La publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia de la ley que establecerá un catálogo de medicamentos propio de la comunidad y más restringido que el estatal ha sido recibida con protestas por parte de los colectivos.
El punto clave de la norma es que limita la financiación pública a los medicamentos de menor precio de los que figuran en el nomenclátor del Sistema Nacional de Salud, lo que supone en la práctica que productos financiados en otras comunidades no lo sean en Galicia.
La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria cargó ayer contra la norma, según recoge Europa Press. Advierte de "graves consecuencias" para el sector farmacéutico y la ciudadanía. "Representa un atentado contra la libre prescripción médica y la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles respecto a los ciudadanos residentes fuera de Galicia", sostiene, y piden la retirada de la ley.
En términos similares se expresa la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, que manifestó su "rechazo frontal" a la norma. "Con la medida de la Xunta habrá pacientes que no puedan seguir su tratamiento actual, pues su medicamento quedará fuera del catálogo de financiados", vaticina. "A cambio [prosigue] los pacientes recibirán un medicamento alternativo que podría cambiar cada dos meses, periodo mínimo de vigencia del catálogo según la ley gallega. Esto compromete la adherencia a los tratamientos, sobre todo en los mayores que toman varias medicaciones", añaden.
El Ministerio de Sanidad no salió ayer de su estrategia de cautela ante la norma. En Madrid dicen estar analizando el texto "para ver qué contiene" y determinar si invade competencias. En el debate parlamentario de la nueva ley solo el PSdeG votó en contra -El BNG se sumó a la iniciativa del PP-, precisamente con el argumento de que invadía competencias estatales. En el trámite en la cámara se modificó, de hecho, la mención al catálogo, que incorporó el adjetivo "priorizado" para sortear problemas jurídicos.
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