13 DE MAIO DE 2010

13 DE MAIO DE 2010
13 DE MAIO DE 2010: GRAZAS!!!

NOTICIAS DA SAÚDE (EUROPA PRESS)

NOVAS DA SAÚDE

NOTICIAS GALIZA



NOVAS DE GALIZA:





29 dic 2010

Tóxicos conspiradores

El filón de Wikileaks no para de ofrecer informaciones que no por sabidas dejan de ser escandalosas y nos muestran a las claras quién dedice las políticas que afectan a nuestra salud y mediambiente. Como publica El País, haciéndose eco de los comunicados que ofrece Wikileaks:
España es "el mayor aliado" de EE.UU. en su pugna a favor de los transgénicos en Europa.
El tema afecta a compañías norteamericanas como Monsanto (en la foto el lobbista de Monsanto en España, Jaime Costa) o Syngenta y asoma con frecuencia en los cables que la embajada en Madrid envía a Washington. La historia no es nueva. En junio de 2007 tres periodistas publicábamos el libro Conspiraciones tóxicas. En él describíamos en un capítulo los paseos que se daba el lobbista mayor del reino de Monsanto por los pasillos del Ministerio de Agricultura, sobre todo cada vez que en el Parlamento Europeo se votaba algo referido a este asunto. Nos lo contaban algunos empleados bien situados que veían el espectáculo en vivo y en directo.
Destacar la actuación sumisa y perruna del secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, que llegó a pedir a la embajada de Estados Unidos, siempre según un cable, que "mantuviera la presión" sobre Bruselas para que la biotecnología siguiera siendo una opción para los Estados miembros.
EE.UU. se alegró de la decisión de fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en un "superministerio", lo que conducía a anular el trabajo de Cristina Narbona al frente de medioambiente, que no gustaba a los intereses privados. Tuve la oportunidad de entrevistar a la entonces ministra y me pareció honesta en la mayor parte de las cosas que comentamos.
En una reunión entre Eduardo Aguirre, ex embajador estadounidense en España, y la entonces ministra, Elena Espinosa (que nunca hizo honor a su apellido en este ámbito) celebrada en 2008, el embajador señala el tono bajo de Espinosa y cómo a menudo contesta a sus preguntas con gestos o asentimientos.
La embajada estadounidense resalta el nombramiento de Cristina Garmendia como ministra de Ciencia. De ella destaca que
"trabajaba para un grupo industrial de biotecnología (no agraria), y puede ser una aliada en temas de OGM en las discusiones del gabinete".
En este blog ya publicamos sobre cómo con el segundo cambio de gabinete realizado por Zapatero el lobby farmacéutico y transgénico entraba con fuerza en el gobierno español. Recuerdo una tarde en la que un amigo me llamó por teléfono. Estaba escuchando un espacio de radio, creo que en la SER. Estaban entrevistando al director de Comunicación de Monsanto que no paraba de escabullirse de las preguntas, algunas de ellas infantiles, hasta hacer el ridículo. Se le llegó a preguntar por el tema Garmendia con las mismas palabras que utilizaba este blog (eso sí la locutora no se molestó en citar la fuente).
Wikileaks viene a confirmar una vez más que estábamos en lo cierto (ya lo sabíamos). Con estas cosas ocurre que "todo el mundo las sabe" hasta que verdaderamente se entera. Es tremendo ver y comprobar cómo el gobierno español ha trabajado con EE.UU. y Monsanto en contra de sus ciudadanos y ciudadanas. De su salud y de su medioambiente. Son conspiraciones tóxicas.

    

FRAUDE: Power Balance admite en Australia que carece de base científica

De tecnología del rendimiento, nada; al menos, según admite la compañía en Australia.

 

"Power Balance se basa en la idea de optimizar el flujo de energía del cuerpo natural, similar a los conceptos detrás de muchas filosofías orientales. El holograma de Power Balance está diseñado para amplificar y responder al campo de la energía natural del cuerpo".
Suena tan bien que si encima ves a Kobe Bryant usando la pulsera, cuesta resistirse. Estas afirmaciones en la página web oficial (estadounidense, en este caso, la española está en mantenimiento) junto con una oportuna publicidad basada en atletas de élite usando la pulsera y un increíble boca a boca consiguieron que Power Balance se convirtiera en uno de los productos de moda.
Pero, claro, las declaraciones de la compañía a instancias de las autoridades australianas son harina de otro costal. "Admitimos que no hay pruebas científicas verificables que sostengan nuestras afirmaciones", admite la compañía Power Balance en un comunicado emitido por orden de un organismo australiano.
En este sentido, la Australian Competition and Consumer Comission (ACCC) ha condenado a la compañía a eliminar la "publicidad engañosa" de su sitio web y el embalaje publicar este aviso, devolverle el dinero a los consumidores que se consideren engañados y quitar las palabras "tecnología de rendimiento" de la propia pulsera.
Hace unos días, Italia sancionó a la compañía con 350.000 euros por estos motivos. En nuestro país, Andalucía multó con 15.000 euros a Power Balance, aunque la denuncia también fue remitida a la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad. Está por ver si será cursada por una ministra como Pajín, que la ha llevado en público.

 

Sanidad y CCAA acuerdan la financiación para los nuevos dependientes de 2011

El Ministerio de Sanidad y las CCAA han acordado el nivel mínimo de protección que el Estado trasfiere a las autonomías para las personas con dependencia moderada que empiezan a incorporarse a partir del 1 de enero de 2011.
Tras la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín ha destacado el compromiso y esfuerzo que están haciendo todas las administraciones para seguir desarrollando la ley a pesar "del duro momento" que estamos viviendo.
"A pesar de las dificultades, quiero lanzar el mensaje a la ciudadanos que son susceptibles de este derecho, que vamos a seguir adelante y que por tanto no renunciamos a la ley", ha dicho Pajín.
En el acuerdo, aprobado por unanimidad, se han pactado las cuantías tanto del nivel mínimo -la cantidad que la administración general del Estado tiene que transferir a las CCAA por cada dependiente- como de las prestaciones económicas para todos los grados y niveles en vigor.
Respecto al mínimo de protección garantizado se fija en 266 euros para Grado III Gran Dependencia Nivel 2, 181 euros para el mismo grado Nivel 1, 103 euros para Grado II dependencia severa Nivel 2, 70 euros para el mismo Grado de Nivel 1 y de 60 euros para los dependientes moderados Nivel 2.
"Cumpliremos con el calendario previsto por la Ley de Dependencia", ha insistido la ministra, quien ha admitido que una vez se concluya la evaluación de la ley se podrá abrir un debate "no sólo del modelo de financiación", sino de si "hay servicios o prestaciones susceptibles de mejora".
Incremento de los presupuestos iniciales
El Gobierno ha implementado varios suplementos de crédito para incrementar los presupuestos iniciales aprobados para hacer frente a los compromisos asumidos en la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que este año ha supuesto un total de 2.030 millones de euros.
Sanidad ha entregado a los consejeros de las CCAA un borrador de real decreto sobre centros, servicios y programas de referencia estatal en el SAAD, que pretende servir para impulsar la innovación, la investigación y el desarrollo de buenas prácticas para el futuro.
En un próximo Consejo de Dependencia se tratarán cuestiones como la atención integral a niños, la coordinación sociosanitaria -cuyo Libro Blanco se está elaborando- o la prevención de la dependencia, ha anunciado Sanidad.

   

El Pacto de Toledo da luz verde a la reforma de las pensiones con el respaldo del PP

La Comisión del Pacto de Toledo ha dado luz verde a las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones con el aval del PP, aunque sin unanimidad por el rechazo de los grupos minoritarios de la izquierda IU-ICV-ERC y BNG.
En concreto, el texto ha contado con el aval de 36 votos a favor, dos en contra correspondientes a las minorías de izquierdas y ninguna abstención.
El texto definitivo pone en un aprieto al Gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la 'censura' a la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar "sin la consulta y el debate" previó del Pacto de Toledo.
Ahora bien, la ambigüedad de las recomendaciones deja 'manos libres' al Gobierno para retrasar la jubilación y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años que se toman de referencia en la actualidad.
Durante el debate, la mayoría de los grupos han reprochado al Gobierno la celeridad imprimida para calmar la presión de los mercados y acabar legislando en contra de estas recomendaciones.
Tras algo más de dos horas de Comisión, los grupos parlamentarios debatirán las recomendaciones en Pleno, previsiblemente el 25 de enero, sólo tres días antes del Consejo de Ministros que espera aprobar el proyecto de ley del nuevo sistema público de pensiones.

   

* SOCIEDAD Los riesgos de adelantar un parto para poder cobrar el cheque-bebé

El director del Centro Nacional de Ecografía en Ginecología y Obstetricia asegura que se pone en riesgo la salud del bebé.

El director del Centro Nacional de Ecografía en Ginecología y Obstetricia (Cenego), Luis Mercé Alberto, ha asegurado este miércoles que adelantar los partos que no están a término, no sólo es algo "desaconsejable", sino que "está absolutamente contraindicado" en tanto que pone en riesgo la salud del bebé.
Mercé se ha referido a los casos de algunas mujeres que quieren adelantar el parto para cobrar el cheque bebé de 2.500 euros que dejará de ser efectivo a partir del 1 de enero y al respecto ha adelantado que, si se trata de un parto que no está a término, las repercusiones pueden ser negativas para el bebé y para la familia, y al final el daño "suele ser más caro que el cheque bebé".
"Lo peor sería adelantar partos que no estuviesen a término, es decir, que el niño no estuviese lo suficientemente maduro o bien para respirar o bien para comer. Esto plantea un problema perinatal porque hay que ayudar al niño desde el punto de vista de utilizar incubadora o medios especiales que aumentan tremendamente el gasto y ponen en riesgo la salud del recién nacido. Por tanto estaría totalmente en estos casos no desaconsejado, aquí está absolutamente contraindicado", ha afirmado el director de Cenego.
Respecto a la experiencia que tienen en el centro, Mercé ha aseverado que "ninguna de las embarazadas" que acuden a hacerse una ecografía "comentan en absoluto sobre su intención de adelantarse el parto", si bien no rechaza que ese movimiento exista, sobre todo en los "blogs de Internet" donde sí se habla de la posibilidad de adelantar el alumbramiento.
En defensa de la sanidad privada
Mercé ha querido diferenciar los casos en los que se pretende adelantar el parto por motivos económicos de las inducciones que se van a realizar "por motivos médicos" estas últimas semanas de diciembre, y que pueden ponerse en tela de juicio. Al respecto, ha aclarado que las inducciones que sean necesarias se llevarán a cabo "lógicamente tanto en la medicina pública como en la privada" y, por ello, "nada tiene que ver con el cheque bebé".
Entiende "perfectamente" que haya gente con mala situación económica que requiera de esa prestación, pero cree que no es un problema que se solucione "con una inducción de parto, sino a través de una serie de medidas sociales que el Gobierno debería procurar en estos casos.
El director de Cenego también ha salido en defensa de la medicina privada y ha criticado algunas voces que apuntan a que en este campo se da una cierta "connivencia" entre médicos y pacientes "para llegar a inducir un parto y poder recuperar ese cheque bebé", una idea que rechaza por completo. "Los ginecólogos españoles son unos profesionales muy altamente cualificados para realizar una inducción tanto en medicina pública como privada o terminar un parto con los motivos médicos muy seguros" y no debido a otros aspectos como puede ser "una cierta cantidad de dinero que se dé de ayuda", sentencia.

Aforro sanitario: Os distribuidores cargan contra o catálogo de fármacos galego

Fedifar cre que a norma aprobada no Parlamento discrimina os pacientes respecto das doutras comunidades e xera un "serio risco de desabastecemento"

Critican ademais que, ao non marcar os prazos de aplicación, "non deixa marxe de manobra" para a actividade dos almacéns 

 

A Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), integrada por 52 empresas cunha cota de mercado por encima do 95 %, expresou o seu "rexeitamento frontal" á lei aprobada polo Parlameto de Galicia de racionalización do gasto farmacéutico pola que se creará un catálogo de medicamentos que prioriza aos de menor prezo.
Segundo resalta nun comunicado, esta norma "fixa un catálogo de medicamentos financiados e discrimina os pacientes desta comunidade respecto dos doutras" que, engade, "si poden acceder a todos os medicamentos financiados polo Sistema Nacional de Saúde e aprobados polo Ministerio de Sanidade".
"Coa medida da Xunta haberá pacientes que non poidan seguir o seu tratamento actual, pois o seu medicamento quedará fóra do catálogo de financiados", advirte. "A cambio, os pacientes recibirán un medicamento alternativo que podería cambiar cada dous meses, período mínimo de vixencia do catálogo segundo a lei galega. Isto compromete a adherencia ós tratamentos, sobre todo nos maiores polimedicados", agregan no comunicado.
Ademais, avisan do "serio risco de desabastecemento" que podería, ó seu xuízo, provocar a entrada en vigor da norma. "A lei non recolle prazos de aplicación do catálogo, aínda non publicado pola Xunta, o que non deixa marxe de manobra ós almacéns para garantir a subministración do mercado", sinalou a Federación de Distribuidores Farmacéuticos, onte.
Nesta mesma liña, recordan que industria, distribución e oficinas de farmacia se atopan nun proceso de cambio de prezos dos medicamentos pola aplicación da orde de prezos de referencia nacional publicada o pasado 26 de novembro. "Isto supón que, agora, hai laboratorios que están baixando o prezo dos seus produtos, co que o catálogo introduce máis confusión entre os axentes, o que leva maior risco de faltas de subministración", manifesta.
Doutra banda, para Fedifar, "estas medidas unilaterais" da comunidade "van provocar inequidades" na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde (SNS), en canto a que medicamentos terá ou non dereito o paciente segundo o seu lugar de residencia.
Por iso, Fedifar pídelles ás comunidades que usen o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde e o diálogo cos axente da cadea do medicamento "para acordar medidas estruturais para racionalizar o gasto farmacéutico que incidan sobre a demanda" -hábitos de consumo de fármacos, pautas de prescrición, hábitos de vida saudable e outras-, "non sobre a oferta, xa suficientemente comprometida"
"E Galicia é unha máis das comunidades que está aprobando ou propondo iniciativas para recortar a factura pública en medicamentos á conta dos dereitos dos pacientes e da deterioración irreversible das empresas do sector", resalta.
A federación destaca que estas empresas, entre as que se inclúen os distribuidores farmacéuticos de gama completa, "son das maiores investidoras en España en I+D, pioneiras na adopción de novas tecnoloxías para un mellor servizo ós pacientes e xeradoras de emprego estable e cualificado".
Tamén indica que as empresas do sector da distribución farmacéutica "xa se viron afectadas este ano" polos dous Reais Decretos (4/2010 e 8/2010) aprobados polo Goberno central para recortar a factura pública en medicamentos, "que deterioraron unha vez máis a economía das empresas de distribución, industria e oficinas de farmacia", conclúen no comunicado.

O ministerio estuda o contido antes de decidir se o recorren
O Ministerio de Sanidade está estudando a iniciativa do catálogo galego para "ver que contén" e determinar "se invade competencias" e decidir, se a recorre, segundo afirmaron onte, en declaracións á axencia Europa Press.
O día 21 pasado, cos votos favorables do PPdeG e mais do BNG, o Parlamento galego deu luz verde á proposta de lei pola que se creará o catálogo priorizado de medicamentos no ámbito da comunidade galega.
Os socialistas, que se abstiveron na votación do informe do relatorio na comisión parlamentaria anterior, decantáronse polo "non" a esta iniciativa lexislativa e manteñen as súas dúbidas sobre as "competencias" de Galicia para impulsar normativa.



 

El Ministerio de Sanidad estudia la ley que creará el catálogo gallego de fármacos

  • Sanidad analiza los contenidos del texto y determinar 'si invade competencias'
  • El PSdeG votó en contra de la ley en el Parlamento gallego
  • El sector farmacéutico alerta de la discriminación que supondrá el catálogo
  • 'Ni el médico podrá prescribirlos ni el residente en Galicia tendrá acceso'
El Ministerio de Sanidad estudia la ley gallega de racionalización del gasto farmacéutico por la que se creará un catálogo de medicamentos priorizado, aprobada por el Parlamento de Galicia, para decidir si la recurre.
Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio, Sanidad está analizando el texto para "ver qué contiene" y determinar "si invade competencias".
"Una vez que esté analizada se tomará la decisión", han puntualizado las mismas fuentes, en relación a la posibilidad de que el ministerio recurra la ley gallega.
El pasado día 21, con los votos del PPdeG y del BNG, el Parlamento gallego dio luz verde a la propuesta de ley por la que se creará un catálogo priorizado de medicamentos en la Comunidad gallega.
Los socialistas, que se abstuvieron en la votación del informe de la ponencia en la comisión parlamentaria anterior, se han decantado por el "no" a esta iniciativa legislativa y mantienen sus dudas sobre las "competencias" de Galicia para impulsar normativa.

Los gallegos, ciudadanos de segunda según la Sefac

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) señala que el nuevo catálogo gallego de medicamentos vulnera el principio de igualdad de los pacientes al acceso a la prestación farmacéutica y lamenta las "graves consecuencias" que para el sector farmacéutico y la ciudadanía se derivarán de la ley de racionalización del gasto farmacéutico por la que se creará, aprobada por el Parlamento de Galicia.
A su juicio, esta medida supondrá el fin de la financiación por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de medicamentos que sí se prescriben y dispensan en otras comunidades de España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Este catálogo vulnera, según Sefac, el principio de igualdad de acceso a la prestación farmacéutica recogido en las Leyes 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS.
Así pues, denuncia que con el nuevo catálogo de medicamentos los gallegos "se convertirán en ciudadanos de segunda en lo que a las prestaciones farmacéuticas se refiere", ya que "ni el médico podrá prescribirlos ni el ciudadano residente en Galicia tendrá acceso a los mismos medicamentos y productos sanitarios que el resto de los ciudadanos españoles cuando la prescripción y dispensación de los mismos se realice fuera del ámbito territorial de esta comunidad".
También la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) ha expresado su "rechazo frontal" al catálogo. Según resalta en un comunicado, esta norma "fija un catálogo de medicamentos financiados y discrimina a los pacientes de esta comunidad respecto a los de otras" que, añade, "sí pueden acceder a todos los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud y aprobados por el Ministerio de Sanidad".
"Con la medida de la Xunta habrá pacientes que no puedan seguir su tratamiento actual, pues su medicamento quedará fuera del catálogo de financiados", advierte. "A cambio, los pacientes recibirán un medicamento alternativo que podría cambiar cada dos meses, periodo mínimo de vigencia del catálogo según la ley gallega. Esto compromete la adherencia a los tratamientos, sobre todo en los mayores polimedicados", agrega.

   

Otros grupos farmacéuticos cargan contra el catálogo de medicinas tras publicarse la ley

La publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia de la ley que establecerá un catálogo de medicamentos propio de la comunidad y más restringido que el estatal ha sido recibida con protestas por parte de los colectivos.

El punto clave de la norma es que limita la financiación pública a los medicamentos de menor precio de los que figuran en el nomenclátor del Sistema Nacional de Salud, lo que supone en la práctica que productos financiados en otras comunidades no lo sean en Galicia.
La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria cargó ayer contra la norma, según recoge Europa Press. Advierte de "graves consecuencias" para el sector farmacéutico y la ciudadanía. "Representa un atentado contra la libre prescripción médica y la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles respecto a los ciudadanos residentes fuera de Galicia", sostiene, y piden la retirada de la ley.
En términos similares se expresa la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, que manifestó su "rechazo frontal" a la norma. "Con la medida de la Xunta habrá pacientes que no puedan seguir su tratamiento actual, pues su medicamento quedará fuera del catálogo de financiados", vaticina. "A cambio [prosigue] los pacientes recibirán un medicamento alternativo que podría cambiar cada dos meses, periodo mínimo de vigencia del catálogo según la ley gallega. Esto compromete la adherencia a los tratamientos, sobre todo en los mayores que toman varias medicaciones", añaden.
El Ministerio de Sanidad no salió ayer de su estrategia de cautela ante la norma. En Madrid dicen estar analizando el texto "para ver qué contiene" y determinar si invade competencias. En el debate parlamentario de la nueva ley solo el PSdeG votó en contra -El BNG se sumó a la iniciativa del PP-, precisamente con el argumento de que invadía competencias estatales. En el trámite en la cámara se modificó, de hecho, la mención al catálogo, que incorporó el adjetivo "priorizado" para sortear problemas jurídicos.

Os sindicatos sanitarios plantan a Pilar Farjas no Consello Galego de Saúde

Na orde do día do Consello incluíanse as leis de racionalización do gasto de farmacia e da prevención do consumo de alcol en menores.

Os tres sindicatos maioritarios da sanidade -CC.OO., UGT e CIG-, e os alcaldes socialistas e nacionalistas presentes no Consello Galego de Saúde plantaron onte á conselleira, Pilar Farjas, ante o que consideran unha actitude de menosprezo por parte da consellería á cidadanía.
Na orde do día do Consello incluíanse as leis de racionalización do gasto de farmacia e da prevención do consumo de alcol en menores -ambas xa publicadas no Diario Oficial de Galicia -; así como un informe sobre a Escola Galega de Cidadáns e sobre os novos hospitais de Vigo e Lugo.
Lola González, secretaria xeral da Federación de Sanidade de CC.OO., lamentou a falta de diálogo e de debate por parte da responsable do departamento sanitario, «as leis e vos plans chegan pechados e sen posibilidade algunha de variación. É o Consello Galego dá Pantomima, onde as nosas opinións e valoracións non se teñen en conta», apuntou. Os sindicatos leron un comunicado da plataforma SOS Sanidade Pública, na que acusan a Núñez Feijoo de converterse na maior ameaza para o sistema sanitario público, coa redución do orzamento deste departamento en 200 millóns, e combinando este recorte co sector privado para restaurar e equipar os centros sanitarios.
A plataforma constata que xa existe unha deterioración de determinados servizos, co peche dos hospitais pola tarde, a paralización dos plans de mellora de primaria, de saúde mental e de muller, así como coa paralización dos plans directores dos hospitais ou o peche dos servizos de urxencias de radioloxía dos centros comarcais.

     

O Ministerio de Sanidade estuda a presentación dun recurso por invasión de competencias

Desde un principio a principal sombra que planeou sobre o catálogo de fármacos era a posible invasión de competencias co Ministerio de Sanidade, xa que a prescrición farmacéutica depende do Goberno central e non do autonómico. Para garantir esta cobertura, un dos cambios que se aplicou á redacción do texto foi a de substituír a palabra creación dun catálogo por implantación dunha listaxe priorizada, e sempre dentro do nomenclátor oficial.
No entanto, o Ministerio sempre deixou claro que a súa obrigación era evitar desigualdades entre comunidades. Consultado onte, tras a publicación no DOG da lei, sinalaron que se está estudando se se presenta ou non un recurso, pero non hai unha decisión tomada».
A Xunta establecerá ademais acordos cos colexios oficiais de farmacéuticos para resolver as dificultades de entrada e saída de medicamentos do catálogo, e para facilitar a adherencia do usuario ao mesmo fármaco durante todo o tratamento.
Outra das medidas incluídas na lei publicada onte, a petición do grupo nacionalista, é incluír a ordenación funcional da visita médica.

Regulación das visitas
Neste sentido, desde o departamento sanitario recordan que xa existe unha norma que regula as visitas médicas dos delegados comerciais das distintas empresas farmacéuticas, pero o que se fará será ordenala de forma que en ningún caso se interrompa a atención aos pacientes ou o traballo asistencial dos profesionais.


O catálogo de fármacos incluirá na fase inicial máis de 30 principios activos

Hoxe entra en vigor a lei galega que permite financiar só os medicamentos de prezo menor.

Hoxe entra en vigor en toda Galicia a Lei de racionalización do gasto na prestación farmacéutica , tras a súa publicación onte no Diario Oficial de Galicia . Trátase da norma que permitirá a elaboración do famoso catálogo de medicamentos do Sergas, algo que terá que facer a partir de agora a Comisión Autonómica Central de Farmacia e Terapéutica.
É dicir, a lei habilita para a creación deste catálogo, pero desde a Consellería de Sanidade aseguran que esta listaxe estará rematado xa a principios do 2011, e será de obrigado cumprimento tanto para os médicos como para as farmacias. Cando a comisión termine o seu traballo inicial, remitirao á conselleira de Sanidade, e esta levarao para a súa aprobación ao Consello da Xunta.
Nun principio, recordan na consellería, incluiranse a trintena de principios sobre a que cabe maior aforro, polo que no resto se seguirán financiado os mesmos que ata agora, é dicir, todos os que o Ministerio de Sanidade inclúe na súa nomenclátor oficial. Segundo os cálculos feitos pola Administración, con 35 principios aforraranse ao ano máis de 110 millóns de euros.
Trátase dun catálogo dinámico que se irá modificando cada vez que o Goberno central cambie os seus prezos ou incorpore medicamentos no seu nomenclátor. De feito, a propia lei recolle que as modificacións se aproben no Consello da Xunta cunha periodicidade mínima bimestral.
Menor prezo, non máis baratos
No catálogo incluiranse os de menor prezo dos que figuren no nomenclátor oficial. Isto non quere dicir que a Xunta, a partir de agora, só financie o medicamento máis barato de todos os que autoriza o Ministerio dentro dun principio activo. O prezo menor é unha cantidade que marca a Administración estatal, que é quen ten competencias, e que non coincide necesariamente co máis barato. Talvez si nun primeiro momento, pero co tempo adoitan saír fármacos máis económicos.
O que fará a Consellería de Sanidade será financiar só os que non superen o prezo menor, mentres que no caso de que se trate de principios activos que aínda non están no catálogo, o sistema será o mesmo que ata agora, financiando todos os que recolle o Ministerio no seu nomenclátor oficial.
Excepcións
Dentro desta norma xeral hai excepcións, polo que poderá autorizarse o financiamento de medicamentos que non están no catálogo por necesidades terapéuticas, cando exista risco de desabastecemento ou de monopolio. Na medida na que a situación económica o permita, a Xunta investirá o aforro logrado con esta medida na mellora do sistema sanitario, sobre todo en atención primaria.
A elaboración do catálogo, que se aprobou a semana pasada no Parlamento tras unha proposición de lei dos populares, contou co apoio do BNG pero non do PSdeG, que desde un primeiro momento recordou que ou o Sergas plasma o nomenclátor oficial na súa listaxe, ou estaría a vulnerar competencias. De feito, os socialistas reclamaron que en lugar de crear unha listaxe no que se recollan os medicamentos a financiar, óptese pola alternativa da Junta de Andalucía, por exemplo, onde o sistema informático só permite prescribir por principio activo, polo que o farmacéutico ten a obrigación de dispensar o fármaco de prezo menor, e no caso de que un deles sexa xenérico, que sexa este último.
O certo é que a lei tamén recolle entre as medidas a promover a promoción da prescrición por principio activo.




Para decidir si la recurre: Sanidad estudia la ley gallega por la que se creará un catálogo de medicamentos

Europa Press

El Ministerio de Sanidad estudia la ley gallega de racionalización del gasto farmacéutico por la que se creará un catálogo de medicamentos priorizado, aprobada por el Parlamento de Galicia, para decidir si la recurre.
   Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio, Sanidad está analizando el texto para "ver qué contiene" y determinar "si invade competencias".
   "Una vez que esté analizada se tomará la decisión", han puntualizado las mismas fuentes, en relación a la posibilidad de que el ministerio recurra la ley gallega.
   El pasado día 21, con los votos del PPdeG y del BNG, el Parlamento gallego dio luz verde a la propuesta de ley por la que se creará un catálogo priorizado de medicamentos en la Comunidad gallega.
   Los socialistas, que se abstuvieron en la votación del informe de la ponencia en la comisión parlamentaria anterior, se han decantado por el "no" a esta iniciativa legislativa y mantienen sus dudas sobre las "competencias" de Galicia para impulsar normativa.

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos expresa su "rechazo frontal" al catálogo de medicamentos de Galicia.

 

El nuevo catálogo gallego de medicamentos vulnera el principio de igualdad de los pacientes, según Sefac.

 

 

Máis preto de ter un catálogo galego de medicamentos

A industria denuncia que a listaxe, aínda non realizada, vulnera o principio de igualdade.


Unha vez publicado no Diario Ofiacial de Galicia (DOG), a carreira para dispor dun catálogo propio de medicamentos na comunidade arrinca. Aínda que se trata dun proceso longo, a normativa para racionalizar o gasto farmacéutico entra en aplicación hoxe e dálle o pistoletazo de saída aos acordos e valoracións para poder aplicar un catálogo como tal.
Primeiro, a Comisión Autonómica Central de Farmacia e Terapéutica terá que elaborar un borrador para que sexa valorado polo Consello da Xunta, que acordou consensuar cos diferentes sectores implicados o documento. Unha vez aprobado, abrirase un período para que as farmacias poidan axustar o seu stock aos novos fármacos que custeará o Sistema Galego de Saúde. “Trátase que estes establecementos poidan despachar os fármacos que xa non se cubrirán e que se abastezan dos novo. Porque haberá principios activos que pasen de ter sete representacións comerciais, a ter só dúas, por exemplo”, explica a Xornal a deputada do BNG, Ana Luisa Bouza.
Grazas aos nacionalistas, o PP puido aprobar este proxecto, que se basea en incorporar os medicamentos de menor prezo á lista, conseguindo un aforro. “Nós –comenta Bouza– pedimos, e así figura na norma, que o aforro dos medicamentos reinvestise na mellora do sistema sanitario galego, que se tivese en conta excepcións individuais para poder custear outros tratamentos, regular as visitas médicas e realizar campañas para fomentar o uso racional dos fármacos”.
A idea é que cando varíe o prezo dos medicamentos, regulado polo Ministerio de Sanidade, sexan incluídos automaticamente no catálogo, así como, que se o médico só receita un principio activo sexa o farmacéutico o encargado de dispensar o de menor prezo.
A pesar de que o novo catálogo aínda non está feito, xa lle choveron as críticas. Desde o Ministerio de Sanidade mantense a prudencia e asegura que antes de decidir se tomarán medidas contra a lei galega terán que “ver que contén”. O problema da norma podería ser “se invade competencias” propias do ministerio, tal e como onte aseguraban fontes do departamento que dirixe Leire Pajín aos medios.
Menos prudentes nas súas críticas foron a Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) e a Sociedade Española de Farmacia Comunitaria (Sefac). Ambos mostraron onte o seu “rexeitamento frontal” á lei asegurando que a norma “discrimina os pacientes desta comunidade respecto dos doutras”. Segundo a industria, un paciente podería cambiar de tratamento cada dous meses “período mínimo de vixencia do catálogo”, “comprometendo a adherencia aos tratamentos, sobre todo nos maiores polimedicados”.