Madrid empieza a mostrar los resultados del sistema de financiación para la construcción de hospitales públicos que ha importado el Gobierno de Núñez Feijóo. La coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de esta comunidad (CAS Madrid) denunció esta semana que las empresas que se encargaron de la construcción de los ocho hospitales que puso en marcha Esperanza Aguirre ya han recibido el 92% de la inversión que efectuaron, a pesar de que todavía cobrarán unos 200 millones anuales como alquiler hasta 2037. Con esta línea, el modelo de los gobernantes populares habrá multiplicado por siete el coste de las infraestructuras en treinta años de funcionamiento.
La construcción y equipamiento básicos de los ocho nuevos hospitales madrileños –construidos con el sistema de financiación privada que la Consellería de Sanidade aplicará a los hospitales de Pontevedra y Vigo– ªcostó alrededor de 840 millones de eurosª, por lo que con los pagos realizados desde 2007 por la Administración “las empresas ya han recuperado el 92% de lo invertido”, censura.
“La inversión es inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes”, ataja esta organización en defensa de los servicios públicos, que recuerda que la comunidad que gobierna Esperanza Aguirre todavía tendrá que pagar unos 200 millones de euros en concepto de alquiler hasta 2037. Es más, el gobierno podrá decidir en esta fecha prorrogar el contrato con las empresas adjudicatarias otros treinta años más.
Las cifras que maneja CAS Madrid señalan que desde que comenzaron a a funcionar los ocho centros de Vallecas, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Aranjuez y Puerta de Hierro-Majadahonda en 2007, la Administración ya ha abonado un total de 776 millones de euros a las empresas que se encargaron de la construcción de los mismos. Una cantidad que supone el 92% de los 840 millones que costaron las infraestructuras.
La organización recuerda también que el gasto en personal corre por parte de las empresas concesionarias, para comprobar la “cruda realidad” de estos centros: “hospitales de 200 camas que en el turno de noche disponen de una sola limpiadora y tres celadores”. Los salarios de los trabajadores de los nuevos hospitales son calificados de “miseria”, pues según señalan son un “30% menores que los de los centros públicos”. A mayores, este organismo mantiene que las empresas “ocultan” los beneficios que obtienen por otros servicios como la cafetería o el aparcamiento.
La construcción y equipamiento básicos de los ocho nuevos hospitales madrileños –construidos con el sistema de financiación privada que la Consellería de Sanidade aplicará a los hospitales de Pontevedra y Vigo– ªcostó alrededor de 840 millones de eurosª, por lo que con los pagos realizados desde 2007 por la Administración “las empresas ya han recuperado el 92% de lo invertido”, censura.
“La inversión es inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes”, ataja esta organización en defensa de los servicios públicos, que recuerda que la comunidad que gobierna Esperanza Aguirre todavía tendrá que pagar unos 200 millones de euros en concepto de alquiler hasta 2037. Es más, el gobierno podrá decidir en esta fecha prorrogar el contrato con las empresas adjudicatarias otros treinta años más.
Las cifras que maneja CAS Madrid señalan que desde que comenzaron a a funcionar los ocho centros de Vallecas, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda, Aranjuez y Puerta de Hierro-Majadahonda en 2007, la Administración ya ha abonado un total de 776 millones de euros a las empresas que se encargaron de la construcción de los mismos. Una cantidad que supone el 92% de los 840 millones que costaron las infraestructuras.
La organización recuerda también que el gasto en personal corre por parte de las empresas concesionarias, para comprobar la “cruda realidad” de estos centros: “hospitales de 200 camas que en el turno de noche disponen de una sola limpiadora y tres celadores”. Los salarios de los trabajadores de los nuevos hospitales son calificados de “miseria”, pues según señalan son un “30% menores que los de los centros públicos”. A mayores, este organismo mantiene que las empresas “ocultan” los beneficios que obtienen por otros servicios como la cafetería o el aparcamiento.
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