Europa Press - Duran dice que el sistema sanitario es insostenible

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Duran dice que el sistema sanitario es insostenible
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha indicado que el sistema sanitario no es sostenible en los términos actuales, por lo que hay que "repensarlo" para ofrecer a los ciudadanos lo que es un derecho, de manera distinta a lo que se está haciendo. En su opinión, "no es útil esconder la cabeza debajo del ala", ya que si esto continúa así se dispondrá de un sistema insostenible.


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Camps dejará los nuevos hospitales y colegios en manos del sector privado

El Consell reducirá un 15% el gasto, los altos cargos, regulará el uso de coches oficiales, de móviles e Internet y pondrá techo al presupuesto en un nuevo plan de austeridad 

 

Las Provincias

Menos de dos semanas después de vencer en las elecciones locales y autonómicas y de que Mariano Rajoy anunciara el miércoles que el PP impulsará una veintena de medidas anticrisis, el presidente Camps no ha esperado a su investidura en Les Corts -que se prevé para dentro de semana y media- y ayer aprobó en el pleno del Consell un conjunto de medidas de austeridad y reorganización de la Administración autonómica encaminadas a reducir el gasto público, quitar barreras y favorecer a los emprendedores y a estimular al sector privado con concesiones para favorecer la creación de empleo y la salida de la crisis económica.

El plan, elaborado por los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, empezará a tomar cuerpo en las próximas semanas a través de cuatro leyes, decretos y otras disposiciones, anunció el también conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla. Este conjunto de medidas, además, formará parte del discurso de investidura del presidente Camps.

«No dejamos de trabajar, incluso en funciones», afirmó el vicepresidente primero quien destacó que la Generalitat ya ha estado haciendo un esfuerzo de austeridad como demuestran los datos del primer trimestre dados a conocer por el Banco de España, al reducir los gastos un 0,94%, mientras la media española muestra un incrementó de un 5,5%. En este sentido, Rambla afirmó que la Comunitat Valenciana habría rebajado más el déficit si no tuviera «una insuficiente financiación estatal».

Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno valenciano en funciones se resumen en cinco puntos: la reducción del gasto público, la reorganización y reestructuración del sector público, la modernización de la Administración pública, intensificar la colaboración con el sector privado y simplificar la normativa autonómica de cara a la creación de empresas.

La mayor parte de estas iniciativas, dijo Vicente Rambla, ya se habían iniciado, como la reducción de empresas públicas en las reestructuración administrativas, o figuraban en el programa electoral del PP. Su aplicación paulatina «la determinará en cada momento el presidente según las necesidades», indicó.

Por lo que se refiere a la intervención del sector privado en la Administración autonómica, Vicente Rambla incidió en que se ampliará la colaboración público-privada en la gestión, construcción y mantenimiento de servicios públicos de sanidad (se seguirá el modelo de gestión privada del Hospital de la Ribera, algo que ya se ha hecho en el Hospital del Vinalopó y en el de Manises), educación (cesión de suelo para que los colegios concertados construyan el edificio y lo gestionen) y transporte público (la gestión privada mediante concesión de líneas de transporte como el Tram de Alicante o la nueva línea de metro que se está construyendo en Valencia), el impulso en el sector cultural y también se fomentarán nuevos usos y fórmulas de gestión público-privada de las infraestructuras públicas (la construcción de carreteras mediante contratos de concesión conocidos como peaje en sombra, por la que el conductor no paga directamente al usar la infraestructura sino que es la Administración la que anualmente satisface el contrato a la constructora), así como de los grandes proyectos (con organizadores externos o esponsorización que cubra los gastos).

La participación de la iniciativa privada supondrá que la Generalitat ahorre y pueda dedicar ese dinero a otras inversiones o a paliar deudas con proveedores.

«Los puestos de trabajo no los va a crear la Administración sino el sector privado, que necesita confianza y expectativas positivas», afirmó Rambla. Con estas iniciativas, dijo el vicepresidente, Camps quiere «dar en la diana de la recuperación económica» al estimular a las empresas para generar empleo e impulsar la economía y no perder «un solo día para subirnos al carro del crecimiento económico», y que el Gobierno valenciano se ha empeñado en ser «un activo de la recuperación económica».

El primero de los puntos que presentó Rambla fue el de la contención del gasto. Para ello se pondrá un techo presupuestario cada ejercicio económico y se reducirá en un 15% el gasto corriente excepto el dedicado al gasto social. En este apartado se incluye la creación de una ley para reducir «el 30% de subvenciones y transferencias corrientes y de capital». También se pretende reducir un 15% del gasto energético de los edificios públicos, y «ajustar los costes un 5%» en los contratos de servicios básicos como agua, electricidad, seguridad, limpieza que se tengan que renovar.

Otra de las cuestiones de reducción del gasto incluye «optimizar el rendimiento del patrimonio de la Generalitat y revisaremos los usos de espacios y alquileres» y establecer un contrato-programa para los altos cargos que permita controlar su efectividad. El vicepresidente no indicó si el incumplimiento de ese contrato-programa supondría la destitución.

El segundo punto aborda la reorganización y reestructuración del sector público. Un decreto del presidente reducirá las consellerias a un máximo de 10, y otro rebajará los altos cargos y el personal de confianza, aunque «habrá que esperar unos días» para conocer esa reducción, afirmó el vicepresidente primero.

Un tercer decreto regulará un código de buenas prácticas de los altos cargos en cuanto al uso del coche oficial, los viajes de trabajo, el móvil oficial y el uso de Internet.

También se incluye crear la central de compras para toda la Administración. Rambla anunció la creación de dos grupos empresariales que aúnen a todas las empresas públicas que no se eliminen, uno para la prestación de servicios y otro para infraestructuras. Es iniciativa prevé aprobar una ley del sector público autonómico destinada a reducir la estructura de nuestra Administración».

El quinto y último punto de esta primera serie de medidas busca simplificar la normativa autonómica para que existan menos normas y que estas, además, sean más fáciles de aplicar.

MEDIDAS ANTICRISIS

Reducir el gasto

Poner un techo presupuestario.

Bajar un 15% el gasto corriente.

Obligaciones a altos directivos.

Reorganización del sector.

Reducir los altos cargos.

Crear una central de compras. 

Dos grupos empresariales.
 

Modernización administrativa

Reducir las cargas un 30%.

Más medios telemáticos.

Conceder licencias más fáciles.

 

Sector privado

Que el sector privado construya y mantenga las nuevas infraestructuras sanitarias, de educación, de transporte público, culturales, de agua y autovías.

 

Simplificar las normas

Menos y más fáciles de aplicar.

EL HASTA DONDE PODAMOS DE MARIANO (Ramón Rodríguez)

Tribuna. La Voz de Galicia

Cuando iba a clases de gimnasia en el colegio allá por el año 1976 había dos profesores que eran completamente diferentes. Uno era más benévolo con los que no estábamos especialmente dotados para el ejercicio. Recuerdo que ya iniciabas la carrera con miedo. Nos ponía solo tres cajones de los siete que tenía un aparato como el plinto para que hiciéramos la voltereta a lo largo de un estrecho tablón acolchado con esparto. El otro era más temperamental y exigente porque sabía hasta donde podíamos llegar,así que, dejaba el silbato colgando del cuello y te esperaba con otro de la clase junto

al aparato para cogerte por la cintura y completar el ejercicio.¿Con qué profesor se quedaría usted?. Yo personalmente con el que tiene claro hasta dónde tenemos que llegar.

En un Estado como el nuestro, que se define como social en la Constitución, un dirigente político debe tener claro hasta donde tiene que llegar en un tema como es el Estado del Bienestar (por ejemplo en sanidad o servicios a la vejez), que hoy es muy insuficiente y que nunca alcanzó su máximo nivel de desarrollo . No hay que empeñarse como mi profesor de gimnasia, en ir quitándole escalones: recortando el presupuesto a los hospitales (caso de Cataluña), quitando médicos, aumentando las listas de espera o privatizando servicios y centros (caso de Galicia) sino en impulsarlo, como hace su colega, a un nivel que permita corregir los desequilibrios de los ciudadanos que tienen mermadas sus opciones de vida. En España y en Galicia nos hace falta un Estado de Bienestar de siete cajones o alturas como el plinto de mi escuela y políticos exigentes como mi profesor favorito que no se queden hipnotizados por la euforia electoral.

Europa Press - El PSdeG pide a la Xunta que se audite al Sergas para ver su situación "real"

El PSdeG pide a la Xunta que se audite al Sergas para ver su situación "real"
El portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha aludido este lunes a la deuda que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calcula que existe en la sanidad --en torno a 12.000 millones de euros-- para demandar que se contrate una auditoría sobre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) a fin de conocer su situación "real" y así desmontar la "estrategia engañosa del PP".


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Feijóo ve necesario “sanear” el SNS para evitar el “colapso” porque su estado financiero es “preocupante”

Asegura que Galicia no tiene facturas “sin contabilizar” y que “atiende los pagos”, aunque cada vez “con mayor dificultad” 

Redacción Médica


El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que la situación financiera del Sistema Nacional de Salud (SNS) es "preocupante", por lo que ha considerado "necesario" que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y el Ministerio de Sanidad aborden, "como se hizo" en los años 90, "distintas propuestas" para acometer "una operación de saneamiento".
 

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el máximo mandatario gallego ha insistido en que la situación financiera del sistema sanitario público es "delicada" y que debe ser "evaluada" para evitar su entrada "en colapso".

Al respecto, se ha remitido a las operaciones de saneamiento realizadas en los 90 en los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar, para recordar que fueron "de 12.000 millones de euros". "Ahora estamos en una situación similar", ha asegurado, para insistir en que hay que "aceptar" que se precisa hacer "un saneamiento".

"Los ministerios de Hacienda y Sanidad, junto con las comunidades, deben buscar una solución a esta delicada situación de la sanidad pública española", ha propuesto Feijóo, quien, tras constatar que se lleva "mirando hacia otro lado mucho tiempo", ha insistido en que "el problema está ahí". "Hay que buscar soluciones de forma responsable", ha agregado.

En todo caso, preguntado por si adoptar medidas privatizadoras podría ser una opción para paliar esta situación, ha recordado que lleva "mucho tiempo" trabajando en el sistema público y que "nunca" adoptó decisiones de este tipo. "Lo que sí haré es todo lo necesario para mantener viable el sistema, y eso no pasa por la privatización", ha aseverado.

Situación en Galicia

Sobre la deuda sanitaria en Galicia, Núñez Feijóo ha advertido de que la comunidad no tiene "facturas sin contabilizar y sigue atendiendo los pagos". Eso sí, ha subrayado que lo hace cada vez "con mayor dificultad y esfuerzo", lo que "detrae" presupuestos de otras actuaciones y servicios.

Lo ha manifestado tras publicar el diario 'El País' que Feijóo intervino en una comida que mantuvo su jefe de filas en el PP, Mariano Rajoy, con él y otros 'barones' regionales de su partido, para explicar que había encargado un informe, en colaboración con Extremadura y Canarias, que revela la existencia "facturas en los cajones" por valor de unos 15.000 millones de euros.

Preguntado por si comparte la preocupación de otros presidentes autonómicos que ven dificultades para hacer frente al pago de farmacia a finales de año, el mandatario gallego ha replicado que, "de momento, no". "Hicimos frente al pago hasta el momento y estamos ajustando el segundo semestre, viendo las distintas opciones", ha señalado.

Además, se ha reafirmado en que Galicia tampoco está dispuesta a aceptar que el Gobierno de España no "cumpla" con el acuerdo de financiación. De hecho, ha señalado que, de los 805 millones que reclama, hay 243 del Fondo de Cooperación a los que la comunidad "no puede renunciar en ningún caso".

Núñez Feijóo advierte de que el sistema sanitario puede 'entrar en colapso'

El Mundo



"La situación es preocupante y hay una necesidad urgente de evaluarla para no entrar en colapso". Así de contundente se manifestó este viernes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, al referirse al déficit financiero de la sanidad pública.
Y es que el líder del PP gallego estimó en 12.000 millones euros el coste del saneamiento de la sanidad pública. "6.000 millones euros le costó a González y 6.000 millones a Aznar afrontar este problema durante sus gobiernos", dijo al subrayar que, ante estas cifras, "se hace necesario sanear las cuentas de la sanidad", no sólo en Galicia, sino en el resto de autonomías.
En este sentido, señaló que Galicia, a través de las consellerías de Facenda y de Sanidade ya se puso a trabajar para evaluar la situación. Unos estudios que también están realizando las autonomías de Canarias y Extremadura. El presidente gallego, que fue director del Insalud durante el Gobierno de José María Aznar y con José Manuel Romay Beccaría como ministro de Sanidad, es un profundo conocedor de la situación sanitaria, al igual que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Bara, que también fue consejero de Sanidad.

Galicia, sin 'facturas' sanitarias

Precisamente, a este conocimiento del sector se refirió Núñez Feijóo para destacar que sean estas autonomías las que hayan iniciado estudios para evaluar la situación. En todo caso, precisó que Galicia no tiene "facturas" pendientes en el ámbito sanitario pero cada vez tiene más dificultades en esta área porque "detrae" financiación de otros departamentos.
Sobre la entrada del sector privado en la sanidad, el presidente gallego fue categórico: "Nunca adopté ninguna medida de privatización y haré todo lo posible para mantener el sistema sanitario público", recalcó al ser preguntado al respecto.
Por ello, apeló a la "responsabilidad colectiva" para que, "entre todos", se puedan buscar soluciones que puedan impulsar la sanidad pública.

Plan de ahorro

Por otra parte, Núñez Feijóo destacó el Plan de Racionalización de la Administración Pública puesta en marcha por su Ejecutivo y precisó que ha permitido ahorrar 21 millones de euros. En este sentido, el conselleiro de la Presidencia, Alfonso Rueda, presentó también en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta la segunda fase de este plan y anunció que el próximo año las medidas de ahorro implicarán al 76% de la Xunta.
Así, se mostró satisfecho por el plan puesto en marcha por su departamento y destacó que la eliminación o la redefinición de más de 50 fundaciones y entidades dependientes de la Xunta ha supuesto la reducción de 489 puestos de trabajo, "la mayor parte de ellos de asistencias técnicas", precisó. Sin embargo, no pudo concretar el número de puestos de altos cargos que también se han eliminado con este plan.

La plataforma sanitaria entra en el registro municipal de asociaciones

La Voz de Galicia


La junta de gobierno local de Monforte autorizó la inscripción de dos nuevos colectivos en el registro municipal de asociaciones, por entender que cumplen todos los requisitos fijados en el reglamento de participación ciudadana. Se trata de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública y de la asociación de familias con niños con déficit de atención con o sin hiperactividad.

Feijoo exige al Gobierno los 243 millones para mantener la asistencia sanitaria

Urge al Gobierno un plan para sanear los sistemas sanitarios en España

La Voz de Galicia

El Gobierno gallego se mantiene firme en el frente abierto contra el Ejecutivo de Zapatero para reclamar los 243 millones de euros del Fondo de Cooperación que la Xunta ha presupuestado para este año y que el Ministerio de Hacienda insiste que no liquidará antes del 2013. Feijoo refrendó ayer que Galicia «non vai renunciar aos cartos que lle corresponden», en una tesitura en la que el recorte de 1.177 millones en los Presupostos ha obligado a ralentizar la inversión en infraestructuras para salvar la prestación de los servicios esenciales. El presidente negó que piense en medidas privatizadoras en el ámbito sanitario. «Farei o que sexa para manter o sistema viable», proclamó.

Aunque aseguró que el pago a las farmacias no corre aquí «de momento» los riesgos de otras comunidades, Feijoo vinculó la reivindicación de esos 243 millones a las dificultades para sostener el sistema sanitario. Interpelado, al término de la reunión del Consello de la Xunta, por la posibilidad de que los servicios básicos estén en peligro si Hacienda no muda su criterio de no abonar el Fondo de Cooperación, apuntó que «haberá responsabilidade do Goberno de España de negarlle á comunidade o que lle corresponde», al tiempo que expresó su confianza en que el ministerio que dirige Elena Salgado reúna en julio al Consejo de Política Fiscal «para falar do que lle importa á Xunta e non buscar culpables».

Y lo que al Ejecutivo gallego le preocupa y quiere tratar en esa reunión son las dificultades crecientes para mantener la asistencia básica en este contexto de recorte de ingresos en el que Hacienda mantiene que no aportará a las comunidades asignaciones previstas en el sistema de financiación, como esos 243 millones. «Somos as Administracións autonómicas as que xestionamos todos os servizos públicos que se prestan en España, salvo as prestacións por desemprego, e non podemos seguir mirando para outro lado», arguyó Feijoo, que alertó de que la situación de algunas comunidades es «delicadísima» y emplazó al Gobierno de Rodríguez Zapatero a evaluar el estado de las finanzas autonómicas.

El presidente de la Xunta, que cree que el Ejecutivo socialista trata de presentar a las comunidades como las responsables del déficit, defendió la necesidad de abordar en esa reunión del Consejo de Política Fiscal una operación para sanear la sanidad pública. Feijoo evocó las que realizaron los Gobiernos de González y Aznar en los años noventa, por importe total de 12.000 millones de euros. «En Galicia, a comunidade segue atendendo os pagos», resaltó. Esa solvencia es la que la Xunta ve peligrar sin los 243 millones del Fondo de Cooperación.

Feijóo: "Hacer viable la sanidad pública no pasa por la privatización" (El País)

Aunque el 71% rechaza el copago, casi el 70% de los españoles es partidario de la subida de impuestos para cubrir el gasto sanitario

Europa Press


Al menos, siete de cada diez ciudadanos (69%) se declaran partidarios de la subida de impuestos para cubrir el gasto sanitario, aunque casi en la misma proporción rechazan el copago (71%) y la inmensa mayoría es contraria a una reducción de prestaciones sanitarias (89,3%) como medidas que ayuden a mantener el actual Sistema Nacional de Salud (SNS), según se desprende del último índices de opinión pública de Simple Lógica.
   La proporción de quienes se muestran partidarios de un incremento de los impuestos realizado con sentido progresivo varía fundamentalmente en función de la orientación política de los informantes. Así, aunque los votantes de los dos partidos mayoritarios son partidarios de esta medidas, son los votantes del PSOE con el 82 por ciento los que están más a favor (frente al 56% de los del PP).
   En cuanto a incorporar el copago en algunos servicios sanitarios es mayoritariamente rechazado, aunque un 26,9 por ciento se pronuncian a favor. En este caso, son los que tienen más estudios los más partidarios de la medida, así un 19,2 por ciento los tienen estudio primarios están de acuerdo con el copago frente al 38,6 por ciento entre los que declaran tener estudios universitarios.
   Finalmente, la práctica totalidad de los encuestados estaba en contra de reducir las prestaciones actuales del sistema sanitario. Si acaso, lo más partidarios son los más jóvenes, quienes tienen de 16 a 24 años (19,6%), mientras que los menos partidarios son los mayores de 65 (4,6%).

Feijóo revela una "deuda oculta" en la Sanidad de 15.000 millones

Un informe elaborado por Galicia, Extremadura y Canarias destapa los problemas de las comunidades autónomas para pagar el gasto sanitario

Rajoy dulcificó la imagen en público y evitó hablar de medidas drásticas

 

El País

Mariano Rajoy ofreció ayer dos versiones de la realidad. Una, la que dio en la rueda de prensa, con medidas de austeridad muy simbólicas pero nada drásticas. Otra, sin cámaras ni micrófonos, en la comida con sus barones. Todos los que hablaron, en especial los que están a punto de gobernar, plantearon visiones dramáticas de la situación financiera de las autonomías.
Rajoy planteó la gran caída de recaudación en 2011. Y el momento más dramático llegó cuando el propio líder preguntó abiertamente a sus barones. “¿Es cierto que en la sanidad se está pagando a más de 600 días? ¿Es verdad lo que me cuentan?”.
En la comida estaban barones como el valenciano Francisco Camps o el murciano Ramón Luis Valcárcel, que están teniendo graves problemas con sus proveedores porque precisamente tardan hasta 600 días en pagar.
Pero ni Camps ni Valcárcel quisieron hablar. Fue Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia y exdirector del Insalud con el Gobierno de José María Aznar, quien planteó con crudeza la situación ante el líder del PP. “Sí, es verdad. Se paga a 600 días. Y, sobre todo, hay una deuda oculta de 15.000 millones de euros en la sanidad”, recuerdan varios de los presentes que dijo. Todos interpretaron que de su visión se concluía que la situación es insostenible y va a estallar. Feijóo explicó que él ha encargado un informe, en colaboración con Extremadura y Canarias, que ofrece esos resultados de “facturas en los cajones” que sumarían 15.000 millones de euros.

Bauzá teme no poder pagar a las farmacias y otros a partir de septiembre

Desde hace tiempo se viene hablando de esa cantidad como déficit acumulado, pero el gallego habla de otra cosa, de deuda no reconocida.
Feijóo mostró una gran preocupación, compartida con Rajoy. Pero después, cuando le preguntaron por este asunto en la rueda de prensa, el líder se limitó a decir: “La sanidad es un tema importante porque se lleva el 40% de los recursos. Se pueden hacer cosas a la hora de gestionar, pero el grueso de la legislación la tiene el Gobierno y el Ministerio de Sanidad no existe”.
Dentro, en la reunión, el próximo presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que es farmacéutico, llegó a plantear que por los datos que le han pasado desde la Administración teme que en septiembre ya no haya dinero para pagar a las farmacias. Bauzá fue uno de los más pesimistas, ya que con unos Presupuestos prorrogados, teme tener problemas financieros serios antes de final de año. Ante los periodistas, antes de la comida, llegó a plantear la posibilidad de que haya problemas para pagar los sueldos. El único que suavizó un poco fue Pedro Sanz, de La Rioja, que dijo que la situación financiera allí no es tan delicada. El canario José Manuel Soria hablo del “drama” de los Ayuntamientos, que con sus impagos están condenando a la quiebra a decenas de empresas. Llegó a pedir una especie de FROB (el fondo de rescate que usan las cajas) para rescatar a los municipios. Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha) y José Antonio Monago (Extremadura) también pintaron una situación dramática, en la que están convencidos de que las cuentas son peores de las declaradas.
Mientras Camps y Valcárcel se borraban, y Rajoy no les pidió que aclararan si sus cuentas son reales o no, Esperanza Aguirre tampoco entró a fondo, aunque sí aclaró que el Gobierno central no está contabilizando el aumento de población de Madrid en los últimos años y eso estaba generando problemas. La conclusión general fue bien clara: los barones responsabilizarán de los problemas al Ejecutivo central por no darles fondos. De hecho, para sorpresa de algunos, el documento exige al Gobierno que cumpla la Ley de Financiación Autonómica, que el PP rechazó en el Congreso.
Lo que nadie planteó es hacer recortes sociales. De hecho, el líder insistió en que no es el momento, en plena crisis. A lo que más teme Rajoy es a un otoño caliente que haga compartir al PP, que ahora tiene casi todo el poder autonómico, el coste político de la crisis. Alicia Sánchez-Camacho les explicó el deterioro de CiU por los recortes en Sanidad y Educación de Artur Mas. Rajoy, al que todos vieron pesimista con la situación pero con un tono mucho más presidencial que otras veces, no aclaró qué pasará. Dijo que primero hay que conocer la situación real para después tomar decisiones.