A CIG augura máis problemas se segue a precaridad laboral no hospital

La Voz de Galicia

A CIG sostén que a actual consellería de Sanidade parece querer volver aos tempos nos que o 50% dos médicos de hospital traballaban en precario con contratos temporais. Médicos representantes deste sindicato advertiron onte en Monforte que son os hospitais pequenos os que máis teñen que perder con este modelo. Segundo Vicente Vázquez, da sección sindical da CIG no hospital monfortino, «ou que acaba de pasar coa marcha a Segovia do médico patólogo vai seguir pasando».

A CIG recorda que os acordos asinados coa Xunta no 2006 permitiron reducir a temporalidade entre os especialistas de hospital do 50% de entón ata un 2%. Iso está a cambiar, di o médico da CIG Manuel Moreiras, porque «ou Sergas ten ou compromiso de reducir un gasto un 5% non capítulo de salarios». De forma que están a proliferar como nunca nos últimos anos as contratacións de especialistas «por un meso ou ata por uns poucos días concretos á semana».

De acordo cos datos que manexa esta central, as reticencias a contratar con estabilidade impide que funcionen como debesen os servizos de radioloxía, no que hai un facultativo de baixa que pediu un traslado en comisión de servizos, urología e oftalmoloxía. Tamén hai médico con contratos temporais en anestesia, traumatología, otorrinolaringología e farmacia. En pediatría e ciruría, ademais, a dirección segue recorrendo a traslados puntuais doutros hospitais, aínda que nestes dous casos, na CIG recoñecen que efectivamente pode resultar difícil atopar médicos especialistas dispoñibles.

En calquera caso, Francisco Meizoso, o outro portavoz médico da CIG que onte visitou o hospital de Monforte e entrevistouse con diferentes facultativos, destacou que case nunca é certo que non haxa especialistas dispostos a vir a hospitais como Monforte. «O que pasa é que os médicos están fartos». A CIG reclama que Sanidade aprobe un criterio regulado para a contratación de médicos de hospital, «como ou hai para todas as demais categorías», e unha lista clara de causas de substitución.

   

“La e-receta se ha convertido en un problema para profesionales y usuarios”

La Xunta “utiliza” este sistema para “premiar o castigar”, según el PSdeG 

Redacción Médica

El Pleno del Parlamento gallego ha rechazado una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Gallego que pedía mejorar el sistema de implantación de la receta electrónica en la comunidad ya que, según la portavoz del BNG, Ana Luisa Bouza, la Consejería ha convertido una buena herramienta “en un problema” para profesionales y usuarios.
Bouza ha asegurado en la defensa de su iniciativa que el sistema tiene falta de flexibilidad y no es capaz de adaptarse a las necesidades de la población, lo que, según la portavoz nacionalista, no se había “previsto” y es debido a que la Xunta sólo busca “conseguir titulares a cualquier precio”.
También ha subrayado que con la receta electrónica se ha multiplicado la visita a la oficina de farmacia porque los usuarios no pueden llevarse la medicación para varios meses y esto les obliga a desplazarse hasta la botica. “A veces les sale más caro el taxi que la medicación”, afirma Bouza.
Estos problemas llevaron a la Consejería ha optar por una situación provisional intermedia que obliga a los profesionales a imprimir también el papel de la receta, con esto se duplica el tiempo y el coste de los papeles.
Por estas razones, el BNG solicitó el apoyo de los grupos parlamentarios para que la Xunta retirase esta situación intermedia y adaptara el programa para que los pacientes del ámbito rural, que tienen que desplazarse, pudieran tener la misma capacidad que los demás usuarios de otras zonas.

Distribución heterogénea
En esta solicitud, el BNG obtuvo el apoyo del PSdeG, para cuya portavoz, María del Carmen Acuña, la implantación de la receta electrónica no se ha realizado de forma homogénea ya que en enero de 2010 contaban con este sistema el 44 por ciento de los centros de Ourense; en Lugo, el 15 por ciento; en Vigo, el 28 por ciento; y en Ferrol, el 80 por ciento.
 Además, Acuña recordó que al principio de implantar este sistema, aumentó el gasto farmacéutico, como en todas las comunidades autónomas, debido a “disfunciones en la puesta en marcha”, sin embargo, la Xunta decidió paralizarlo y “no contemplaron mejorarlo”.
Finalmente, la portavoz socialista aseguró que la Xunta está utilizando la receta electrónica para “premiar o castigar” a los profesionales que están de acuerdo con su gestión.
Por otra parte, desde el PPdeG se recordó que en este tema el anterior gobierno del bipartito solamente contempló implantar la receta electrónica en 26 centros de salud y el 7 por ciento de las farmacias. Mientras que actualmente, según el portavoz popular Rosendo Fernández, el 98 por ciento de los usuarios tienen acceso a esta nueva tecnología.

Farjas dice que la suspensión del catálogo ha forzado a Galicia a "dialogar con rehenes"

Europa Press

La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha señalado este viernes que la suspensión del catálogo gallego de medicamentos decidida por el Tribunal Constitucional (TC), a petición del Gobierno central, ha puesto a Galicia en "una situación compleja", que obliga a la Xunta a "dialogar con rehenes" con el Ministerio de Sanidad para solventar la situación.
   Así lo ha señalado Farjas en el marco de la jornada organizada en Madrid por el Consejo Económico y Social de España (CES) en torno a su 'Informe sobre Cohesión y Desarrollo autonómico en el Sistema Sanitario Español', a la que acudió también el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos.
   Según Farjas, "lo que no se le puede pedir a Galicia es que elimine, de una ley del Parlamento gallego, los cuatro artículos que crean el catálogo" porque, a su entender, eso sería "una contradicción en sí misma".
   "En el momento en el que el ministerio (de Sanidad) proponga una modificación que sea aceptable para el Parlamento de Galicia, que es el que tendrá que valorarla, Galicia podrá decidir en ese entorno", ha señalado Farjas, para quien "dialogar con rehenes, que es tener suspendido el catálogo, es una situación compleja".

ACORTAR PLAZOS

   Dice que los servicios jurídicos gallegos han solicitado la apertura de la Comisión Mixta con el Ministerio de Administraciones Públicas para solicitar que el Tribunal Constitucional --que no se ha pronunciado aún ni en contra ni a favor-- "acorte los plazos de valoración de la suspensión".
   En este sentido, ha recordado que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha valorado ya las alegaciones sobre el catálogo y señalado, según ha reiterado Farjas, que la suspensión de la ley "ni en el peor de los escenarios generaría perjuicio a los demandantes y sería, sin embargo, alarmante el perjuicio que su suspensión supondría para las arcas de la sanidad pública gallega".
   La titular de Sanidade asegura que tanto los profesionales como los ciudadanos de su comunidad "han entendido de forma excepcional que, en este momento, hay que apostar claramente para evitar gastar donde no es necesario y seguir manteniendo las inversiones donde sí lo son".

Farjas: "La suspensión del catálogo nos obliga a dialogar con rehenes" (Xornal de Galicia): La Xunta pide que el TC se pronuncie pronto

 

Sanidad mantendrá la suspensión del catálogo gallego de medicamentos, pero siguen abiertos a dialogar con la Xunta (Europa Press)    
    

Farjas: Galicia solo negociará la retirada del recurso en el TC

Los técnicos enviados por Pajín se niegan a abrir una vía de acuerdo en Santiago


ABC 

Los técnicos enviados ayer por el Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales con la Xunta sobre el catálogo priorizado de medicamentos puesto en marcha por el gobierno gallego y bloqueado la pasada semana por el Tribunal Constitucional (TC) se marcharon sin avanzar ni un ápice en la negociación y tras haber creado un importante malestar en la Consellería de Sanidad. Su responsable enviaba ayer un mensaje muy claro a la ministra desde el Parlamento gallego: «Solo cabe un punto de negociación: la retirada del recurso».

La postura de máximos de Farjas se materializó tras el anuncio, por parte de Pajín, de la quinta reunión bilateral Xunta-Ministerio, que el gobierno gallego considera una «improvisación» tras el anuncio de la ministra en el Congreso para hacer ver que Moncloa mantiene una postura dialogante en el conflicto. La Consellería entiende que los técnicos enviados «a toda prisa» por el Ministerio acudieron sin haber estudiado ninguna propuesta concreta para plantear en la negociación y, además, sin la menor intención de llegar a un acuerdo que no suponga, en la práctica, la retirada de los artículos de la ley de contención del gasto farmacéutico que sustentan el catálogo. Retirar estos artículos restaría a la ley su verdadera esencia, por lo que el departamento dirigido por Farjas se niega a discutir de nuevo cuestiones que ya creía zanjadas, como que la Xunta costeará todas las presentaciones incluidas en el nomenclator nacional. «Galicia está dispuesta a dialogar, siempre que se retire el catálogo», explicaron

A su vez, el Ministerio de Sanidad condicionó la retirada del recurso presentado por el Gobierno central ante el TC contra la ley gallega a que la Xunta presente «una propuesta concreta de modificación legal de la normativa recurrida». Responsables del departamento encabezado por Leire Pajín aseguraron a Europa Press que el Ministerio no moverá ficha hasta conocer «los cambios concretos y el procedimiento para hacerlos operativos» que han reclamado a la Consellería, modificaciones que la Xunta entiende de máximos. Desde Madrid aseguraron además que citarán a los servicios jurídicos de la Xunta para una reunión que tendría lugar la próxima semana, de la que por el momento el Ejecutivo gallego no tiene constancia.

Acusaciones en el pleno

El bloqueo del catálogo por parte del Constitucional motivó ayer un acalorado debate, con guerra de cifras incluida, entre la responsable de Sanidad de la Xunta, que compareció a petición propia, y los partidos de la oposición.

Farjas acudió al pleno con datos como un ahorro de 8,4 millones en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior (un 11% menos); el incremento de un 23,8% en la prescripción de genéricos entre 2005 y 2009 o la diferencia positiva, de un 60%, entre el ahorro que permite el catálogo priorizado gallego y la entrada en vigor de la orden de nuevos precios de referencia del Ministerio de Sanidad. La del catálogo, apostillaba Farjas, «es una ley que solo parece no entender el señor Zapatero». La conselleira negó además que haya sido el Constitucional el que haya bloqueado la medida de ahorro, sino el Gobierno, cuyo recurso obliga al Alto Tribunal a instar de forma automática a la suspensión.

Desde la oposición, tanto la nacionalista María Luísa Bouza como el socialista Modesto Pose achacaron a la Consellería defectos en la aplicación de la Ley de Racionalización. La primera alegó que se había incumplido la ley al no haber logrado un consenso en su aplicación con las oficinas de farmacias y lamentó situaciones de desabastecimiento, mientras que el segundo refirió incluso el caso de enfermos de epilepsia con problemas al modificarse un medicamento diferente del que se les venía recetando. Todas estas aseveraciones fueron negadas por Farjas, a la que no le constan incidencias de los servicios de la unidad permanente que comunica desabastecimientos ni en el sistema de comunicación de reacciones adversas.

Los portavoces de la oposición sí difirieron en el fondo de su postura. Así, Bouza, que como el BNG apoya el catálogo, preguntó por un «plan B» ante el bloqueo del Gobierno y acusó a San Caetano de no tener capacidad negociadora. Pose, por su parte, defendió las competencias de Pajín «para decidir qué financia y qué no financia». Y «avisó» a Farjas: «Si yo soy parte de la comisión negociadora del Ministerio y me suelta el discurso que ha hecho, le digo: Adiós, hasta luego».

     

Controversias en sanidade

Catálogo: A Xunta desafiou o goberno central cun decreto. O Ministerio de Sanidade non tivo máis remedio que recorrer ante o Tribunal Constitucional para frear a aplicación dun catálogo restritivo que lles impedía aos médicos galegos receitar varios centenares de fármacos financiados no resto do Estado.

Galicia Confidencial

 
Esta norma da Xunta superaba intencionadamente a capacidade lexislativa da autonomía. Agora está en suspensión cautelar. Non poden aducir ignorancia: coñecen ben os límites e, ademais, estaban advertidos polo Ministerio. O lexislador non pode burlar a lei. Porque máis que buscar o aforro en menciñas o que puxo en marcha Feijóo foi unha gran campaña publicitaria (orquestrada por certos medios de comunicación) para aparecer como o campión dos xenéricos e da austeridade e sinalar, de paso, a ZP como cómplice da industria farmacéutica. Resultan patéticas certas proclamas soberanistas (Farjas) mentres o PP está a cuestionar o estado das autonomías.
Povisa: En novembro o Hospital Povisa, que atende preto de 150.000 persoas na área de Vigo, anunciou un ERE que afectaba a 800 traballadores. Esta medida foi neutralizada polo Sergas ao prorrogar o concerto e iniciar negociacións para outro novo. Nestes días pasados anunciou a suspensión do pagamento das nóminas aos traballadores. A ameaza non se cumpriu ao producirse unha nova achega económica por parte do Sergas. A chantaxe, a ameaza e a utilización dos traballadores como reféns forman parte dos métodos de negociación deste grupo. Máis o que resulta sorprendente é que a xerenta do Sergas, Rocío Mosquera, ten unha forte vinculación con esta empresa: foi moitos anos directora do Sanatorio da Esperanza de Santiago (pertencente ao grupo sanitario Nosa Terra, tamén propietario de Povisa). Resulta evidente o conflito de intereses. A súa capacidade negociadora, como máxima responsable do Sergas, está totalmente condicionada pola pertenza ao cadro directivo da empresa privada. Neste negocio a xerenta actúa como xuíz e parte. Mesmo se pode pensar que as ameazas públicas non son máis que unha posta en escena. A pronta resolución dos conflitos e a claudicación do Sergas ante a chantaxe de Povisa contrasta coa actitude intransixente ante o Ministerio. En tempos recentes unha situación como esta tería provocado un grande escándalo parlamentario e mediático. Agora todo é silencio. E pregunto: que fai a oposición? Por que non se denuncia esta evidente irregularidade?.

  

‘Pachi’ alerta de que a Xunta prevé copagamento de servizos públicos

Facenda exemplifica entre as vías de financiamento dos plans do Goberno o pagamento parcial por parte dos cidadáns

Xornal de Galicia

Como xa acontecera a principios de 2010, a Consellería de Facenda publicou o 11-3-2011 no Diario Oficial de Galicia (DOG) as instrucións polas que o resto de departamentos da Xunta deben guiarse para elaborar “a memoria económico-financeira” á hora de presentar novas leis ou calquera outro tipo de plans. Entre esas instrucións, o departamento que dirixe Marta Fernández Currás sinala que todo proxecto do Goberno debe detallar as “posibilidades ou alternativas existentes para o seu financiamento”, entre elas, “de ser o caso, “os ingresos xerados” polo proxecto que se estea a tratar.
Horas máis tarde de ser publicada, esta orde chegaba á sesión de control parlamentario ao presidente da Xunta a través do secretario xeral do PSdeG, Manuel Pachi Vázquez, quen dixo que no “exemplo” que Facenda achega ás demais consellerías para especificar o financiamento das súas actuacións se inclúe como posible vía o “copagamento”. Isto é, que os servizos prestados, infraestruturas ou calquera actuación da Xunta sexan, en parte, financiados directamente polo cidadán. Na orde inclúese tamén o cobramento de “prezo privado”, é dicir a posibilidade de que a Administración autonómica cobre polas súas tarifas cantidades que lle permitan obter beneficios –un obxectivo que non perseguen as coñecidas como taxas ou prezos públicos–.
“Aparte de recortar dereitos a todos os galegos, explíqueme isto do copagamento”, esixiulle Vázquez, a Alberto Núñez Feijóo, a quen pediu que detalle se esta medida podería aplicarse “ao servizo sanitario, ás prestacións sociais, ás ambulancias” ou “ao transporte escolar”, entre outras posibilidades. “As preguntas parlamentarias son para darlle respostas á oposición”, enfatizou o líder dos socialistas”.
Fronte á cuestión formulada por Vázquez e mentres, na bancada do Goberno, varios conselleiros negaban xestualmente a alusión do socialista á instrución publicada no DOG, Feijóo resolveu cun “alá vostede” a resposta ao secretario xeral do PSdeG xa que o copagamento, di, foi “formulado polo señor [Antoni] Castells –ex conseller de Economía da Generalitat catalá–” e, na actualidade, quen “aumenta o copagamento” é o PSdeG “a todos os que mercamos medicamentos”, en referencia ao recurso do Goberno central contra o catálogo priorizado de medicamentos da Xunta. Non obstante, ao longo de toda a súa intervención, Feijóo non rexeitou a posibilidade de que o Goberno financie as súas actuacións pola vía do copagamento.

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Feijóo: "El PSOE es antisocial y la Xunta es la garantía de los servicios públicos"(El País): Presume de los hospitales de pago aplazado y culpa a Touriño de dejar deudas.

 

Pachi Vázquez acusa a Facenda de sugerir el copago para financiar la sanidad (El Mundo): Pachi Vázquez dice que Facenda sugiere el copago. Feijóo replica al líder del PSdeG de aumentar el copago en las farmacias con su rechazo al catálogo de medicamentos.

 

 O PSdeG alerta do copago nos servizos públicos (Galicia Hoxe): Vázquez desvela as intencións de Feijóo de introducir esta fórmula e critica os recortes sociais

         

Vázquez dice que la Xunta va al copago, pero Feijóo lo niega y lo achaca al PSOE (El Correo Gallego) : El presidente destaca que el Gobierno de ZP es el que incrementa esta fórmula "a todos los que compramos medicinas". Socialistas y nacionalistas cargan contra los "recortes" 

 

   

A oposición advirte da discriminación e falta de equidad da e-receita

A nacionalistas denunciaron hoxe que a maioría dos problemas que rexistra a e-receita obedecen a unha «decisión política» da Consellería por «conseguir titulares a calquera prezo e implantando un sistema a canón» onde non se daban as circunstancias para facelo.


La Voz de Galicia

O BNG e o PSdeG advertiron hoxe á Xunta da «discriminación» e «falta de equidad» que supón a implantación da receita electrónica sobre todo no medio rural, ante o que o PPdeG considerou que «fai falta ser ignorante» para aludir este extremo en relación ao catálogo galego.

O pleno do Parlamento acolleu hoxe o debate dunha proposición non de lei do BNG, que foi rexeitada, na que se pedía instar á Xunta a autorizar de xeito inmediato a todo o persoal prescriptor dos centros de saúde onde está implantada a e-receita a utilizar o sistema definitivo e a resolver os problemas de dispensación que vaian aparecendo sen que se discrimine aos pacientes afectados.

A defensora da iniciativa, a deputada nacionalista Ana Luisa Bouza, sostivo que «non é verdade» que o 98 % da poboación galega conte con devandita implantación, nin que non haxa problemas con esta medida, como asegurou a Consellería de Sanidade, precisou.

Segundo Bouza, a maioría dos problemas que rexistra a e-receita obedecen a unha «decisión política» da Consellería por «conseguir titulares a calquera prezo e implantando un sistema a canón» onde non se daban as circunstancias para facelo.

Aludiu aos pacientes crónicos, maiores e do rural como os principais afectados por unha situación na que, sostivo, por mor da e-receita triplícanse» as visitas á farmacia e o tempo de resposta, cando coa receita en papel contaban con medicamentos para tres meses, dixo.

Se a iso se engade a casuística do rural, onde as oficinas de farmacia «non son tan accesibles», o problema agrávase para as persoas maiores con dificultades de mobilidade, que prefiren «pagar do seu peto» o medicamento que non inclúe a receita porque lles sairía máis caro» abonar o taxi cada quince días.

Por esa razón avogou por eliminar esta situación provisional intermedia do procedemento, que obriga ao médico a prescribir a receita electrónica pero tamén en papel, explicou, que «non beneficia a ninguén» e provoca que as farmacias se volvan tolas».

«Se non se pode implantar a receita electrónica volvan atrás», espetou a parlamentaria nacionalista.

Carmen Acuña, do grupo socialista, pediu ademais de «equidad, legalidade», pois «parece unha tolemia que a oposición teña que pedir na Cámara que se cumpra coa lei», que existan «desigualdades na implantación» porque os problemas técnicos non explican «todos os atrasos na implantación» e que «falte transparencia».

    

PILAR FARJAS EN EL PLENO DEL PARLAMENTO: “El Gobierno central está defendiendo los intereses de las multinacionales farmacéuticas”

La consejera asegura que la decisión de suspender el catálogo fue tomada “unilateralmente por Zapatero” 

Redacción Médica


Una vez más, el Pleno del Parlamento gallego ha discutido sobre el catálogo priorizado de medicamentos, ahora paralizado temporalmente por una disposición del Tribunal Constitucional. Sin embargo, según la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, ha sido “una decisión unilateral” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha demostrado “ponerse de lado de las multinacionales farmacéuticas”.
En el transcurso del debate, Farjas ha recordado que la suspensión del catálogo sólo atañe a algunos artículos y que la Consejería de Sanidad seguirá trabajando en los puntos que no se han recurrido, en las medidas de impulso a la prescripción de genéricos, de seguridad y calidad.

Por otro lado, la portavoz en Sanidad del BNG, Ana Luisa Bouza, que en un principio apoyó la iniciativa de creación de esta ley, ha subrayado que “su implantación se ha convertido en un desastre” por no haber un consenso con las farmacias, lo que ha provocado problemas de abastecimiento. También ha denunciado la falta de información hacia los pacientes, entre los cuales “se generalizó el pensamiento de que se prescribían medicamentos de menos calidad”. Para Bouza, se ha causado con esto “un estigma para los genéricos”.
El portavoz del PSdeG, Modesto Pose, ha apuntado que se está utilizando el debate de los genéricos con referencia al catálogo “cuando no tienen nada que ver”, y ha recordado que su partido político sí apoya el impulso a la prescripción de genéricos.
En su turno de intervención, el portavoz del PPdeG y presidente de la Comisión de Sanidad, Miguel Ángel Santalices, aseguró que la ley que creaba el catálogo era “impecable”, una lista priorizada de fármacos que el Gobierno de Cataluña también quiere crear y que en este caso, “el Gobierno central sí que iría a negociación”.
Para finalizar, Farjas puntualizó que el Gobierno puede suspender la ley, “pero no podrá influir en las conciencias y voluntades de nuestros profesionales”, con los cuales se consensuó, según la consejera, la creación de este catálogo.

Farjas advirte a Sanidad de que "só cabe a retirada do recurso" contra o catálogo

O BNG pregunta polo "plan B", o PSdeG esíxelle que "exerza as súas competencias" e o PP resalta que "a Cataluña non llo farían"

 

Europa Press

A conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, advertiu ao Ministerio de Sanidad que "só cabe un punto de negociación", que é "a retirada do recurso" presentada polo Goberno central ante o Tribunal Constitucional (TC), que levou consigo a suspensión preventiva do catálogo de medicamentos priorizar de Galicia que, segundo destacou, permitiu aforrar 8,4 millóns de euros en febreiro en gasto farmacéutico nesta comunidade.

   Na súa comparecencia no pleno do parlamento para informar sobre medidas responsables de eficiencia no gasto farmacéutico, a conselleira avanzou que o pasado mes de febreiro a factura farmacéutica se reduciu un 11 por cento --de 74,8 a 66,8 millóns-- con respecto ao mesmo período do ano anterior. "Máis de oito millóns que quedaron nos petos dos galegos para reinverter na sanidade pública", afirmou.
   Ao respecto, Farjas insistiu na "bondade" da lei galega pola que foi creado o catálogo que "só parece non entender o Goberno". "Por unha parte di que temos que aforrar, pero cando poñemos medidas eficaces enriba da mesa, recorren", recordou a titular de Sanidade, que insistiu en que "hai grande marxe de mellora" na redución do gasto farmacéutico, que supón un "31 por cento" do desembolso do Sergas.
   Segundo recordou na súa comparecencia, en 2008 Galicia situábase á cola en prescrición de xenéricos cun 10 por cento sobre o total --menos da metade de media de España-- e o gasto farmacéutico experimentou un incremento do 23,8 por cento entre os anos 2005 e 2009. Por iso, aseverou que na anterior lexislatura "a política de xestión farmacéutica foi nula", mentres que actualmente a prescrición de xenéricos se sitúa no 30 por cento --datos de febreiro--.
   Deste modo, tras recordar as diversas iniciativas de fomento da prescrición de xenéricos ou de medicamentos de menor custo, subliñou que "se alcanzaron resultados", entre os que ha destacou o aforro de 7,6 millóns entre xuño de 2009 e decembro de 2010 e dun millón no segundo semestre de 2010 co cambio a unha prescrición máis eficiente.
   Neste sentido, a conselleira recalcou que a Administración sanitaria galega ante a "pasividade" do Ministerio de Sanidad segue "valorando medidas" no ámbito da súa competencia a favor do aforro e a eficiencia. Ao respecto, incidiu en que a "iniciativa de maior impacto" foi ao Lei 12/2010 pola que foi creado o catálogo porque supón unha "aposta leal, legal e eficiente consensuada" cos "profesionais, sindicatos e colexios profesionais", ente outros.

PLAN B

   Non obstante, o Grupo Parlamentario do BNG reclamoulle que expuxese o seu "plan B" tras a suspensión preventiva do catálogo, ao tempo que criticou a "falta de capacidade negociadora" da Xunta e a "falta de interlocución co Estado". Ademais, manifestou que a Cámara autonómica "non debe manterse parada" ante a inacción do Goberno".
   "A Consellería de Sanidade mostrou con moita claridade como unha boa medida -a lei de racionalización do gasto farmacéutico-- pódese converter nun desastre na súa implantación", afirmou a deputada nacionalista Ana Luisa Bouza, para criticar que non consensuase, segundo dixo, coas farmacias o desenvolvemento do catálogo, á vez que recordou os problemas de stock dalgunhas boticas tras a súa posta en marcha en xaneiro.  "Vén aquí e dinos qué malos son os de Madrid. ¿Cal é o seu plan B?", preguntou, ao tempo que engadiu que "lamentarse non é a solución".
   Mentres, o voceiro de sanidade dos socialistas, Modesto Pose, considerou que o Executivo central "está a facer o seu traballo". "Ten competencias para exercelas, exérzaas e deixe aos demais facer o seu traballo, que o están a facer ben," recomendou a Farjas. Así mesmo, recalcou que Sandiade "conseguiu confundir bastante a poboación" porque no catálogo, segundo matizou, "os medicamentos están restrinxidos, non os principios activos".
   Pose apuntou que mentres en España o gasto farmacéutico se reduciu en 2009 en Galicia subiu "un 6,4%", dous puntos por enriba da media estatal, o que a situaba como a cuarta con maior gasto, e que en 2010 o aumento foi do 4%, sendo a segunda autonomía con maior desembolso.

"ACUCHILLAMIENTO"

   Fronte ás críticas da oposición á consellería, o voceiro en materia sanitaria do PPdeG, Miguel Santalices, lamentou ter que falar "do acuchillamiento unha vez máis que o Goberno central faille a Galicia, e non son poucos, en relación ao recurso presentado no TC, e considerou que "a Cataluña non llo farían".
   Así mesmo, Santalices reprobou a "deslealdade da ministra de Sanidade" coa conselleira e a "desigualdade" coa que o Goberno central "trata as comunidades". "Con algunhas actúa ensinando a navalla", apostilou o deputado popular, que defendeu a "lei impecable" recorrida.
   "Vos relanuxes a un do sen navallas, nas urnas, e onde nós imos pedir que os fustriguen duramente, porque o merecen,", sentenciou Miguel Santalices, quen reprochou de novo á oposición que "demonice os xenéricos".

"NON HOUBO PROBLEMAS"

   Ante os reproches da oposición, Farjas replicou que "non houbo desasbastecimiento" nin "problemas" nas farmacias galegas e recordou que os médicos cambiaron "máis de 350.000 tratamentos". Tamén precisou que "un medicamento non é unha marca".
   Sobre a negociación co Goberno central, que enviou este mércores asesores xurídicos par tratar de alcanzar un acordo sobre o catálogo, considerou que a ministra "debería aclarar que entende por equidade".
   Tamén, a conselleira indicou que o ministerio "só tiña unha dúbida", en relación a "se se ían pagar todos os medicamentos da Toponimia". "E estaba aclarada", aseverou, ao tempo que avisou de que "é o Goberno de España quen ten que poñer en evidencia que ten vontade de diálogo".
   "Espero que o Goberno central deixe a un lado os intereses políticos e outros intereses", reclamou Farjas en relación ao catálogo, quen estimou que "se todas as comunidades o adoptasen, o Estado podería aforrar máis de 1.500 millóns de euros ao ano". "Malia estar suspendido o catálogo, a lei non está recorrida na totalidade e a comunidade segue sendo competente para impulsar medidas. Seguimos potenciando a prescrición e uso dos xenéricos", concluíu.

Sen achegamento na negociación sobre o catálogo de fármacos

El Ministerio condiciona la retirada del recurso a que la Xunta presente "una propuesta concreta de modificación legal"

Farjas al Ministerio: «Sólo cabe un punto de negociación: retirar el recurso»

 

 

   

El gobierno "premia las altas médicas" y los facultativos se niegan

Impone este sistema de incentivos para evitar que la Seguridad Social pierda dinero

 

ABC

Algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno socialista para intentar evitar que las cuentas de la Seguridad Social entren en déficit, están chocando con las reticencias de algunos colectivos, como el caso de los inspectores médicos, que se niegan a claudicar de sus principios morales y éticos, a cambio de dinero.

Una de estas medidas consiste en incentivar económicamente las altas que los médicos dan entre sus pacientes, con el objetivo de evitar que la Seguridad Social tenga que gastarse una parte de sus reservas en hacer frente a estas bajas. Cuando las bajas de los trabajadores se prolongan en el tiempo, una parte de su sueldo lo financia la empresa a la que pertenece, pero otra tiene que salir de los fondos del Instituto de la Seguridad Social, cada vez más exiguos desde que comenzó la crisis económica.

El Ejecutivo implantó en 2008 un sistema por el que paga unos incentivos, que son una media por médico de 1.200 euros al semestre y 200 euros al mes, si consiguen convertir en altas el 15 por ciento de los pacientes en baja que diagnostican, según han asegurado a ABC fuentes de este colectivo. Cuantas más altas firmen más dinero ahorran a las arcas de la Seguridad Social, que ahora sigue manteniendo un ligero superávit, gracias a los intereses del fondo de reservas.

Pero el sentido ético y la profesionalidad de muchos de los médicos de la Seguridad Social ha chocado con los deseos de la Administración de intentar ahorrar de todas las partidas a las que les pueda aplicar un recorte. De ese quince por ciento que se le ha asignado a cada médico, durante el primer semestre del año sólo se consiguió llegar al 4, 36, repitiéndose un porcentaje similar en el segundo semestre del año anterior, según estas mismas fuentes médicas.

La conclusión es clara: los médicos prefieren perder dinero antes que forzar el alta a sus pacientes. Las consecuencias de «dar altas mal diagnosticadas puede ser aún peor», según señala el colectivo, ya que la responsabilidad de cualquier recaída o empeoramiento de la enfermedad que padecen los pacientes, afecta directamente a los médicos que las han firmado.

Dimisiones

El desarrollo de la implantación de este sistema de incentivos está creando un gran malestar en el colectivo de los Inspectores Médicos de la Seguridad Social, responsables de gestionar las altas. Éstos aseguran que este sistema está «mal diseñado» porque el Gobierno les pone «entre la espada y la pared, ya que por cumplir nuestro trabajo no vamos a recibir los incentivos».

Este malestar ha derivado incluso en algunas dimisiones, como ha sido el caso de un subdirector, que no ha querido gestionar este «sistema perverso de incentivos». Ha preferido optar a una plaza de menor categoría laboral y económica, antes que ocupar un cargo de dirección y verse obligado a gestionarlo.