esta dúbida está recollida explicitamente na lei, en concreto no apartado 3 do artigo 4, que recolle que a comisión autonómica de farmacia e terapéutica establecerá o mecanismo para a proposta de autorización de excepcións que, por necesidades terapéuticas, «permitan a prescrición de medicamentos inicialmente non incluídos no catálogo».
A Xunta tamén reclama ao ministerio que os prezos de referencia entren en vigor inmediatamente despois de que caduque a patente dos fármacos e elimínense períodos de convivencia; que a autorización dun novo medicamento estea acompañada dun estudo sobre custo e efectividade, que o prezo se fixe en función deste criterio, e que todas as decisións se aproben no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.
Desde o ministerio recordan que trasladaron a Galicia os problemas que expón o catálogo, polo que esperan a resposta da Xunta.
Recurso das farmacias
Aínda que nun primeiro momento mostráronse reticentes, os colexios farmacéuticos de Galicia decidiron finalmente interpor un recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o catálogo priorizador de fármacos. A publicación o pasado 20 de xaneiro dun real decreto sobre ordes de dispensación provocou aínda máis inseguridade xurídica para as oficinas de farmacia, polo que debido a esta situación de incerteza legal os colexios iniciarán nos próximos días os trámites necesarios para realizar o recurso.
Os colexios, ademais, non obtiveron resposta da Xunta sobre que facer coas receitas dos cidadáns que proceden doutras comunidades, así como as de Muface, Isfas ou cos medicamentos de homologación.
25 ene 2011
O sofisma dos xenéricos
Galiciaconfidencial.com
Galicia sitúase como a última comunidade no uso destes medicamentos. Os sucesivos gobernos de PP non fixeron nunca unha política decidida neste terreo. Outras autonomías utilizaron os resortes legais ao seu alcance (guías farmacoterapéuticas, prescripción por principio activo, etc.), e facilitaron aos profesionais instrumentos (receita electrónica, información terapéutica, etc) para mellorar a prescripción. Así conseguiron un elevado uso destes fármacos.
En Galicia foi o goberno de progreso o que impulsou estas iniciativas. Ningunha comunidade fixo un catálogo restritivo como o que ven de impoñer a Xunta. Por unha razón sinxela: nun estado de dereito cada instancia ten delimitada a súa capacidade para lexislar, e a listaxe de medicamentos financiados é competencia do Goberno central. O Ministerio de Sanidade non ten máis remedio que recorrer este catálogo porque debe garantir a cohesión e a equidade no acceso ás prestacións sanitarias en todo o Estado. A Xunta estaba advertida pero non cesou no empeño, provocando unha situación delicada entre as dúas administracións. Aquí hai unha xogada estratéxica e mediática na que os gobernantes galegos cren sair gañadores, calquera que sexa o resultado.
Se o Ministerio non recorre incurriría nunha perigosa deixación de funcións: dentro de pouco podería haber 17 catálogos diferentes. Máis se impide a aplicación deste catálogo a Xunta non conseguirá o aforro anunciado e botaralle a culpa ao Ministerio. Os mesmos que reducen o orzamento sanitario e que favorecen negocios privados na construccións dos hospitais públicos hipotecando a sanidade galega, tentan aparecer como defensores do sistema. E aínda pretenderán sinalar á ministra como aliada dos escuros intereses da industria farmacéutica.
Cómpre decilo unha vez máis: os xenéricos son eficaces e seguros, igual que os fármacos de marca. A única diferenza é o prezo: son máis baratos. Por iso todos os gobernos tentan promover a sua utilización.
Defendo o seu uso con absoluta convicción. Na miña consulta o 25% das receitas son xenéricos, mentras a media de Galicia anda polo 15%. Máis promover os xenéricos non é sinónimo de asumir o catálogo restrictivo aplicado pola Xunta desde o pasado tres de xaneiro. Non cuestiono os obxectivos (prescripción de xenéricos, aforro no gasto farmacéutico) senon o procedemento.
Galicia sitúase como a última comunidade no uso destes medicamentos. Os sucesivos gobernos de PP non fixeron nunca unha política decidida neste terreo. Outras autonomías utilizaron os resortes legais ao seu alcance (guías farmacoterapéuticas, prescripción por principio activo, etc.), e facilitaron aos profesionais instrumentos (receita electrónica, información terapéutica, etc) para mellorar a prescripción. Así conseguiron un elevado uso destes fármacos.
En Galicia foi o goberno de progreso o que impulsou estas iniciativas. Ningunha comunidade fixo un catálogo restritivo como o que ven de impoñer a Xunta. Por unha razón sinxela: nun estado de dereito cada instancia ten delimitada a súa capacidade para lexislar, e a listaxe de medicamentos financiados é competencia do Goberno central. O Ministerio de Sanidade non ten máis remedio que recorrer este catálogo porque debe garantir a cohesión e a equidade no acceso ás prestacións sanitarias en todo o Estado. A Xunta estaba advertida pero non cesou no empeño, provocando unha situación delicada entre as dúas administracións. Aquí hai unha xogada estratéxica e mediática na que os gobernantes galegos cren sair gañadores, calquera que sexa o resultado.
Se o Ministerio non recorre incurriría nunha perigosa deixación de funcións: dentro de pouco podería haber 17 catálogos diferentes. Máis se impide a aplicación deste catálogo a Xunta non conseguirá o aforro anunciado e botaralle a culpa ao Ministerio. Os mesmos que reducen o orzamento sanitario e que favorecen negocios privados na construccións dos hospitais públicos hipotecando a sanidade galega, tentan aparecer como defensores do sistema. E aínda pretenderán sinalar á ministra como aliada dos escuros intereses da industria farmacéutica.
SEMERGEN pide a las CCAA que consensúen con los médicos todas las medidas que afecten a la prescripción de medicamentos
Europa Press
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) pide a las comunidades autónomas que "incrementen el diálogo" con los profesionales para consensuar cualquier medida que afecte a la libertad de prescripción de medicamentos, según han acordado en su Junta Directiva Nacional.
De este modo, la entidad presidida Julio Zarco ha querido responder ante las decisiones sobre política farmacéutica que están llevando a cabo varias comunidades autónomas, caso de Galicia, donde "se está generando una limitación del 'vademecum' de productos farmacéuticos" y "no tienen en cuenta" a estos profesionales.
Según recuerdan, el derecho a la libertad profesional "conlleva" la responsabilidad de la autorregulación de la conducta y actividad médicas. En este sentido, admite que "tener conciencia" del gasto sanitario es un elemento "esencial" de dicha regulación, pero advierte de que, "en medida alguna", debe ser utilizado como "pretexto" para negar a los pacientes los servicios que necesiten.
"Responsabilizarse de este autocontrol asegura el derecho del médico a tratar a sus pacientes sin interferencias en su ejercicio profesional", argumenta. Asimismo, recuerda que el ejercicio de la profesión se debe llevar a cabo con "plena" autonomía científico-técnica como recoge el artículo 4.7 de la LOPS, garantizando a los pacientes que el médico al que consulten tenga "independencia" moral y técnica, así como libertad en la prescripción, en cumplimiento de la Declaración de Nuremberg y Lisboa.
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) pide a las comunidades autónomas que "incrementen el diálogo" con los profesionales para consensuar cualquier medida que afecte a la libertad de prescripción de medicamentos, según han acordado en su Junta Directiva Nacional.
De este modo, la entidad presidida Julio Zarco ha querido responder ante las decisiones sobre política farmacéutica que están llevando a cabo varias comunidades autónomas, caso de Galicia, donde "se está generando una limitación del 'vademecum' de productos farmacéuticos" y "no tienen en cuenta" a estos profesionales.
Según recuerdan, el derecho a la libertad profesional "conlleva" la responsabilidad de la autorregulación de la conducta y actividad médicas. En este sentido, admite que "tener conciencia" del gasto sanitario es un elemento "esencial" de dicha regulación, pero advierte de que, "en medida alguna", debe ser utilizado como "pretexto" para negar a los pacientes los servicios que necesiten.
"Responsabilizarse de este autocontrol asegura el derecho del médico a tratar a sus pacientes sin interferencias en su ejercicio profesional", argumenta. Asimismo, recuerda que el ejercicio de la profesión se debe llevar a cabo con "plena" autonomía científico-técnica como recoge el artículo 4.7 de la LOPS, garantizando a los pacientes que el médico al que consulten tenga "independencia" moral y técnica, así como libertad en la prescripción, en cumplimiento de la Declaración de Nuremberg y Lisboa.
El PSdeG reclama en el Parlamento una auditoría sobre las listas del CHOU
Según la diputada María del Carmen Acuña, han desaparecido las personas que llevaban más tiempo esperando
Redacción médica
Los diputados ourensanos del PSdeG han anunciado que presentarán una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para reclamar que se realice una auditoría sobre las listas del Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) para "conocer a dónde fueron a parar los más de 500 pacientes que desaparecieron" entre los días 15 y 31 de diciembre de 2010.
En un comunicado, la diputada María del Carmen Acuña ha explicado que el 15 de diciembre del pasado año constaban en las listas unos 3.000 pacientes, mientras que tras las fiestas de Navidad, un periodo en el que "la actividad que se programa es prácticamente inexistente", se publicaron datos actualizados en los que "sólo había 2.490".
Acuña ha apuntado que "las personas que desaparecen son las que llevaban más tiempo esperando", con lo que se rebaja la espera media. Por ello, ha pedido explicaciones al Gobierno gallego y ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias al respecto.
Redacción médica
Los diputados ourensanos del PSdeG han anunciado que presentarán una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para reclamar que se realice una auditoría sobre las listas del Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) para "conocer a dónde fueron a parar los más de 500 pacientes que desaparecieron" entre los días 15 y 31 de diciembre de 2010.
En un comunicado, la diputada María del Carmen Acuña ha explicado que el 15 de diciembre del pasado año constaban en las listas unos 3.000 pacientes, mientras que tras las fiestas de Navidad, un periodo en el que "la actividad que se programa es prácticamente inexistente", se publicaron datos actualizados en los que "sólo había 2.490".
Acuña ha apuntado que "las personas que desaparecen son las que llevaban más tiempo esperando", con lo que se rebaja la espera media. Por ello, ha pedido explicaciones al Gobierno gallego y ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias al respecto.
Sanidad dice ignorar que 10.000 médicos ejerzan de modo irregular
La Gaceta de Intereconomía
Culpa a Interior y Educación de los permisos de residencia y las listas del MIR. Deriva a las autonomías la responsabilidad sobre los médicos.
La ministra Leire Pajín asegura desconocer que hay médicos en España ejerciendo sin la titulación correspondiente, según una nota enviada a LA GACETA desde el departamento de prensa de la titular de Sanidad. También escurre el bulto en lo que respecta a la exclusiva revelada ayer por este periódico sobre los 1.000 médicos extranjeros ilegales que se examinarán para el MIR el próximo día 29 de enero.
Con respecto al primer asunto, aclaran: “Es más, en caso de que así fuera y se nos proporcionara información suficiente probada de personas concretas que están ejerciendo sin el título necesario el Gobierno actuaría en consecuencia y nuestra disposición en colaborar en este sentido siempre será la máxima”, explican.
Acto seguido continúan con su alegato eludiendo responsabilidades y atribuyéndoselas a otros ministerios: “De todos modos, hay dos aspectos importantes: 1) el Ministerio de Sanidad no es el órgano competente para verificar la autenticidad de los títulos de los aspirantes al MIR (Ministerio de Educación) ni, en el caso de los ciudadanos extranjeros, de sus permisos de residencia o pasaportes, etc. (Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior). 2) El Ministerio de Sanidad no es el encargado de contratar a los aspirantes que obtienen plaza en el MIR ni al resto del personal sanitario que trabaja en los servicios regionales de salud, ya que eso es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma, que es quien tiene que velar porque el personal que contrata lo hace en condiciones de legalidad”, aclaran.
Por otra parte –concluye la nota de Sanidad–, “Juan Antonio López Blanco no está imputado en proceso alguno”.
La OMC (Organización Médica Colegial) informó al ministerio hace ya más de cuatro años de la situación irregular en la que se encuentran de 10.000 a 12.000 médicos en España. Pero la realidad es que ninguno de los ministros que han pasado hasta ahora por el departamento, se molestó en atender a la OMC.
Desde el ministerio se cambiaron las normas de presentación a los exámenes del MIR para que los médicos extranjeros pudieran hacerlo dentro del cupo de comunitarios sin serlo. La orden para este cambio la dio directamente Juan Antonio López Blanco, tal y como declararon funcionarios del ministerio en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia. Fue entonces cuando se le imputó.
Culpa a Interior y Educación de los permisos de residencia y las listas del MIR. Deriva a las autonomías la responsabilidad sobre los médicos.
La ministra Leire Pajín asegura desconocer que hay médicos en España ejerciendo sin la titulación correspondiente, según una nota enviada a LA GACETA desde el departamento de prensa de la titular de Sanidad. También escurre el bulto en lo que respecta a la exclusiva revelada ayer por este periódico sobre los 1.000 médicos extranjeros ilegales que se examinarán para el MIR el próximo día 29 de enero.
Con respecto al primer asunto, aclaran: “Es más, en caso de que así fuera y se nos proporcionara información suficiente probada de personas concretas que están ejerciendo sin el título necesario el Gobierno actuaría en consecuencia y nuestra disposición en colaborar en este sentido siempre será la máxima”, explican.
Acto seguido continúan con su alegato eludiendo responsabilidades y atribuyéndoselas a otros ministerios: “De todos modos, hay dos aspectos importantes: 1) el Ministerio de Sanidad no es el órgano competente para verificar la autenticidad de los títulos de los aspirantes al MIR (Ministerio de Educación) ni, en el caso de los ciudadanos extranjeros, de sus permisos de residencia o pasaportes, etc. (Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior). 2) El Ministerio de Sanidad no es el encargado de contratar a los aspirantes que obtienen plaza en el MIR ni al resto del personal sanitario que trabaja en los servicios regionales de salud, ya que eso es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma, que es quien tiene que velar porque el personal que contrata lo hace en condiciones de legalidad”, aclaran.
Por otra parte –concluye la nota de Sanidad–, “Juan Antonio López Blanco no está imputado en proceso alguno”.
La OMC (Organización Médica Colegial) informó al ministerio hace ya más de cuatro años de la situación irregular en la que se encuentran de 10.000 a 12.000 médicos en España. Pero la realidad es que ninguno de los ministros que han pasado hasta ahora por el departamento, se molestó en atender a la OMC.
Desde el ministerio se cambiaron las normas de presentación a los exámenes del MIR para que los médicos extranjeros pudieran hacerlo dentro del cupo de comunitarios sin serlo. La orden para este cambio la dio directamente Juan Antonio López Blanco, tal y como declararon funcionarios del ministerio en el procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia. Fue entonces cuando se le imputó.
Pajín permite a 1.000 médicos extranjeros ilegales en España examinarse para el MIR
La Gaceta de Intereconomía
Las pruebas de acceso se celebrarán el próximo día 29. Algunos trabajan en la Sanidad Pública sin reunir la titulación necesaria. El Colegio de Médicos lo denunció hace años al Fiscal General.
La ministra Leire Pajín ha autorizado a que 1.000 médicos extranjeros que se encuentran ilegales en España puedan examinarse para el MIR el próximo 29 de enero en distintas universidades de nuestro país, según ha podido conocer LA GACETA de fuentes de la investigación.
La titular de Sanidad adopta esta extraña resolución en mitad de un proceso que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para determinar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir una red de presuntos estafadores desarticulada por la policía, dedicada a traer galenos de Santo Domingo a cambio de dinero y facilitarles la documentación para que pasaran por ciudadanos de la UE ante los tribunales examinadores.
El número total de médicos aspirantes a MIR superan los 13.600 y la relación de admitidos, “que será exhibida en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad Pública y en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno”, está firmada por la Subdirección General de Ordenación Profesional.
Curiosamente, su titular, Juan Antonio López Blanco, es uno de los imputados en las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por los presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros y prevaricación.
Según el atestado policial, López Blanco alteró la condición de extranjeros extracomunitarios de 49 médicos dominicanos traídos a España por la red de presuntos estafadores para que pudieran acogerse a las plazas reservadas para aspirantes españoles y comunitarios.
La mayor parte de ellos se encuentran en situación irregular y otros muchos –también irregulares– trabajan como médicos en centros de salud pública, clínicas y establecimientos privados sin reunir los requisitos exigidos por la ley española y por los convenios y directivas emanados con y desde la Unión Europea (UE).
En una primera aproximación realizada por este periódico a la referida lista se ha contrastado que el mayor número de estos extranjeros presumiblemente irregulares son de nacionalidad colombiana, unos 110 aproximadamente. Seguidos de los dominicanos (92), peruanos (39), bolivianos (20), cubanos (11), mejicanos (8), etc.
Además de los aspirantes a MIR originarios de Latinoamérica, se presentarán al examen un egipcio, un indio, un sirio, un argelino y dos marroquíes, entre otros.
Las comunidades y las especialidades médicas que desempeñan estos extranjeros presuntamente irregulares son múltiples y variopintas. Así –y siempre según las mismas fuentes–, por ejemplo, el sirio Ebrahín Al Salahi, que se examinará el próximo 29 en la Facultad de Ciencias de Valladolid, aunque tiene permiso temporal de residencia, trabaja como médico de familia en la Sanidad Pública de Palencia.
Sin embargo, y para enmascarar esta situación de presunta irregularidad, el Ministerio hace constar en la relación de aspirantes que Ebrahin tiene “residencia permanente en España”, señalado en las listas con el epígrafe 2.
La colombiana Nour Sofía Al Hajj Rabat, convocada el próximo 29 a examinarse en el Edificio Campomanes de la Universidad Carlos III de Madrid, con residencia temporal, trabaja como anestesista en el Servicio de Salud de Castilla-la Mancha. En las listas de Sanidad figura que está en posesión de la residencia permanente.
La venezolana Mary Carolina Chalchoub Cabrera, llamada a examen en la Universidad de Baleares, aunque tiene residencia temporal figura en las listas del Ministerio con residencia permanente. Trabaja como cirujano en el Servicio Balear de Prevención.
Según ha podido constatar este periódico, este centro de relajamiento se encuentra siempre repleto de personas de la tercera edad, debido a los convenios de colaboración que mantiene con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estos acuerdos datan de la época en la que el actual presidente del Congreso de los Diputados la presidía.
Por otro lado, en la Sanidad Pública de Albacete trabaja como médico cirujano la dominicana Xenia Iciano García, con residencia temporal en España y por tanto extracomunitaria. Sin embargo, aparece en las listas del Ministerio con el epígrafe 1, es decir, como si se tratara de un ciudadano de la UE. El examen para MIR, lo tiene en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Dentro de estas listas de aspirantes elaboradas por el Ministerio de Sanidad llama poderosamente la atención una relación de 34 médicos dominicanos, entre ellos Aura Ligia Urraca Rodríguez y Aldonsa Vargas Parra, encuadradas dentro del epígrafe 5, “Falta de acreditación conocimiento de idioma”, que la policía no tiene conocimiento ni de su existencia ni de su permanencia en España.
Lo cierto es que este grupo de dominicanos ni siquiera están en posesión del NIE (Número de Identidad de Extranjeros). Estos incontrolados por la policía están citados para examinarse en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Otros de sus compañeros lo harán en el Aulario II del Campus de Alcorcón de esta misma Universidad.
Existen casos curiosos como el de la colombiana Catalina Chica García, quien, pese a que desde mayo de este año tiene extinguido su permiso familiar comunitario por haberlo obtenido de forma fraudulenta, se presenta a examen en la Universidad Autónoma de Madrid como ciudadana de la UE.
Pedían que se les explicara las causas que han llevado al Ministerio de Educación y Ciencias a homologar títulos de Medicina falsos y de las medidas adoptadas para evitar que se repitan estas situaciones en el futuro.
Para ello solicitaban de este Ministerio la presencia de un representante permanente de la OMC en el proceso de homologación de títulos de Licenciado en Medicina.
Se dirigieron a las Comunidades Autónomas para que pusieran fin inmediato a las contrataciones de médicos extranjeros. Pero todo cayó en saco roto como prueba la información que hoy publica en exclusiva LA GACETA. Conde Pumpido y el Ministerio de Sanidad, desde la época de Elena Salgado como titular hasta nuestros días, pasando por Bernat Soria y Trinidad Jiménez, no hicieron caso. Pumpido les pidió el nombre de alguna persona para dirigir contra ella las investigaciones.
En una entrevista concedida a este periódico, el presidente Rodríguez Sendín decía resignado: “Ni siquiera sabemos si estos irregulares son médicos de verdad, nosotros, con tan sólo una entrevista de un cuarto de hora sabemos si la persona con la que hablamos es médico o no, pero ni siquiera nos conceden esa oportunidad”.
La propia policía que investiga esta trama, en un informe que obra en las diligencias previas del juzgado de Murcia, establece que es “requisito indispensable la titulación en Medicina Familiar y Comunitaria para el desempeño de la profesión en centros o servicios propios, integrados o concertados del Sistema Nacional de Salud”.
“En resumen –sigue el informe– para trabajar en la sanidad pública española, cualquier médico sin distinción de origen ha de superar el examen de MIR (o conseguir la homologación de su especialidad a través del Ministerio de Educación), incluso para médico general, ahora denominada la especialidad de medicina familiar (en la actualidad son cuatros de MIR). Citan también una directiva europea que obliga a poseer este título.
Las pruebas de acceso se celebrarán el próximo día 29. Algunos trabajan en la Sanidad Pública sin reunir la titulación necesaria. El Colegio de Médicos lo denunció hace años al Fiscal General.
La ministra Leire Pajín ha autorizado a que 1.000 médicos extranjeros que se encuentran ilegales en España puedan examinarse para el MIR el próximo 29 de enero en distintas universidades de nuestro país, según ha podido conocer LA GACETA de fuentes de la investigación.
La titular de Sanidad adopta esta extraña resolución en mitad de un proceso que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para determinar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir una red de presuntos estafadores desarticulada por la policía, dedicada a traer galenos de Santo Domingo a cambio de dinero y facilitarles la documentación para que pasaran por ciudadanos de la UE ante los tribunales examinadores.
El número total de médicos aspirantes a MIR superan los 13.600 y la relación de admitidos, “que será exhibida en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad Pública y en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno”, está firmada por la Subdirección General de Ordenación Profesional.
Curiosamente, su titular, Juan Antonio López Blanco, es uno de los imputados en las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por los presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros y prevaricación.
Según el atestado policial, López Blanco alteró la condición de extranjeros extracomunitarios de 49 médicos dominicanos traídos a España por la red de presuntos estafadores para que pudieran acogerse a las plazas reservadas para aspirantes españoles y comunitarios.
Los irregulares
En la criba hecha por la investigación a la relación de aspirantes difundida por Sanidad, se ha detectado hasta ahora que más de 1.000 no reúnen las condiciones para presentarse a los exámenes y que, sin embargo, el Ministerio ha hecho la vista gorda y se lo ha permitido.La mayor parte de ellos se encuentran en situación irregular y otros muchos –también irregulares– trabajan como médicos en centros de salud pública, clínicas y establecimientos privados sin reunir los requisitos exigidos por la ley española y por los convenios y directivas emanados con y desde la Unión Europea (UE).
En una primera aproximación realizada por este periódico a la referida lista se ha contrastado que el mayor número de estos extranjeros presumiblemente irregulares son de nacionalidad colombiana, unos 110 aproximadamente. Seguidos de los dominicanos (92), peruanos (39), bolivianos (20), cubanos (11), mejicanos (8), etc.
Además de los aspirantes a MIR originarios de Latinoamérica, se presentarán al examen un egipcio, un indio, un sirio, un argelino y dos marroquíes, entre otros.
Las comunidades y las especialidades médicas que desempeñan estos extranjeros presuntamente irregulares son múltiples y variopintas. Así –y siempre según las mismas fuentes–, por ejemplo, el sirio Ebrahín Al Salahi, que se examinará el próximo 29 en la Facultad de Ciencias de Valladolid, aunque tiene permiso temporal de residencia, trabaja como médico de familia en la Sanidad Pública de Palencia.
Sin embargo, y para enmascarar esta situación de presunta irregularidad, el Ministerio hace constar en la relación de aspirantes que Ebrahin tiene “residencia permanente en España”, señalado en las listas con el epígrafe 2.
La colombiana Nour Sofía Al Hajj Rabat, convocada el próximo 29 a examinarse en el Edificio Campomanes de la Universidad Carlos III de Madrid, con residencia temporal, trabaja como anestesista en el Servicio de Salud de Castilla-la Mancha. En las listas de Sanidad figura que está en posesión de la residencia permanente.
La venezolana Mary Carolina Chalchoub Cabrera, llamada a examen en la Universidad de Baleares, aunque tiene residencia temporal figura en las listas del Ministerio con residencia permanente. Trabaja como cirujano en el Servicio Balear de Prevención.
El Balneario
El Balneario de Benito, situado en la localidad manchega de Reolid, cerca de Salobre (el pueblo de José Bono), tiene como médico a la colombiana Luisa Fernanda Álvarez Nieto, que se encuentra en la misma situación irregular que sus compañeros ya citados y que también cuenta en Sanidad con el reconocimiento de “residencia permanente”. Su examen tendrá lugar en la Universidad de Valencia.Según ha podido constatar este periódico, este centro de relajamiento se encuentra siempre repleto de personas de la tercera edad, debido a los convenios de colaboración que mantiene con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estos acuerdos datan de la época en la que el actual presidente del Congreso de los Diputados la presidía.
Por otro lado, en la Sanidad Pública de Albacete trabaja como médico cirujano la dominicana Xenia Iciano García, con residencia temporal en España y por tanto extracomunitaria. Sin embargo, aparece en las listas del Ministerio con el epígrafe 1, es decir, como si se tratara de un ciudadano de la UE. El examen para MIR, lo tiene en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Dentro de estas listas de aspirantes elaboradas por el Ministerio de Sanidad llama poderosamente la atención una relación de 34 médicos dominicanos, entre ellos Aura Ligia Urraca Rodríguez y Aldonsa Vargas Parra, encuadradas dentro del epígrafe 5, “Falta de acreditación conocimiento de idioma”, que la policía no tiene conocimiento ni de su existencia ni de su permanencia en España.
Lo cierto es que este grupo de dominicanos ni siquiera están en posesión del NIE (Número de Identidad de Extranjeros). Estos incontrolados por la policía están citados para examinarse en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Otros de sus compañeros lo harán en el Aulario II del Campus de Alcorcón de esta misma Universidad.
Existen casos curiosos como el de la colombiana Catalina Chica García, quien, pese a que desde mayo de este año tiene extinguido su permiso familiar comunitario por haberlo obtenido de forma fraudulenta, se presenta a examen en la Universidad Autónoma de Madrid como ciudadana de la UE.
Denuncias
Hace cuatro años que el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, denunció ante el Ministerio de Sanidad y ante la Fiscalía General del Estado el peligro que supone para la salud pública el hecho de que en la actualidad haya en nuestro país del orden de 10.000 a 12.000 médicos extracomunitarios que están trabajando en España en condiciones irregulares.Pedían que se les explicara las causas que han llevado al Ministerio de Educación y Ciencias a homologar títulos de Medicina falsos y de las medidas adoptadas para evitar que se repitan estas situaciones en el futuro.
Para ello solicitaban de este Ministerio la presencia de un representante permanente de la OMC en el proceso de homologación de títulos de Licenciado en Medicina.
Se dirigieron a las Comunidades Autónomas para que pusieran fin inmediato a las contrataciones de médicos extranjeros. Pero todo cayó en saco roto como prueba la información que hoy publica en exclusiva LA GACETA. Conde Pumpido y el Ministerio de Sanidad, desde la época de Elena Salgado como titular hasta nuestros días, pasando por Bernat Soria y Trinidad Jiménez, no hicieron caso. Pumpido les pidió el nombre de alguna persona para dirigir contra ella las investigaciones.
En una entrevista concedida a este periódico, el presidente Rodríguez Sendín decía resignado: “Ni siquiera sabemos si estos irregulares son médicos de verdad, nosotros, con tan sólo una entrevista de un cuarto de hora sabemos si la persona con la que hablamos es médico o no, pero ni siquiera nos conceden esa oportunidad”.
La propia policía que investiga esta trama, en un informe que obra en las diligencias previas del juzgado de Murcia, establece que es “requisito indispensable la titulación en Medicina Familiar y Comunitaria para el desempeño de la profesión en centros o servicios propios, integrados o concertados del Sistema Nacional de Salud”.
“En resumen –sigue el informe– para trabajar en la sanidad pública española, cualquier médico sin distinción de origen ha de superar el examen de MIR (o conseguir la homologación de su especialidad a través del Ministerio de Educación), incluso para médico general, ahora denominada la especialidad de medicina familiar (en la actualidad son cuatros de MIR). Citan también una directiva europea que obliga a poseer este título.
El gasto farmacéutico se cerró en 2010 con un decrecimiento del 2,36%
La moderación del gasto es consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para la contención del gasto farmacéutico en 2010, entre otras
El gasto farmacéutico se cerró en 2010 con un decrecimiento del 2,36% en relación con el año anterior. Así, el Gobierno cumple su compromiso de frenar la subida de la factura pública en medicamentos que al inicio de la anterior legislatura crecía por encima del 10%. De hecho, se confirma la tendencia a la moderación que comenzó a apreciarse en abril de 2004, cuando el incremento interanual se situaba en el 11,02%, tras una subida del 12,15% en 2003. En 2010, el gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud ha ascendido a 12.211.105.424.
La moderación del crecimiento del gasto farmacéutico se ha manifestado tanto en el gasto medio por receta, que ha decrecido un 4,79% con respecto a 2009, como en el número de recetas facturadas, que se han incrementado un 2,56%, por debajo del 4,94% del año pasado.
Por Comunidades Autónomas, Canarias (-5,90%), Cantabria (-4,91%) Aragón (-4,43%) y la Comunidad Valenciana (-3,80%) son las que han registrado una mayor reducción del gasto farmacéutico mientras que Melilla (2,44%), Murcia (1,93%) y Galicia (0,71%) son las que han experimentado mayores incrementos.
En 2009 se produjo, respecto a 2008, un incremento en el número de recetas facturadas del 4,94%. Por tanto, en 2010 el incremento de este indicador (2,56%) se sitúa por debajo del experimentado en el año anterior.
En número de recetas facturadas, los menores incrementos se han producido en Baleares (1,57%), Asturias (3,07%), Cataluña (3,16%) y País Vasco (3,63%) y se sitúan por encima del incremento medio las Comunidades Autónomas de Extremadura (8,08%), Canarias (6,74%), Andalucía (6,33%) y Murcia (6,03%).
En número de recetas facturadas, los menores incrementos se han producido en Baleares (1,57%), Asturias (3,07%), Cataluña (3,16%) y País Vasco (3,63%) y se sitúan por encima del incremento medio las Comunidades Autónomas de Extremadura (8,08%), Canarias (6,74%), Andalucía (6,33%) y Murcia (6,03%).
Hay que destacar el diferente comportamiento entre las Comunidades Autónomas en el precio medio de los medicamentos facturados y las que han registrado una mayor reducción en el gasto medio por receta son Baleares (8,44%), Canarias (7,02%), Cantabria (6,89%) y Castilla La Mancha (6,21%). Con menor reducción del gasto medio por receta están Melilla (1,24%), Murcia (1,78%), Galicia (2,67%) y Ceuta (2,95%).
Política de contención positiva
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad valora la moderación de la factura farmacéutica que se ha producido a lo largo de 2010 y continuará aplicando medidas que posibiliten la contención del gasto en el marco de la actual coyuntura económica, y en beneficio de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, según se indica en un comunicado enviado desde el propio ministerio.
Cabe reseñar que a esta moderación han contribuido las medidas adoptadas por el Gobierno para la contención del gasto farmacéutico en 2010, el efecto del sistema de precios de referencia puesto en marcha por el Gobierno, el incremento del uso de los medicamentos genéricos y otras medidas aplicadas sobre la oferta, así como las políticas de uso racional de medicamentos llevadas a cabo por el conjunto de las administraciones sanitarias. Asimismo, es necesario resaltar la importante labor desarrollada tanto por las Comunidades Autónomas como por los profesionales sanitarios para esta contención del gasto, indica la nota.
Los datos de facturación de diciembre de 2010 y el acumulado a lo largo de todo el año, que reflejan la reducción del gasto farmacéutico, son consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno. Para el presente ejercicio 2011, y con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de cálculo de los precios de referencia (1 de marzo), la tendencia de esta reducción del gasto se va a incrementar, produciéndose nuevos ahorros en el gasto público en medicamentos a la vez que se garantiza la prestación (tanto en cantidad como en calidad) y la introducción en la misma de aquellas innovaciones que aporten ventajas sustanciales en el tratamiento de las enfermedades y en la calidad de vida de los ciudadanos.
El PPdeG condiciona la reducción de las esperas a que el Gobierno transfiera el Fondo de Cooperación
El portavoz Miguel Ángel Santalices afirma que “ahora se gestiona con rigor y priorizando criterios médicos”
El diputado del PPdeG Miguel Santalices ha afirmado que, pese a que la Consejería de Sanidad está "perfectamente encauzada" para cumplir los objetivos que el partido prometió durante las elecciones en cuanto a las esperas sanitarias -reducir el plazo máximo para una operación en 60 días y para obtener una consulta en 45-, éstos dependerán "fundamentalmente" de que el Gobierno central le transfiera a la Xunta los recursos del Fondo de Cooperación.
Santalices ha añadido, en un comunicado, que estos fondos "le corresponden a Galicia" y que, sin ellos, el Gobierno gallego no puede "hacer milagros" en la reducción de los tiempos de espera.
Sin embargo, ha considerado que la Consejería de Sanidad está realizando "una buena gestión" en este aspecto. Así, el popular apuntó que el plazo de espera para las intervenciones de grado 2 bajó por primera vez a 60 días, y que en las intervenciones más urgentes, las de grado 1, se sitúa ahora en 21 días.
Acerca de este tema, el diputado ha señalado que en la época del anterior Gobierno el plazo era de 42 días, y esto, según él, demuestra que "ahora" se gestiona "con rigor y priorizando criterios médicos".
Asimismo, Santalices ha señalado que se ha producido en la Comunidad gallega un incremento en la actividad ordinaria en quirófanos, desde el 64 por ciento de 2008 al 73 por ciento en 2009.
Este aumento se debe, según el diputado, a que en la Sanidad gallega "se ha impuesto la racionalización y el sentido común", y ha considerado que durante la época del anterior Gobierno existía un "descontrol absoluto" en este ámbito.
El diputado del PPdeG Miguel Santalices ha afirmado que, pese a que la Consejería de Sanidad está "perfectamente encauzada" para cumplir los objetivos que el partido prometió durante las elecciones en cuanto a las esperas sanitarias -reducir el plazo máximo para una operación en 60 días y para obtener una consulta en 45-, éstos dependerán "fundamentalmente" de que el Gobierno central le transfiera a la Xunta los recursos del Fondo de Cooperación.
Santalices ha añadido, en un comunicado, que estos fondos "le corresponden a Galicia" y que, sin ellos, el Gobierno gallego no puede "hacer milagros" en la reducción de los tiempos de espera.
Sin embargo, ha considerado que la Consejería de Sanidad está realizando "una buena gestión" en este aspecto. Así, el popular apuntó que el plazo de espera para las intervenciones de grado 2 bajó por primera vez a 60 días, y que en las intervenciones más urgentes, las de grado 1, se sitúa ahora en 21 días.
Acerca de este tema, el diputado ha señalado que en la época del anterior Gobierno el plazo era de 42 días, y esto, según él, demuestra que "ahora" se gestiona "con rigor y priorizando criterios médicos".
Asimismo, Santalices ha señalado que se ha producido en la Comunidad gallega un incremento en la actividad ordinaria en quirófanos, desde el 64 por ciento de 2008 al 73 por ciento en 2009.
Este aumento se debe, según el diputado, a que en la Sanidad gallega "se ha impuesto la racionalización y el sentido común", y ha considerado que durante la época del anterior Gobierno existía un "descontrol absoluto" en este ámbito.
24 ene 2011
Cales son os motivos de saída do Rexistro de pacientes en espera cirúrxica?
Na web do Sergas pódese atopar os criterios oficiais para que un paciente deixe de estar en lista de espera cirúrxica.
Os motivos están regulados na normativa vixente e son os seguintes:
Os motivos están regulados na normativa vixente e son os seguintes:
- O paciente en lista de espera é programado e intervido polo motivo indicado (demanda satisfeita programada no hospital).
- O paciente, antes de ser programado, acode a urxencias e é atendido polo mesmo proceso polo que estaba en espera (demanda satisfeita urxente no hospital).
- Un facultativo, a través dun informe médico, establece unha contraindicación permanente ou que non se necesita o tratamento que motivou a súa inclusión (excluído por orde facultativa).
- O paciente co que se establece contacto indica que, a pesar de non ter resolto o problema e non ter indicación médica en contra, non está interesado en someterse ao proceso cirúrxico, de acordo co exemplar para o paciente da folla de inclusión no Rexistro de pacientes en espera cirúrxica (renuncia voluntaria).
- Falecemento do paciente durante a espera (éxitus).
- Non se pode contactar co paciente aplicando o protocolo de localización, consistente en realizar chamadas telefónicas no prazo de 48 horas e unha carta certificada con xustificante de recepción, na que se establece un prazo de 7 días para que o paciente se poña en contacto co centro (paciente non localizado).
- O paciente resolve o seu problema por iniciativa propia noutros centros (demanda satisfeita por outros medios).
- Estableceuse contacto co paciente e programouse a actuación para unha data determinada. Dáse un prazo de 7 días no que o paciente non se pon en contacto co centro ou a causa pola que non acudiu non é xustificada (o paciente non acode á cita).
- O paciente aceptou a derivación a un centro concertado e é atendido neste polo mesmo proceso polo que estaba en espera (demanda satisfeita nun centro concertado).
- O paciente aceptou a derivación a outro centro do Servizo Galego de Saúde e foi incluído no Rexistro de pacientes en espera cirúrxica do centro de destino polo mesmo proceso polo que estaba en espera (inclusión noutro centro do Servizo Galego de Saúde).
4.000 € perde a farmacia
As boticas galegas denuncian as perdas de stocks afectados por cada establecemento ·· Sanidade revisará a partir do 1 de marzo os novos prezos
Galicia Hoxe
Así o explicou a directora de Asistencia Sanitaria da Administración sanitaria galega, Neves Domínguez, quen estimou que "haberá algún cambio" no catálogo, que entrou en vigor o pasado 3 de xaneiro con 34 principios activos na súa primeira fase. Domínguez, que insistiu en que o catálogo "non invade competencias" estatais, como sostén o Ministerio de Sanidade, e "respecta a toponimia" do Sistema Nacional de Saúde, malia que o Goberno central decidiu recorrer ante o Tribunal Constitucional a lei galega pola que se puxo en marcha.
As farmacias galegas deixaron o día 18 deste mes definitivamente de dar con receita os fármacos que estean fóra do catálogo de medicamentos. Pero as farmacias galegas falan de "problemas de desabastecemento" e pídenlle á Administración galega que aclare se para os usuarios doutras comunidades prima en Galiza o nomenclator nacional ou se deben tamén acollerse ao novo catálogo galego, que se atopa en vías de ser recorrido polo Goberno central. Desde a Xunta aseguran que o seu catálogo debe ser o empregado para dispensar medicinas a calquera paciente, sexa de dentro ou de fóra da comunidade.
Ao respecto, reiterou Domínguez que a Consellería de Sanidade se "puxo a disposición" do departamento de Leire Pajín "para aclarar calquera dúbida en canto á lei e ao catálogo. Teñen a nosa colaboración total e absoluta", subliñou Domínguez.
Tras afirmar, malia as continuas protestas desde o sector farmacéutico, que a implantación do catálogo está a "ir con absoluta normalidade" en Galiza dende que o pasado día 16 concluíu o período de convivencia dado polo Sergas ás oficinas de farmacia para dispensar fármacos fóra de catálogo co fin de "liberar stock", Neves Domínguez trasladou a estimación de que a súa posta en marcha permite "un aforro diario de 300.000 euros" cos 34 principios activos.
As farmacias poden cambiar até final de mes -31 de xaneiro- un fármaco receitado que non teñan dispoñible por outro incluído no catálogo para que "teñan marxe de manobra", segundo matizou Domínguez, que aclarou que o período de transición inicial habilitado ata o día 16 fixo posible unha mellor adaptación dos stocks, aínda que estes, segundo afirmou, contan cunha "alta rotación", estimada entre un e tres días.
Malia que a Consellería de Sanidade indicou que non o informaron de "desabastecemento" nas primeiras semanas de implantación do catálogo, farmacéuticos de varias provincias, sobre todo de Pontevedra, constataron "de-sabastecemento puntual" dalgúns principios activos incluídos.
Mesmo, tras informar á Subdirección de Farmacia da falta de lercanidipino, esta autorizou con data do 19 de xaneiro "de forma excepcional" ata o luns 24 de xaneiro a dispensar outras especialidades farmacéuticas "non incluídas no catálogo priorizado" sempre que "unha farmacia non dispoña" deste.
Tamén nesta semana os farmacéuticos de Pontevedra alertaron de desabastecemento de Risperidona 0,5 mg porque o laboratorio que o comercializa "non o ten dispoñible", segundo explicaron a Europa Press fontes do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, que han puntualizo que se trata dun medicamento "de pouca rotación".
Segundo datos solicitados esta semana polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, 199 das 429 farmacias que traballan na provincia cifraron en 796.335,09 euros a suma dos importes dos stocks que quedaran nas oficinas, polo que a media de stock dos medicamentos afectados por farmacia ascende a uns 4.000 euros.
"Estes medicamentos a día de hoxe son unicamente dispensables en receitas das mutualidades ou en receitas privadas, as sumas das cales representa unicamente o catro por cento da dispensa total de medicamentos na provincia de Pontevedra,", expresaron.
As farmacias pontevedresas consideran que no período de convivencia dado ata o 16 de xaneiro unicamente deron saída "ao 26 por cento" do seu stock, sen que ningunha oficina das consultadas "dispensara máis do 28,8 por cento" do seu stock destes medicamentos nesas dúas semanas.
DATOS
PSdeG pide subvención do tratamento contra o tabaquismoA deputada socialista Carmen Acuña presentou unha proposición non de lei no Parlamento galego esixindo que o Goberno autonómico se "sume ao esforzo" da lei antitabaco financiando os fármacos para deshabituar os fumadores galegos.
A deputada instou a Xunta para "exercer as funcións de control e inspección" en cumprimento desta lei e ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) para "establecer e xeneralizar" os programas para desenganchar os fumadores na Comunidade galega. Estes programas, en opinión da socialista, deberían realizarse ofrecendo aos pacientes "que o precisen" fármacos que teñan "eficacia probada" na superación do tabaquismo, unha adicción que segundo a deputada causa anualmente, no conxunto do Estado español, gastos sanitarios por valor de 17.000 millóns de euros.
Así mesmo, Acuña reclamou á Xunta que realice unha campaña informativa entre os cidadáns galegos para explicarlles cáles son os seus dereitos con respecto a este asunto.
Por último, a encargada en materia de sanidade do PSdeG sinalou que na aplicación da anterior lei antitabaco, de 2005, existiron "desigualdades". Segundo a deputada, en 2010, o 30 por cento dos locais da provincia de Ourense "incumprían a lei".
Mentres, o Gremio de restauración e as 74 asociacións que forman a Xunta Directiva da Federación Española de Hostalería (FEHR) acordaron crear unha plataforma para solicitar as 500.000 firmas que son necesarias para presentar unha iniciativa lexislativa para que se modifique a lei antitabaco. O vicepresidente da Federación Española e presidente do Gremio de Restauración de Barcelona, Gaietà Farràs, declaroulle a Efe que "desde a aplicación da lei os locais están perdendo entre o 10 e o 30% dos seus ingresos".
SOS Sanidade Pública denuncia a maquillaxe das listas de espera
Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Cangas
A Plataforma SOS Sanidade Pública quere denunciar que as listas de espera publicadas polo SERGAS a decembro de 2010 que:
- Os tempos de espera, pese á maquillaxe das mesmas, superan as do ano 2008 último ano do Goberno Bipartito.
- A maquillaxe das mesmas, dado que tanto os profesionais sanitarios como os usuarios do sistema sanitario público, coñecen que moitas delas están bloqueadas en buzóns onde os pacientes pasan moito tempo sen que se lles proporcione a data de intervención cirúrxica, de consulta ou de proba diagnóstica, e non computan como tempo de espera.
- A pesar das denuncias do PP na súa etapa de oposición, non se publicaron as Listas de Espera Non Estruturadas, na que se atopan secuestrados miles de persoas, que non queren ser intervidos en centros privados ou por outras razóns non dependentes deles.
- O único centro privado que ten a responsabilidade de atender a un área sanitaria (grazas a un Concerto Singular) duplica o tempo de espera dos hospitais públicos. Esta situación, debe alertar aos cidadáns sobre os riscos para a asistencia da privatización dos novos hospitais que pretende levar a cabo o SERGAS nos novos hospitais.
La CIG discrepa con los datos de lista de espera en Monforte facilitados por el Sergas
El Progreso
La sección sindical de CIG-Saúde del hospital comarcal de Monforte se mostró en desacuerdo con los datos facilitados por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) referidos a las listas de espera. Desde esta organización indicaron que en Urología los pacientes tienen que esperar 180 días para ser atendidos, en vez de los 58 que apuntó el Sergas. Según el sindicato, lo mismo ocurre en Cirugía General, (190 días y no 68), Traumatología (195 días y no 70) y Ginecología (52 días y no 48).
Los responsables de la CIG señalaron que «só hai que pasar polas consultas e preguntarlles aos doentes canto tempo fai que pediron a cita, e pódese comprobar que hai xente que a solicitiu hai oito meses».
Por ello, desde este sindicato no dudaron en manifestar que «séguense a maquillar as listas de espera acumulando os volantes sen dar cita e pechando axendas. Tamén segue habendo listas B, nas que se te chaman para operarte nun concertado e dis que non, sacante da lista».
En cuanto a lo dicho por el director del hospital -que el de Monforte es el mejor centro comarcal de Galicia-, los responsables de la CIG indicaron que «non o cre nin el, e o de darlle as grazas ao persoal non é necesario porque estamos a facer o noso traballo, como sempre. O que tiña que facer era aumentar plantilla para que non estivese sobrecargada de traballo e contratar especialistas», añadieron.
La sección sindical de CIG-Saúde del hospital comarcal de Monforte se mostró en desacuerdo con los datos facilitados por el Servicio Galego de Saúde (Sergas) referidos a las listas de espera. Desde esta organización indicaron que en Urología los pacientes tienen que esperar 180 días para ser atendidos, en vez de los 58 que apuntó el Sergas. Según el sindicato, lo mismo ocurre en Cirugía General, (190 días y no 68), Traumatología (195 días y no 70) y Ginecología (52 días y no 48).
Los responsables de la CIG señalaron que «só hai que pasar polas consultas e preguntarlles aos doentes canto tempo fai que pediron a cita, e pódese comprobar que hai xente que a solicitiu hai oito meses».
Por ello, desde este sindicato no dudaron en manifestar que «séguense a maquillar as listas de espera acumulando os volantes sen dar cita e pechando axendas. Tamén segue habendo listas B, nas que se te chaman para operarte nun concertado e dis que non, sacante da lista».
En cuanto a lo dicho por el director del hospital -que el de Monforte es el mejor centro comarcal de Galicia-, los responsables de la CIG indicaron que «non o cre nin el, e o de darlle as grazas ao persoal non é necesario porque estamos a facer o noso traballo, como sempre. O que tiña que facer era aumentar plantilla para que non estivese sobrecargada de traballo e contratar especialistas», añadieron.
Sanidade anuncia 'un ajuste' en el catálogo de medicamentos a partir del 1 de marzo
- Sanidade mantiene que no tiene constancia de 'desabastecimiento' alguno
- La Xunta se ha puesto 'a disposición' del Gobierno para aclarar cualquier duda
La Consellería de Sanidade prevé que "habrá que hacer un ajuste" en el catálogo de medicamentos a partir del 1 de marzo con la entrada en vigor de nuevos precios de referencia de fármacos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la directora de Asistencia Sanitaria de la Administración sanitaria gallega, Nieves Domínguez, quien ha estimado que "habrá algún cambio" en el catálogo, que entró en vigor el pasado 3 de enero con 34 principios activos en su primera fase.
Domínguez, que ha insistido en que el catálogo "no invade competencias" estatales, como sostiene el Ministerio de Sanidad, y "respeta el Nomenclátor" del Sistema Nacional de Salud, pese a que el Gobierno central ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley gallega por la que se ha puesto en marcha.
Al respecto, ha reiterado que la Consellería de Sanidade se ha "puesto a disposición" del departamento de Leire Pajín "para aclarar cualquier duda en cuanto a la ley y al catálogo". "Tienen nuestra colaboración total y absoluta", ha subrayado Domínguez.
Tras afirmar que la implantación del catálogo está "yendo con absoluta normalidad" en Galicia desde que el pasado día 16 concluyó el periodo de convivencia dado por el Sergas a las oficinas de farmacia para dispensar fármacos fuera de catálogo con el fin de "liberar stock", Nieves Domínguez ha trasladado la estimación de que su puesta en marcha permite "un ahorro diario de 300.000 euros" con los 34 principios activos.
Pese a que la Consellería de Sanidade ha indicado que no le han informado de "desabastecimiento" en las primeras semanas de implantación del catálogo, farmacéuticos de varias provincias, sobre todo de Pontevedra, han constatado "desabastecimiento puntual" de algunos principios activos incluidos.
Incluso, tras informar a la Subdirección de Farmacia de la falta de lercanidipino, ésta ha autorizado con fecha del 19 de enero "de forma excepcional" hasta el lunes 24 de enero a dispensar otras especialidades farmacéuticas "no incluidas en el catálogo priorizado" siempre que "una farmacia no disponga" de éste.
También en esta semana los farmacéuticos de Pontevedra han alertado de desabastecimiento de Risperidona 0,5 mg porque el laboratorio que lo comercializa "no lo tiene disponible", según han explicado a Europa Press fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, que han puntualizo que se trata de un medicamento "de poca rotación".
Según datos recabados esta semana por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, 199 de las 429 farmacias de la provincia han cifrado en 796.335,09 euros la suma de los importes de los stocks que habían quedado en las oficinas, por lo que la media de stock de los medicamentos afectados por farmacia asciende a unos 4.000 euros.
"Estos medicamentos a día de hoy son únicamente dispensables en recetas de las mutualidades o en recetas privadas, la suma de las cuales representa únicamente el 4% de la dispensación total de medicamentos en la provincia de Pontevedra", han expresado.
Las farmacias pontevedresas consideran que en el periodo de convivencia dado hasta el 16 de enero únicamente han dado salida "al 26%" de su stock, sin que ninguna oficina de las consultadas "haya dispensado más del 28,8%" de su stock de estos medicamentos en esas dos semanas.
En relación a la aplicación del catálogo priorizado de medicamentos en Galicia, ha reconocido a Europa Press que "varias" comunidades "se han interesado" por el modelo gallego.
"En sanidad no ahorramos", ha dicho, al tiempo que ha puntualizado que con los más de 100 millones de euros anuales que se ahorra en medicamentos el Sergas con esta medida podrá "hacer más investigación, mejorar servicios y construir nuevas infraestructuras".
Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la directora de Asistencia Sanitaria de la Administración sanitaria gallega, Nieves Domínguez, quien ha estimado que "habrá algún cambio" en el catálogo, que entró en vigor el pasado 3 de enero con 34 principios activos en su primera fase.
Domínguez, que ha insistido en que el catálogo "no invade competencias" estatales, como sostiene el Ministerio de Sanidad, y "respeta el Nomenclátor" del Sistema Nacional de Salud, pese a que el Gobierno central ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley gallega por la que se ha puesto en marcha.
Al respecto, ha reiterado que la Consellería de Sanidade se ha "puesto a disposición" del departamento de Leire Pajín "para aclarar cualquier duda en cuanto a la ley y al catálogo". "Tienen nuestra colaboración total y absoluta", ha subrayado Domínguez.
Tras afirmar que la implantación del catálogo está "yendo con absoluta normalidad" en Galicia desde que el pasado día 16 concluyó el periodo de convivencia dado por el Sergas a las oficinas de farmacia para dispensar fármacos fuera de catálogo con el fin de "liberar stock", Nieves Domínguez ha trasladado la estimación de que su puesta en marcha permite "un ahorro diario de 300.000 euros" con los 34 principios activos.
Desabastecimiento
Las farmacias pueden cambiar hasta final de mes -31 de enero- un fármaco recetado que no tengan disponible por otro incluido en el catálogo para que "tengan margen de maniobra", según ha matizado Domínguez, que ha aclarado que el periodo de transición inicial habilitado hasta el día 16 hizo posible una mejor adaptación de los stocks, aunque éstos, según ha afirmado, cuentan con una "alta rotación", estimada entre uno y tres días.Pese a que la Consellería de Sanidade ha indicado que no le han informado de "desabastecimiento" en las primeras semanas de implantación del catálogo, farmacéuticos de varias provincias, sobre todo de Pontevedra, han constatado "desabastecimiento puntual" de algunos principios activos incluidos.
Incluso, tras informar a la Subdirección de Farmacia de la falta de lercanidipino, ésta ha autorizado con fecha del 19 de enero "de forma excepcional" hasta el lunes 24 de enero a dispensar otras especialidades farmacéuticas "no incluidas en el catálogo priorizado" siempre que "una farmacia no disponga" de éste.
También en esta semana los farmacéuticos de Pontevedra han alertado de desabastecimiento de Risperidona 0,5 mg porque el laboratorio que lo comercializa "no lo tiene disponible", según han explicado a Europa Press fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, que han puntualizo que se trata de un medicamento "de poca rotación".
Según datos recabados esta semana por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, 199 de las 429 farmacias de la provincia han cifrado en 796.335,09 euros la suma de los importes de los stocks que habían quedado en las oficinas, por lo que la media de stock de los medicamentos afectados por farmacia asciende a unos 4.000 euros.
"Estos medicamentos a día de hoy son únicamente dispensables en recetas de las mutualidades o en recetas privadas, la suma de las cuales representa únicamente el 4% de la dispensación total de medicamentos en la provincia de Pontevedra", han expresado.
Las farmacias pontevedresas consideran que en el periodo de convivencia dado hasta el 16 de enero únicamente han dado salida "al 26%" de su stock, sin que ninguna oficina de las consultadas "haya dispensado más del 28,8%" de su stock de estos medicamentos en esas dos semanas.
Interés de otras comunidades
"Esta medida ahorra un dinero sin mermar la asistencia y la calidad en la prestación", ha considerado la directora de Asistencia Sanitaria, al tiempo que ha manifestado que "el gasto farmacéutico y sanitario preocupa mucho" a las comunidades autónomas.En relación a la aplicación del catálogo priorizado de medicamentos en Galicia, ha reconocido a Europa Press que "varias" comunidades "se han interesado" por el modelo gallego.
"En sanidad no ahorramos", ha dicho, al tiempo que ha puntualizado que con los más de 100 millones de euros anuales que se ahorra en medicamentos el Sergas con esta medida podrá "hacer más investigación, mejorar servicios y construir nuevas infraestructuras".
Os galegos pagan 1,5 euros máis que o resto do Estado por fármaco
A escasa implantación do xenérico en Galicia leva aos cidadáns a gastar un 21% máis en medicamentos que a media nacional
O esforzo do PPdeG en sacar adiante o novo catálogo de fármacos, que comezou a funcionar fai tres semanas e polo que o Sergas pasou a financiar unicamente os medicamentos máis baratos, puña de manifesto a necesidade da Xunta de reducir o elevado gasto en medicamentos que rexistraba a comunidade. Agora, os últimos datos do Ministerio de Sanidade destacan un aumento da factura farmacéutica durante o pasado exercicio, cando o Plan de Xenéricos –posto en marcha pola conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, para dar un tijeretazo aos custos– non evitou un incremento de 6,5 millóns de euros no gasto farmacéutico de 2010. Como resultado, os galegos seguen sendo os españois que máis gastan por receita, cunha media de 1,5 euros máis por cada medicamento.
Mentres no resto do Estado ven como por primeira vez redúcese a factura –grazas a unha rebaixa dun 7,5% no prezo dos medicamentos que non están protexidos por unha patente– Galicia é unha do catro comunidades que mantén unha tendencia contraria. Unha vez máis, esta situación débese ao escaso impacto que aínda teñen os xenéricos (fármacos sen marca comercial) nas receitas e farmacias galegas.
Os últimos estudos revelan que entre xaneiro e novembro de 2010, só o 16,4% dos fármacos que se venderon en Galicia eran xenéricos. Mentres, a media estatal supera esta cifra en polo menos dez puntos e comunidades como Andalucía, Cantabria, Baleares, Cataluña, Madrid e Castela León duplícana.
Na práctica, todo este baile de cifras tradúcese nun menor prezo para cada medicamento nas comunidades onde están máis implantados os fármacos sen nome comercial. Como consecuencia, os escasos resultados do Plan de Xenéricos da Xunta –que consistía en recomendar aos facultativos que prescribisen tres destes medicamentos cada trimestre– mantén aos galegos como os cidadáns que máis pagan por medicamento. En 2010, a diferenza foi de 14,20 euros en Galicia, fronte aos 12,75 euros da media nacional.
Así, a implantación dos medicamentos xenéricos preséntase como a clave para reducir a factura farmacéutica ao rebaixar o custo medio de cada medicamento. É máis, o seu efecto é claro ao calcular a repartición desta factura entre todos os cidadáns. Deste xeito, os galegos pagarían unha media de 332 euros por facer fronte ao gasto íntegro dos seus medicamentos durante o 2010. O resto do Estado, en cambio, moveríase nos 260 euros por persoa. É dicir, un 21% menos de gasto no resto do territorio.
O CATÁLOGO COMO ALTERNATIVA
Por iso, os máis de 65 millóns de receitas facturadas en Galicia durante o pasado ano, ocasionaron un gasto de 931 millóns de euros ao Sergas, unha cantidade que excede en máis de cincuenta millóns o orzamento previsto polo departamento de Pilar Farjas, que o fixaba en 875 millóns de euros.
O novo catálogo de medicamentos redactado por Sanidade busca dar resposta a esta situación e prevé un aforro de máis de cen millóns de euros durante 2011. Con todo, a norma que impulsou o PPdeG xerou unha gran oposición. Na súa contra situáronse tanto o PSdeG e o Ministerio de Sanidade como a industria farmacéutica. Todos eles alegan que a listaxe rompe a cohesión dentro do Sistema Nacional de Saúde, ao restrinxir en Galicia a venda de fármacos a través da Seguridade Social que si se financian no resto de comunidades.
A ministra de Sanidade, Leire Pajín, alega que non se non respecta a repartición de competencias entre Estado e Autonomías, polo que recorrerá a norma ante o Tribunal Constitucional. A patronal das farmacúeticas advirte de que o recorte do Nomenclátor Nacional por parte das comunidades é contrario á lei –que só permite amplialo– e podería chocar ademais co principio de liberdade de empresa que recolle a Constitución e coa Lei 29/2006, que no seu apartado 88 recolle “o dereito que teñen todos os cidadáns a obter medicamentos en condicións de igualdade en todo o Sistema Nacional de Saúde”.
Mentres no resto do Estado ven como por primeira vez redúcese a factura –grazas a unha rebaixa dun 7,5% no prezo dos medicamentos que non están protexidos por unha patente– Galicia é unha do catro comunidades que mantén unha tendencia contraria. Unha vez máis, esta situación débese ao escaso impacto que aínda teñen os xenéricos (fármacos sen marca comercial) nas receitas e farmacias galegas.
Os últimos estudos revelan que entre xaneiro e novembro de 2010, só o 16,4% dos fármacos que se venderon en Galicia eran xenéricos. Mentres, a media estatal supera esta cifra en polo menos dez puntos e comunidades como Andalucía, Cantabria, Baleares, Cataluña, Madrid e Castela León duplícana.
Na práctica, todo este baile de cifras tradúcese nun menor prezo para cada medicamento nas comunidades onde están máis implantados os fármacos sen nome comercial. Como consecuencia, os escasos resultados do Plan de Xenéricos da Xunta –que consistía en recomendar aos facultativos que prescribisen tres destes medicamentos cada trimestre– mantén aos galegos como os cidadáns que máis pagan por medicamento. En 2010, a diferenza foi de 14,20 euros en Galicia, fronte aos 12,75 euros da media nacional.
Así, a implantación dos medicamentos xenéricos preséntase como a clave para reducir a factura farmacéutica ao rebaixar o custo medio de cada medicamento. É máis, o seu efecto é claro ao calcular a repartición desta factura entre todos os cidadáns. Deste xeito, os galegos pagarían unha media de 332 euros por facer fronte ao gasto íntegro dos seus medicamentos durante o 2010. O resto do Estado, en cambio, moveríase nos 260 euros por persoa. É dicir, un 21% menos de gasto no resto do territorio.
O CATÁLOGO COMO ALTERNATIVA
Por iso, os máis de 65 millóns de receitas facturadas en Galicia durante o pasado ano, ocasionaron un gasto de 931 millóns de euros ao Sergas, unha cantidade que excede en máis de cincuenta millóns o orzamento previsto polo departamento de Pilar Farjas, que o fixaba en 875 millóns de euros.
O novo catálogo de medicamentos redactado por Sanidade busca dar resposta a esta situación e prevé un aforro de máis de cen millóns de euros durante 2011. Con todo, a norma que impulsou o PPdeG xerou unha gran oposición. Na súa contra situáronse tanto o PSdeG e o Ministerio de Sanidade como a industria farmacéutica. Todos eles alegan que a listaxe rompe a cohesión dentro do Sistema Nacional de Saúde, ao restrinxir en Galicia a venda de fármacos a través da Seguridade Social que si se financian no resto de comunidades.
A ministra de Sanidade, Leire Pajín, alega que non se non respecta a repartición de competencias entre Estado e Autonomías, polo que recorrerá a norma ante o Tribunal Constitucional. A patronal das farmacúeticas advirte de que o recorte do Nomenclátor Nacional por parte das comunidades é contrario á lei –que só permite amplialo– e podería chocar ademais co principio de liberdade de empresa que recolle a Constitución e coa Lei 29/2006, que no seu apartado 88 recolle “o dereito que teñen todos os cidadáns a obter medicamentos en condicións de igualdade en todo o Sistema Nacional de Saúde”.
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