La Gaceta de Intereconomía
Las pruebas de acceso se celebrarán el próximo día 29. Algunos trabajan en la Sanidad Pública sin reunir la titulación necesaria. El Colegio de Médicos lo denunció hace años al Fiscal General.
La ministra Leire Pajín ha autorizado a que 1.000 médicos extranjeros que se encuentran ilegales en España puedan examinarse para el MIR el próximo 29 de enero en distintas universidades de nuestro país, según ha podido conocer LA GACETA de fuentes de la investigación.
La titular de Sanidad adopta esta extraña resolución en mitad de un proceso que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para determinar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir una
red de presuntos estafadores desarticulada por la policía,
dedicada a traer galenos de Santo Domingo a cambio de dinero y facilitarles la documentación para que pasaran por ciudadanos de la UE ante los tribunales examinadores.
El número total de médicos aspirantes a MIR superan los 13.600 y la relación de admitidos, “que será exhibida en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad Pública y en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno”, está firmada por la Subdirección General de Ordenación Profesional.
Curiosamente, su titular, Juan Antonio López Blanco, es uno de los imputados en las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia por los presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros y prevaricación.
Según el atestado policial,
López Blanco alteró la condición de extranjeros extracomunitarios de 49 médicos dominicanos traídos a España por la red de presuntos estafadores para que pudieran acogerse a las plazas reservadas para aspirantes españoles y comunitarios.
Los irregulares
En la criba hecha por la investigación a la relación de aspirantes difundida por Sanidad, se ha detectado hasta ahora que
más de 1.000 no reúnen las condiciones para presentarse a los exámenes y que,
sin embargo, el Ministerio ha hecho la vista gorda y se lo ha permitido.
La mayor parte de ellos se encuentran en situación irregular y otros muchos –también irregulares– trabajan como médicos en centros de salud pública, clínicas y establecimientos privados sin reunir los requisitos exigidos por la ley española y por los convenios y directivas emanados con y desde la Unión Europea (UE).
En una primera aproximación realizada por este periódico a la referida lista se ha contrastado que el mayor número de estos extranjeros presumiblemente irregulares son de nacionalidad colombiana, unos 110 aproximadamente. Seguidos de los dominicanos (92), peruanos (39), bolivianos (20), cubanos (11), mejicanos (8), etc.
Además de los aspirantes a MIR originarios de Latinoamérica, se presentarán al examen un egipcio, un indio, un sirio, un argelino y dos marroquíes, entre otros.
Las comunidades y las especialidades médicas que desempeñan estos extranjeros presuntamente irregulares son múltiples y variopintas. Así –y siempre según las mismas fuentes–, por ejemplo, el sirio Ebrahín Al Salahi, que se examinará el próximo 29 en la Facultad de Ciencias de Valladolid, aunque tiene permiso temporal de residencia, trabaja como médico de familia en la Sanidad Pública de Palencia.
Sin embargo, y para enmascarar esta situación de presunta irregularidad, el Ministerio hace constar en la relación de aspirantes que Ebrahin tiene “residencia permanente en España”, señalado en las listas con el epígrafe 2.
La colombiana Nour Sofía Al Hajj Rabat, convocada el próximo 29 a examinarse en el Edificio Campomanes de la Universidad Carlos III de Madrid, con residencia temporal, trabaja como anestesista en el Servicio de Salud de Castilla-la Mancha. En las listas de Sanidad figura que está en posesión de la residencia permanente.
La venezolana Mary Carolina Chalchoub Cabrera, llamada a examen en la Universidad de Baleares, aunque tiene residencia temporal figura en las listas del Ministerio con residencia permanente. Trabaja como cirujano en el Servicio Balear de Prevención.
El Balneario
El Balneario de Benito, situado en la localidad manchega de Reolid, cerca de Salobre (el pueblo de José Bono), tiene como médico a la colombiana Luisa Fernanda Álvarez Nieto, que se encuentra en la misma situación irregular que sus compañeros ya citados y que también cuenta en Sanidad con el reconocimiento de “residencia permanente”. Su examen tendrá lugar en la Universidad de Valencia.
Según ha podido constatar este periódico, este centro de relajamiento se encuentra siempre repleto de personas de la tercera edad, debido a los convenios de colaboración que mantiene con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estos acuerdos datan de la época en la que el actual presidente del Congreso de los Diputados la presidía.
Por otro lado, en la Sanidad Pública de Albacete trabaja como médico cirujano la dominicana
Xenia Iciano García, con residencia temporal en España y por tanto extracomunitaria. Sin embargo,
aparece en las listas del Ministerio con el epígrafe 1, es decir, como si se tratara de un ciudadano de la UE. El examen para MIR, lo tiene en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Dentro de estas listas de aspirantes elaboradas por el Ministerio de Sanidad
llama poderosamente la atención una relación de 34 médicos dominicanos, entre ellos Aura Ligia Urraca Rodríguez y Aldonsa Vargas Parra, encuadradas dentro del epígrafe 5, “Falta de acreditación conocimiento de idioma”, que la policía no tiene conocimiento ni de su existencia ni de su permanencia en España.
Lo cierto es que este grupo de dominicanos ni siquiera están en posesión del NIE (Número de Identidad de Extranjeros). Estos incontrolados por la policía están citados para examinarse en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Otros de sus compañeros lo harán en el Aulario II del Campus de Alcorcón de esta misma Universidad.
Existen casos curiosos como el de la colombiana Catalina Chica García, quien, pese a que desde mayo de este año tiene extinguido su permiso familiar comunitario por haberlo obtenido de forma fraudulenta, se presenta a examen en la Universidad Autónoma de Madrid como ciudadana de la UE.
Denuncias
Hace cuatro años que el presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, denunció ante el Ministerio de Sanidad y ante la Fiscalía General del Estado el peligro que supone para la salud pública el hecho de que en la actualidad haya en nuestro país del orden de 10.000 a 12.000 médicos extracomunitarios que están trabajando en España en condiciones irregulares.
Pedían que se les explicara las causas que han llevado al Ministerio de Educación y Ciencias a homologar títulos de Medicina falsos y de las medidas adoptadas para evitar que se repitan estas situaciones en el futuro.
Para ello solicitaban de este Ministerio la presencia de un representante permanente de la OMC en el proceso de homologación de títulos de Licenciado en Medicina.
Se dirigieron a las Comunidades Autónomas para que pusieran fin inmediato a las contrataciones de médicos extranjeros. Pero todo cayó en saco roto como prueba la información que hoy publica en exclusiva LA GACETA. Conde Pumpido y el Ministerio de Sanidad, desde la época de Elena Salgado como titular hasta nuestros días, pasando por Bernat Soria y Trinidad Jiménez, no hicieron caso. Pumpido les pidió el nombre de alguna persona para dirigir contra ella las investigaciones.
En una entrevista concedida a este periódico, el presidente Rodríguez Sendín decía resignado: “
Ni siquiera sabemos si estos irregulares son médicos de verdad, nosotros, con tan sólo una entrevista de un cuarto de hora sabemos si la persona con la que hablamos es médico o no, pero ni siquiera nos conceden esa oportunidad”.
La propia policía que investiga esta trama, en un informe que obra en las diligencias previas del juzgado de Murcia, establece que es “requisito indispensable la titulación en Medicina Familiar y Comunitaria para el desempeño de la profesión en centros o servicios propios, integrados o concertados del Sistema Nacional de Salud”.
“En resumen –sigue el informe– para trabajar en la sanidad pública española, cualquier médico sin distinción de origen ha de superar el examen de MIR (o conseguir la homologación de su especialidad a través del Ministerio de Educación), incluso para médico general, ahora denominada la especialidad de medicina familiar (en la actualidad son cuatros de MIR). Citan también una directiva europea que obliga a poseer este título.
