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Se atribuye a Hillary Clinton la frase “nunca desaproveches una buena crisis”, porque puede representar una oportunidad para hacer reformas, imposibles de acometer en tiempos de bonanza.
Al amparo de esta que padecemos se escuchan voces –el secretario de Estado de Hacienda, el presidente de la Generalitat, el presidente de Murcia–que hablan de implantar una aportación económica extra por receta y por consulta médica para acabar con la casi gratuidad de las medicinas y con la asistencia sanitaria sin limitación alguna. Es el llamado copago que, más que aportar recursos significativos, contribuiría a disuadir a muchos adictos de acudir a los servicios sanitarios sin una causa que lo justifique.
La idea toma fuerza porque los recursos económicos son escasos mientras los gastos de las prestaciones aumentan a un ritmo medio del 11 por ciento anual y hacen tambalear la sostenibilidad del modelo que nos hemos dado.
Así lo reconocen políticos de todos los partidos que hablan de la necesidad de tomar medidas para mantener una asistencia de calidad y evitar su quiebra, aunque públicamente rechacen esta medida políticamente incorrecta.
Ahora bien, el copago, además de impopular, es radicalmente injusto, pero acabarán implantándolo. De ser así, revelaría el fracaso del sistema sanitario que administra mal ingentes recursos que los ciudadanos le entregamos de nuestras nóminas e impuestos. Tendrían que buscar antes otras fórmulas de ahorro como mejorar el funcionamiento de los servicios, racionalizar el gasto poco controlado en materiales, en el uso de los fármacos y en algún equipamiento superfluo o inútil. Y recortar en otros departamentos del Estado.
Lo cierto es que si no se toman las medidas de corrección necesarias, el sistema se encamina hacia lo insostenible. En la economía, y en la vida misma, toda realidad que se ignora acaba pasando su factura, a veces de forma cruel.
Copago aparte, la administración también debería subsanar ciertos desequilibrios retributivos. No parece muy ecuánime que un cirujano o un especialista de la sanidad pública –lo mismo que un maestro o un catedrático– ganen menos que un concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera o un futbolista de segunda división. O que al personal de enfermería se le pague menos que a un utillero. La retribución del personal, más que un gasto, es una inversión en la calidad de la asistencia. Que es lo que hay que preservar.
