Ecologistas, sindicatos agrarios, el mundo de la cultura y parte de la comunidad educativa encabezan los descontentos con la gestión de la Xunta
El País
El pasado martes, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo celebró su paso del ecuador al cumplir dos años y agotar la primera mitad de la legislatura. Diversos colectivos sociales, desde una pluralidad de intereses y puntos de vista, han hecho para EL PAÍS su balance de estos 24 meses, caracterizados por un agravamiento de la crisis económica y las restricciones presupuestarias en la Xunta.
- Empleo y empresas. A Feijóo le gusta presumir de que la economía de Galicia "crece" mientras el resto de España sigue en recesión. Le llama crecimiento al avance del 0,1% que el PIB gallego registró en 2010 frente al -0,1% del nacional. Es cierto que le ha tocado gobernar en medio de una crisis planetaria, pero también que algunas de sus herramientas de combate se muestran un tanto endebles. Las dudas rodean el concurso eólico, que promete fabulosas inversiones con proyectos que solo aguanta el papel; otros programas, como el plan de empleo que iba a crear 10.000 puestos anuales en servicios sociales, ni siquiera cumplió su objetivo el primer año. "La Xunta tiene pocas competencias", reflexiona el presidente de los empresarios de Pontevedra, José Manuel Fernández Alvariño. Valora que el Gobierno se esté esforzando en ayudar a las pymes: "Aplaudo lo que está haciendo el Igape". A través de este organismo, que ha recortado en un 12% su presupuesto, se han concedido avales a empresas enfermas, como los astilleros, pymes del textil o la conserva. "Ha hecho un verdadero esfuerzo en la contención del gasto. Está apoyando al sector naval y al pequeño comercio", resume Alvariño. Domingo Barros, de UGT, le apunta otro tanto: "Cree en el proceso de diálogo social, le ha dado continuidad". Eso no impidió que Galicia cerrase 2010 con el mayor crecimiento de la tasa de paro en España, que pese a ello, todavía está cinco puntos por debajo de la media. "El diferencial que nos hizo converger con el resto de España y con Europa se está perdiendo", censura el sindicalista. En la parte más negativa, Barros recuerda que "no ha puesto en marcha un plan de empleo integral". Las cifras de desempleo en Galicia son las peores de toda la franja norte española.
- Política financiera. La fusión de las cajas está agarrada como un pulpo a la actualidad política. "El arreglo del balance de Caixa Galicia obligaba a algún tipo de fusión", analiza Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Cree que la caja, con un papel incuestionable para evitar que los ciudadanos queden al margen del sistema financiero, "tiene un valor económico, por estar ligada al territorio, superior al contable". Pero discrepa de cómo Feijóo ha gestionado la crisis. "Se ha forzado el argumento político, utilizando la comparación y el agravio con otras comunidades". "Esos elementos no deben llevarse de forma automática al debate, se podía haber defendido la galleguidad de la caja de otra manera", asegura. Porque "dos individuos contagiados no crean uno sano y en este caso el argumento político fue contra la racionalidad financiera". Al margen, apunta otras cuestiones, como que se hayan elevado las exigencias de solvencia de un día para otro, lo que provocará que la apuesta política de Feijóo tenga un futuro "muy complicado".
El resto de la política financiera se resume en bajadas selectivas de impuestos menores y una disciplina espartana en el gasto. El mérito se lo lleva la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, con perfil técnico muy pronunciado y una firmeza que valoran los expertos consultados.
- Sanidad y servicios sociales. Listas de espera, catálogo de medicamentos y privatización de la gestión hospitalaria. Estos son los tres principales asuntos de debate político en torno a la sanidad. Cuando el PP llegó al poder cortó las peonadas (turnos extraordinarios de tarde que los médicos hacían para operar) y las demoras quirúrgicas se dispararon. Poco a poco se han ido rebajando hasta conseguir los mejores registros de la historia. Esto se hace gracias a un "gran maquillaje", en opinión de Manuel Martín, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidad Pública. Casi no encuentra aspectos positivos en la labor de la Xunta del PP. "Se ha paralizado el plan de mejora de atención primaria, el de drogodependientes y el de salud mental, se han quitado recursos", critica. Su asociación denuncia la hipoteca que supone que los hospitales sean construidos por empresas, "lo que conlleva privatizar el sistema, que se está destruyendo".
Con este punto también es crítico Luciano Vidán, decano del Colegio de Médicos de A Coruña, que hace, sin embargo, un discurso mucho más optimista. "La experiencia en otros países nos dice que la gestión privada puede hipotecar a futuras generaciones", señala. Vidán pone en la balanza aspectos "satisfactorios", como el catálogo de medicamentos, en el que "los facultativos se han implicado para reducir gastos del sistema"; otros "preocupantes", como es el de los hospitales; y los últimos "negativos", sobre todo relativos a recursos humanos, como la paralización de la carrera profesional para médicos o las irregularidades en las oposiciones.
La falta de recursos también presente en los asuntos sociales, que tiene en la aplicación de la ley de dependencia uno de sus ejes. Los consultados son comprensivos con las limitaciones de la Xunta y hacen un balance positivo, pese a las restricciones. Ignacio Rodríguez, secretario de la Confederación Galega de Personas con Discapacidade, destaca que "por fin" se puso en marcha un plan de discapacidad. En cambio, le preocupa la "confusión entre la enorme cantidad de recursos que necesita la dependencia que se van a sustraer de las políticas destinadas a este sector".
La presidenta del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, María José Redondas, cree que han mejorado sustancialmente las herramientas para gestionar y atender la dependencia y critica la reducción en "inversión económica en servicios sociales de ámbito comunitario para personas en exclusión social, que vienen en parte determinada por el Gobierno central, pero que también ha afectado al autónomo".
- Educación. El Decreto do Plurilingüismo en las aulas ha sido una de las medidas más controvertidas en estos dos años y la que ha motivado movilizaciones más numerosas. El PP llegó al poder tras prometer libre elección de idiomas y aprobó una medida que se quedó a medio camino y no contentó al sector más galleguista de la población, que ve reducida la presencia del idioma propio de la comunidad en las aulas, ni a uno de los grupos de presión que lo apoyó en la campaña: la asociación Galicia Bilingüe. Esto produjo, en opinión de Julio Díaz, portavoz del sindicato ANPE, un enfrentamiento político en las negociaciones con la consellería "como no se había vivido nunca". Esa organización criticó algunos aspectos del decreto, pero en términos generales la apoya, al contrario del resto de los sindicatos, algunos de los cuales la han interpretado como un ataque al gallego. Díaz también cree correcta la futura ley de convivencia, que da más autoridad a los profesores. "Pero hay que hacer una clara inversión en formación, reestructurar los reglamentos de los centros y queda trabajo importante para los próximos años. La ley gallega de educación no está ni en germen y es uno de los puntos del programa del PP", añade Díaz. Más contundente es Anxo Louzao, de CIG: "Excepto pequeñas cuestiones de gestión diaria, no han hecho nada bien".
- Cultura. Roberto Varela no entró con buen pie en su consellería. Sus declaraciones destemidas, en las que acusó de "ensimismada y acomplejada" a la cultura gallega o aseguró que tal sintagma "está muy bien pero limita un poco", no ayudaron, pese a las excusas posteriores. Y después llegó la crisis. El departamento de Cultura, entonces centrado en la organización de un Xacobeo que hizo bandera de rutilantes estrellas internacionales, fue el que sufrió el mayor tijeretazo. La hipoteca económica, y de ideas, de la Cidade da Cultura, tampoco contribuyó a la normalidad.
"El Gaiás está condicionando todo", considera el crítico de arte Xosé Manuel Lens, a quien le parece preocupante que en la Xunta no haya interlocución "para la creación contemporánea, después de eliminar la Dirección Xeral de Difusión". Los recortes presupuestarios se cebaron en el CGAC, un 40% menos, pero es en el museo compostelano donde Lens localiza una luz en la gestión de Varela: la elección del director, Miguel Von Hafe, por un comité de expertos independiente. También reconoce esa medida, extendida al Centro Dramático Galego, Xesús Ron. Pero no mucho más. Acaso, "que no destruyeron todo lo que había". Director de la compañía Chévere y de la Sala Nasa, a Ron le preocupa "la sensación de que no hay interlocución". "La Administración no está afrontando la crisis con seriedad; Agadic o el CDG pasaron de mucha actividad a la pasividad", dice. El "abandono" del Centro Coreográfico le resulta significativo del modo de hacer las cosas.
Para Manuel Bragado, al frente de la Asociación Galega de Editores, la clave negativa de estos dos años reside "en el retroceso del estatus del gallego y en la ruptura del consenso de la Lei de Normalización Lingüística". Y aunque celebra la constitución de una Dirección Xeral do Libro, le produce desasosiego "que todavía no se ha reconocido el carácter estratégico de la industria de la edición".
- Agricultura y pesca. La sangría laboral en el campo continúa. Y, a decir del líder de Unións Agrarias, Roberto García, la gestión de la Consellería de Medio Rural no hace nada por impedirlo. "No ha presentado proyectos concretos, hemos perdido fondos europeos porque la Xunta no ha aportado dinero y, por partidismo del PP, se ha desaprovechado la última oportunidad para crear un grupo lácteo y desbaratado el Banco de Terras", aduce. El departamento de Samuel Juárez no ha aprobado ninguna ley. Aunque según Francisco Bello, secretario general de Xóvenes Agricultores, sí ha conseguido agilizar los trámites administrativos. "Se gestionan los pagos de ayudas mejor", esgrime. "Pero echamos en falta más recursos en Medio Rural", matiza, "es un sector clave para salir de la crisis".
El mismo discurso, pero aplicado a la pesca, lo sostiene Xoán López, secretario general de la Federación Galega de Confrarías. "El sector del mar mueve más del 10% del PIB", indica, "y en los presupuestos y en la dedicación del Gobierno debería pesar mucho". La insuficiencia de los TAC (total admisible de capturas) que decreta Europa es, a su juicio, el principal escollo con el que debe batallar la conselleira Rosa Quintana. Y coincide con el responsable de CIG Mar, Xavier Aboi, para quien la titular de la Consellería "conoce el bastante el sector, pero por eso mismo es lamentable que haya quitado los seguros de bajura o las ayudas a las mariscadoras".
- Territorio e infraestructuras. Hay consenso: la Xunta ha hecho sus deberes en materia de territorio. Otra cosa es que sean del agrado de todos. No lo son. Feijóo puede presumir de haber sacado adelante en la primera mitad de la legislatura -aunque en un plazo más largo del prometido- dos documentos considerados cruciales y que se demoraban desde hace una década. Se trata de las Directrices de Ordenación del Territorio y del Plan del Litoral. "Tenemos las herramientas que necesitábamos; tarde, pero las tenemos", celebra el presidente de la Federación de Promotores, Javier Garrido. "Son unas buenas herramientas, adaptadas a la normativa europea y con criterios de sostenibilidad", abunda. "Más asfalto y obras faraónicas", rebate el coordinador de la Federación Ecoloxista Galega, Anxo Saborido. Los ecologistas consideran las directrices una declaración de intenciones, y rechazan el Plan del Litoral por su escasa vinculación normativa y por "condescendiente" con el sector inmobiliario.
En el capítulo de infraestructuras, la Xunta no ha sido capaz aún de poner en marcha el que será su proyecto estrella, la autovía de la Costa da Morte. Tras anular el contrato del bipartito, al negarse a renegociar las condiciones para adaptarse a la crisis financiera, la Consellería de Agustín Hernández convocó un nuevo concurso y seleccionó una oferta 395 millones de euros más cara que la que iba a ejecutar el bipartito. En el último momento dio marcha atrás, anuló el concurso y convocó otro nuevo, el tercero. El coste final rondará los 800 millones.
- Medio Ambiente. "Son dos años perdidos". Si Hernández esperaba encontrar el apoyo de los ecologistas, sabe que no lo ha conseguido. "Estamos mucho peor que antes", añade el coordinador de la Federación Ecoloxista Galega, Anxo Saborido. "Ya lo intuíamos cuando las competencias de medio ambiente se mezclaron con infraestructuras, o cuando se decidió que biodiversidad estuviese en otra Consellería". Para los ecologistas, la demostración del "desprecio ambiental" del Gobierno son dos: la ampliación de la Red Natura, "que se anuncia y no se hace", y el plan de residuos sólidos urbanos. "Es una apuesta por la incineración pura y dura, con una nueva planta en el sur que esconden hasta después de las elecciones". La Xunta no sólo no ha ampliado la Red Natura, entre advertencias de la UE por el retraso, sino que apenas ha sido capaz de aprobar los planes de recursos que dan sentido a la protección. "Piscifactorías y molinillos completan el panorama", lamentan los ecologistas. Lo completan también los incendios, que en verano recuperaron sensaciones de los peores tiempos.
Los promotores, en cambio, están convencidos de que la Xunta ha combinado "ordenación y desarrollo sostenible", en palabras de, Javier Garrido. "Hay espíritu de colaboración en la consellería y sobre todo hay una pauta de comportamiento esencial para orientar nuestras inversiones", añade.
Las medidas más destacadas
- Sanidad y asuntos sociales. La ley estrella de la legislatura ha sido la de racionalización del gasto farmacéutico, que implantó un catálogo de medicinas financiadas por el Sergas. Ahora está suspendido por un recurso al Constitucional del Gobierno. También se aprobó la ley que prohibe el consumo de alcohol en menores y la de la familia, que "protege la maternidad", según la Xunta.
- Educación. No hay leyes aprobadas en esta legislatura, tan sólo una en trámite, la de la convivencia en las aulas, que pretende dotar al profesor de más autoridad. La medida más polémica fue el Decreto do Plurilingüismo, que rebaja el tiempo de gallego en el aula e introduce, a voluntad de los centros, un tercer idioma.
- Medio Ambiente y Territorio. La consellería de Agustín Hernández salda la primera mitad de la legislatura con tres leyes, pero solo una totalmente nueva: la Lei de Augas, que contempla la creación del canon del agua y del coeficiente de vertido. Para evitar males mayores en vísperas electorales, la aplicación de los nuevos impuestos ha quedado aplazada. Las otras dos son reformas de leyes ya existentes. Se trata de la modernización del transporte público, que amplía las concesiones en vigor, y de la modificación de la Ley del Suelo, que incluye una legalización de viviendas e industrias que se encontraban fuera de ordenación.
- Cultura. Bajo el mandato de Roberto Varela, la Consellería de Cultura abrió los primeros edificios del Gaiás. Ha prometido una reforma de la Lei de Patrimonio, pero todavía no hay fecha de aprobación. Eliminó la Dirección Xeral de Promoción e Difusión Cultural y creó la del Libro, Arquivos e Bibliotecas.
- Agricultura y Pesca. Medio Rural no ha sacado adelante ninguna ley durante estos dos años. Mientras, el departamento de Mar aprobó, con los votos a favor del PP, una nueva Lei de Pesca, que tumbó un año después la del bipartito, recuperó los permisos de explotación y eliminó la Axencia de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca.
- Finanzas y empleo La Lei de Caixas pactada con el BNG para favorecer la fusión, fue tumbada por el Gobierno central. El diálogo con los sindicatos funciona, pero los planes de empleo apenas arrojan resultados.
