Planteará también un conflicto positivo de competencia a la Xunta de por la aprobación de la medida
Europa Press
O Consello de Ministros decidiu este venres presentar un recurso de inconstitucionalidade contra a lei aprobada polo Parlamento galego que establece un catálogo propio de medicamentos, xa que consideran que "recorta dereitos" os cidadáns da comunidade que, ao seu xuízo, les "pode crear problemas de saúde" tanto a eles coma a aqueles cidadáns que se despracen a Galicia. Fontes do Ministerio de Sanidade consultadas por Europa Press, avanzaron que o recurso será presentado ante o Tribunal Constitucional "canto antes" e, no momento, que se admita a trámite, a norma quedará sen efecto nos próximos cinco meses, prazo de que dispón o TC para emitir unha sentenza.O Executivo considera que o catálogo, que entrou en vigor o pasado mes de xaneiro, vulnera as competencias que a Constitución atribúe ao Estado en materia de coordinación xeral da Sanidade, lexislación sobre produtos farmacéuticos e lexislación básica e réxime económico da Seguridade Social.
Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press, aseguran que el recurso será presentado ante el Tribunal Constitucional "cuanto antes" y, en el momento en que se admita a trámite --algo que esperan que suceda "de forma inmediata--, la norma quedará sin efecto en los próximos cinco meses, plazo de que dispone el TC para emitir una sentencia.
Según ha destacado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, el catálogo gallego "se ha separado del catálogo del Gobierno", ya que en Galicia no se financian todos los medicamentos que establece el Nomenclator oficial de productos farmacéuticos financiados por el Sistema Nacional de Salud.
De este modo, quedan afectadas a múltiples patologías porque, en total, quedan excluidas 427 presentaciones de medicamentos de distintos principios activos que, según esgrime el Ejecutivo, no pueden ser prescritos ni dispensados en Galicia.
Por ello, y dado que la sustitución por otros medicamentos equivalentes no se puede producir en todos los casos, "pueden crearse problemas de salud, tanto para los ciudadanos gallegos, como para aquellas personas que se desplacen a Galicia desde otra comunidad y necesiten continuar un tratamiento".
"Esto significa que un ciudadano extremeño o madrileño tiene derecho a unos fármacos distintos que los gallegos. Incluso, eventualmente, si uno se traslada y tiene un fármaco, en Madrid se lo pagaría la seguridad social y en Galicia no", ha explicado Rubalcaba.
Además, en el informe emitido por la Abogacía del Estado para analizar la inconstitucionalidad de esta iniciativa, se explica que se pueden estar sentando las bases para que existan tantos catálogos o listas de productos farmacéuticos como comunidades autónomas.
"SIEMPRE ES MEJOR UN ACUERDO QUE UN PLEITO"
No obstante, añade el vicepresidente primero, "siempre es mejor un acuerdo que un pleito", insistiendo en que esta medida "no agota la vía de diálogo" que, de hecho, ha mantenido el Ministerio de Sanidad con las autoridades gallegos en el último mes. "Si hay acuerdo retiramos el recurso y en paz", asegura Rubalcaba, que reconoce que "es muy importante que todos los ciudadanos españoles tengan exactamente los mismos derechos en relación con las prestaciones farmacéuticas en cualquier sitio de España".
De hecho, las mismas fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que en las sucesivas reuniones mantenidas con el Gobierno gallego se les han planteado algunas alternativas para reducir el gasto farmacéutico, como pretenden hacer con este catálogo.
Una de ellas sería potenciar el uso de genéricos o reforzar la prescripción por principio activo, como se hace en Canarias, Extremadura o Andalucía, comunidad en la que más del 80 por ciento de las prescripciones de los médicos se hace bajo esta fórmula.
Además, aseguran estas fuentes, el catálogo es "ineficaz en términos de ahorro" ya que el Gobierno ya ha adoptado medidas en la misma línea que, a su juicio, han sido más eficaces, ya que desde 2004 se han ahorrado más de 6.600 millones de euros.
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