Los tres hospitales que Aguirre está construyendo los gestionan empresas - La crisis ha impedido cumplir los compromisos electorales de la legislatura - En Galicia se sigue el mismo camino.
La espera diagnóstica máxima de 40 días no se ha puesto en marcha
El Ejecutivo ha inaugurado 13 de los 55 centros de salud prometidos
Aguirre asegura que no aplicará el copago mientras sea presidenta
Sanidad ha renunciado a construir el hospital de Carabanchel
El País
Esperanza Aguirre no esconde su predilección por la colaboración entre el sector público y el privado. Todo lo contrario. Además, lo ha demostrado con hechos, poniendo en práctica esa filosofía en todas las parcelas en las que ha tenido ocasión de hacerlo. Solo así se entiende cómo ha podido cambiar tanto el panorama de la sanidad pública madrileña en solo ocho años. Cuando Aguirre llegó a la presidencia de la región encontró una veintena de hospitales de gestión enteramente pública. La Administración se encargaba de contratar a médicos y enfermeras y también a celadores y administrativos. Pero el modelo sanitario ha dado un vuelco: hoy, uno de cada cuatro hospitales es de gestión privada, total o parcialmente. Y se sigue ahondando en el modelo, ya que los tres hospitales actualmente en obras (Collado Villalba, Móstoles y Torrejón) estarán gestionados solo por empresas.
Durante esta legislatura se ha privatizado el sistema de citas médicas -el Gobierno pagará 400 millones en cuatro años por la gestión de un centro de llamadas de citaciones de las que antes se ocupaban empleados públicos- y los análisis clínicos de más de un millón de madrileños, lo que se tradujo en el cierre de tres laboratorios públicos. Los nuevos hospitales funcionarán como el de Valdemoro, la traslación a Madrid del
modelo Alzira valenciano. Alzira inauguró en 1999 el primer centro público gestionado por una empresa bajo concesión administrativa, la misma fórmula de las autopistas de peaje. El sector privado construye, equipa y contrata al personal, y la Administración le paga un canon anual por la atención sanitaria de sus ciudadanos. Es decir, se desentiende de la gestión directa.
Esos tres hospitales que empiezan a tomar forma en polvorientos descampados ejemplifican las dificultades que ha tenido Aguirre esta legislatura para cumplir sus compromisos. De hecho, las grandes promesas electorales se han quedado en eso, en promesas. Construiré cuatro hospitales nuevos, dijo. No solo no ha podido inaugurar ninguno antes de la campaña, sino que ha tenido que rebajar expectativas. Ha renunciado al cuarto, el de Carabanchel, en los terrenos de la antigua cárcel, y a cambio ha firmado un acuerdo con Defensa para el uso civil del hospital militar Gómez Ulla. Un parche, le afean los vecinos de Carabanchel y Latina, los dos distritos más populosos de la capital, que hasta ahora tenían que desplazarse entre cinco y siete kilómetros para ir al Clínico o al 12 de Octubre.
Aguirre prometió también 55 nuevos centros de salud, pero a los pocos meses esa cifra dejó de aparecer en los actos públicos y discursos oficiales. Según el cálculo de este periódico -la Consejería de Sanidad no proporcionó el dato-, solo ha inaugurado 13, algunos pagados por el Plan E y casi todos sustituciones de edificios que se habían quedado obsoletos. La atención primaria ha sufrido los rigores de la crisis. Pese a ser la puerta de entrada al sistema, la que resuelve el 90% de los problemas de salud, su presupuesto ha caído año a año. En 2011 sus recursos disminuyen un 0,78% con respecto al año anterior, mientras el presupuesto sanitario global crece un 0,66%. La comparación con lo que aumenta el gasto en conciertos con clínicas privadas también deja claro por dónde van los tiros. La asistencia externalizada sube un 5,7%.
Los 420 centros de salud han vivido en los últimos meses muchos cambios derivados también de una promesa electoral: la libertad de elección en sanidad. Un éxito, según repite el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, pero un quebradero de cabeza para los profesionales sanitarios, que han visto cómo la decisión que lleva aparejada, el área única, ha aumentado la saturación, la burocracia y el abuso por parte de algunos ciudadanos. El Gobierno de Aguirre aprobó la ley con la oposición unánime de los profesionales, los partidos políticos y los sindicatos.
En el balance de las promesas electorales hay mucho más en el debe que en el haber. Aguirre se comprometió a limitar la lista de espera diagnóstica a un máximo de 40 días (15 en caso de enfermedad grave, como el cáncer), del mismo modo que en los comicios de 2003 prometió -y lo consiguió de manera oficial, pero utilizando tretas para contabilizar a los enfermos en espera que provocaron que el Ministerio de Sanidad expulsara a Madrid del cómputo nacional- reducir la espera quirúrgica a 30. Con la legislatura ya terminada, la espera para una cita con el especialista o para realizarse una prueba es muy variable y no se ha fijado ningún máximo. Sanidad asegura que la media de espera para pruebas y consultas es de 21,5 días. Cuando se hizo la promesa, la Consejería de Sanidad aseguró que para conseguirlo haría falta "el esfuerzo inestimable de los profesionales sanitarios y no sanitarios" y "un refuerzo presupuestario". Ahí debe de estar la clave.
Pese a las restricciones presupuestarias, Aguirre insiste en que, mientras ella sea presidenta, no implantará el copago en la sanidad madrileña. Los socialistas aseguran que lo tiene en su "agenda oculta". El convencimiento, o la sospecha, parte sobre todo de un informe elaborado por la Consejería de Sanidad que propone limitar o excluir prestaciones, como las comidas en los hospitales, las tiras reactivas para diabéticos y las muletas. También el copago. El texto analiza 23 prestaciones que "podrían ser potencialmente limitadas o excluidas en el futuro". Sanidad tuvo que admitir que lo habían realizado sus técnicos, pero dijo que no era "oficial".
Hasta dónde llevará Aguirre, en caso de repetir en Sol, la colaboración público-privada está por ver. Un paso más podría ser ceder los centros de salud a los hospitales de gestión privada de los que dependen. Ya ocurre en Valencia. Ser inquilina en sus propios hospitales le permite a la Administración construir varios a la vez -Aguirre levantó siete-, porque son las empresas las que ponen el dinero. A cambio, debe pagar un canon anual durante 30 o más años. Al final, ¿salen los hospitales más caros o más baratos al ciudadano, que es, en realidad, el que paga con sus impuestos?
Estudios recientes publicados en Reino Unido, con experiencia en la construcción y gestión privada de hospitales, han demostrado que acaban saliendo más caros que si los hubiera construido el Estado. Hace unos meses el Ministerio de Economía británico desveló los pagos a las empresas de todos los hospitales construidos mediante PFI (iniciativa de financiación privada). El diario
The Guardian tomó el Saint James (Leeds) como ejemplo: cuando acabe la concesión, se habrá pagado cinco veces el precio original de su construcción.
Aguirre defiende que la gestión privada es más eficiente. Imposible comprobarlo a partir de los escasos datos que se divulgan. Existe un sistema de penalizaciones a las empresas si no cumplen con lo pactado. Sanidad asegura que en 2010 restó dinero del canon -poco, añade- a todas ellas. La calidad del servicio fue "elevada". Los cánones de los siete hospitales construidos a la vez en 2008 cuestan 138 millones de euros.
El reto de la informática
Las dos grandes apuestas informáticas de esta legislatura para la sanidad madrileña seguirán siendo retos en la próxima. Ni el nuevo sistema de gestión clínica AP-Madrid -que se está instalando progresivamente en los 420 centros de salud de la región- ni mucho menos la receta electrónica están en marcha. Sanidad lleva gastados millones de euros (al menos, 8,7) en versiones sucesivas de una aplicación que ha dado muchos problemas y que buena parte de los profesionales rechazan. La receta electrónica, por su parte, parece el cuento de nunca acabar. Acumula cuatro años de retraso.
La
e-receta, que está demostrando ser el modo más eficaz para aligerar la carga burocrática de los médicos y disminuir el número de visitas de los enfermos, era inminente en 2007, cuando el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, presentó el proyecto de prueba piloto a un mes de las elecciones autonómicas. Dijo que "tras la evaluación de los resultados del proyecto piloto y el ajuste de las aplicaciones" llegaría "la implantación progresiva de la receta electrónica en toda la región a lo largo del año 2007".
En 2011 nada se sabe de la receta en Madrid, pese a que muchas comunidades ya la tienen (el 60% de las recetas en Cataluña ya son electrónicas). La Consejería de Sanidad no respondió cuando este periódico preguntó en qué punto está su implantación o si hay algún plan piloto en marcha.
También está pendiente la nueva aplicación que se usará en la red de centros de salud, AP-Madrid. Solo el 40% de los centros y el 67% de los consultorios locales están funcionando con ella. A diferencia del actual, este sistema está centralizado en una única base de datos que permite consultar los historiales desde cualquier parte. Los profesionales han tenido que aguantar caídas prolongadas del sistema y todo tipo de fallos que se han ido solucionando, pero que aún no permiten llevar la aplicación al 100% de la Red.
