Farjas: Galicia solo negociará la retirada del recurso en el TC

Los técnicos enviados por Pajín se niegan a abrir una vía de acuerdo en Santiago


ABC 

Los técnicos enviados ayer por el Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales con la Xunta sobre el catálogo priorizado de medicamentos puesto en marcha por el gobierno gallego y bloqueado la pasada semana por el Tribunal Constitucional (TC) se marcharon sin avanzar ni un ápice en la negociación y tras haber creado un importante malestar en la Consellería de Sanidad. Su responsable enviaba ayer un mensaje muy claro a la ministra desde el Parlamento gallego: «Solo cabe un punto de negociación: la retirada del recurso».

La postura de máximos de Farjas se materializó tras el anuncio, por parte de Pajín, de la quinta reunión bilateral Xunta-Ministerio, que el gobierno gallego considera una «improvisación» tras el anuncio de la ministra en el Congreso para hacer ver que Moncloa mantiene una postura dialogante en el conflicto. La Consellería entiende que los técnicos enviados «a toda prisa» por el Ministerio acudieron sin haber estudiado ninguna propuesta concreta para plantear en la negociación y, además, sin la menor intención de llegar a un acuerdo que no suponga, en la práctica, la retirada de los artículos de la ley de contención del gasto farmacéutico que sustentan el catálogo. Retirar estos artículos restaría a la ley su verdadera esencia, por lo que el departamento dirigido por Farjas se niega a discutir de nuevo cuestiones que ya creía zanjadas, como que la Xunta costeará todas las presentaciones incluidas en el nomenclator nacional. «Galicia está dispuesta a dialogar, siempre que se retire el catálogo», explicaron

A su vez, el Ministerio de Sanidad condicionó la retirada del recurso presentado por el Gobierno central ante el TC contra la ley gallega a que la Xunta presente «una propuesta concreta de modificación legal de la normativa recurrida». Responsables del departamento encabezado por Leire Pajín aseguraron a Europa Press que el Ministerio no moverá ficha hasta conocer «los cambios concretos y el procedimiento para hacerlos operativos» que han reclamado a la Consellería, modificaciones que la Xunta entiende de máximos. Desde Madrid aseguraron además que citarán a los servicios jurídicos de la Xunta para una reunión que tendría lugar la próxima semana, de la que por el momento el Ejecutivo gallego no tiene constancia.

Acusaciones en el pleno

El bloqueo del catálogo por parte del Constitucional motivó ayer un acalorado debate, con guerra de cifras incluida, entre la responsable de Sanidad de la Xunta, que compareció a petición propia, y los partidos de la oposición.

Farjas acudió al pleno con datos como un ahorro de 8,4 millones en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior (un 11% menos); el incremento de un 23,8% en la prescripción de genéricos entre 2005 y 2009 o la diferencia positiva, de un 60%, entre el ahorro que permite el catálogo priorizado gallego y la entrada en vigor de la orden de nuevos precios de referencia del Ministerio de Sanidad. La del catálogo, apostillaba Farjas, «es una ley que solo parece no entender el señor Zapatero». La conselleira negó además que haya sido el Constitucional el que haya bloqueado la medida de ahorro, sino el Gobierno, cuyo recurso obliga al Alto Tribunal a instar de forma automática a la suspensión.

Desde la oposición, tanto la nacionalista María Luísa Bouza como el socialista Modesto Pose achacaron a la Consellería defectos en la aplicación de la Ley de Racionalización. La primera alegó que se había incumplido la ley al no haber logrado un consenso en su aplicación con las oficinas de farmacias y lamentó situaciones de desabastecimiento, mientras que el segundo refirió incluso el caso de enfermos de epilepsia con problemas al modificarse un medicamento diferente del que se les venía recetando. Todas estas aseveraciones fueron negadas por Farjas, a la que no le constan incidencias de los servicios de la unidad permanente que comunica desabastecimientos ni en el sistema de comunicación de reacciones adversas.

Los portavoces de la oposición sí difirieron en el fondo de su postura. Así, Bouza, que como el BNG apoya el catálogo, preguntó por un «plan B» ante el bloqueo del Gobierno y acusó a San Caetano de no tener capacidad negociadora. Pose, por su parte, defendió las competencias de Pajín «para decidir qué financia y qué no financia». Y «avisó» a Farjas: «Si yo soy parte de la comisión negociadora del Ministerio y me suelta el discurso que ha hecho, le digo: Adiós, hasta luego».