La amenaza del copago de los servicios públicos reaparece en el debate político cada cierto tiempo. Hace unas semanas, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguraba que aunque actualmente este tema no está en la agenda del Gobierno, habría que reconsiderarlo en un futuro; declaraciones que, de forma inmediata, fueron precisadas por el presidente Zapatero, quien sentenció el debate afirmando que el ahorro que representa el copago es escaso y no merece la pena. En Galicia, la última sesión de control al Ejecutivo autonómico ha servido para reabrir la polémica después de que el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, preguntara al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acerca de un documento de la consellería de Facenda vinculado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que sugiere el copago como fórmula de financiación alternativa de los proyectos que impulsen los distintos departamentos del Gobierno.
La insistencia del jefe de la oposición por conocer si la Xunta impondrá el copago en algunos servicios públicos no tuvo resultados y, con un comportamiento que evidenció que la medida no disgusta al Ejecutivo, el líder popular optó por no explicar el significado ni la trascendencia de esta orden y recurrió al argumento de que el ex conseller catalán de Economía, Antoni Castells, apostaba por el copago. Que la Xunta trabaje con esta opción no causa sorpresa si se tiene en cuenta que, en julio del pasado año, durante la presentación del plan Estratexias Sergas 2014, el presidente apuraba al Gobierno central a avanzar en el copago sanitario pero, si sorprende si se recuerdan las afirmaciones que, en varias ocasiones, ha realizado la conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, insistiendo en que el Gobierno gallego no contemplaba ni contemplaría el copago en cuanto su efectividad es dudosa y los servicios públicos ya están cofinanciados a través de los impuestos. Dos posturas antagónicas que demuestran la descoordinación del Ejecutivo en este asunto sobre el que el presidente Feijóo debería arrojar algo de luz aclarando cuáles son sus planes sobre la implantación del copago de los servicios públicos.
Pero si el presidente de la Xunta tiene pensado apostar por este sistema de financiación no cabe esperar que lo anuncie en plena precampaña de las municipales de mayo. Se trata de una medida con fuerte rechazo social e inciertas ventajas, a pesar de que España es uno de los pocos países europeos en los que, en el ámbito sanitario, no se cobra por acudir a la consulta de atención primaria, de un especialista o hacer una radiografía o una analítica.
Mientras para algunos expertos el copago es necesario, e incluso imprescindible, para sostener el Estado de Bienestar, para otros supone un retroceso en la política social. Ante una situación de crisis económica como la actual, aunque las cantidades a pagar fueran simbólicas, para un importante sector de la población serían excesivas y desequilibrarían aún más los presupuestos familiares. Aplicar el copago, por ejemplo en algunas prestaciones sanitarias, contribuiría a enfatizar las desigualdades del sistema sanitario que viene de denunciar el Consejo Económico y Social, que sitúa a nuestra comunidad entre las que menos presupuesto sanitario dedican por habitante.
La insistencia del jefe de la oposición por conocer si la Xunta impondrá el copago en algunos servicios públicos no tuvo resultados y, con un comportamiento que evidenció que la medida no disgusta al Ejecutivo, el líder popular optó por no explicar el significado ni la trascendencia de esta orden y recurrió al argumento de que el ex conseller catalán de Economía, Antoni Castells, apostaba por el copago. Que la Xunta trabaje con esta opción no causa sorpresa si se tiene en cuenta que, en julio del pasado año, durante la presentación del plan Estratexias Sergas 2014, el presidente apuraba al Gobierno central a avanzar en el copago sanitario pero, si sorprende si se recuerdan las afirmaciones que, en varias ocasiones, ha realizado la conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, insistiendo en que el Gobierno gallego no contemplaba ni contemplaría el copago en cuanto su efectividad es dudosa y los servicios públicos ya están cofinanciados a través de los impuestos. Dos posturas antagónicas que demuestran la descoordinación del Ejecutivo en este asunto sobre el que el presidente Feijóo debería arrojar algo de luz aclarando cuáles son sus planes sobre la implantación del copago de los servicios públicos.
Pero si el presidente de la Xunta tiene pensado apostar por este sistema de financiación no cabe esperar que lo anuncie en plena precampaña de las municipales de mayo. Se trata de una medida con fuerte rechazo social e inciertas ventajas, a pesar de que España es uno de los pocos países europeos en los que, en el ámbito sanitario, no se cobra por acudir a la consulta de atención primaria, de un especialista o hacer una radiografía o una analítica.
Mientras para algunos expertos el copago es necesario, e incluso imprescindible, para sostener el Estado de Bienestar, para otros supone un retroceso en la política social. Ante una situación de crisis económica como la actual, aunque las cantidades a pagar fueran simbólicas, para un importante sector de la población serían excesivas y desequilibrarían aún más los presupuestos familiares. Aplicar el copago, por ejemplo en algunas prestaciones sanitarias, contribuiría a enfatizar las desigualdades del sistema sanitario que viene de denunciar el Consejo Económico y Social, que sitúa a nuestra comunidad entre las que menos presupuesto sanitario dedican por habitante.
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