La última regulación de la receta médica en España es la del Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, y desde entonces se ha producido una importante evolución de la asistencia sanitaria y del marco jurídico español y europeo en materia farmacéutica. En particular, la promulgación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, incorpora nuevas e importantes disposiciones en el ámbito de los medicamentos y de los productos sanitarios ligadas a sus garantías y uso racional que es preciso desarrollar reglamentariamente.
Más recientemente, la Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios introduce en nuestro ordenamiento jurídico dos novedades de máxima relevancia: incorpora a los podólogos, junto a los médicos y odontólogos, como profesionales sanitarios facultados para recetar, en el ámbito de sus competencias, medicamentos sujetos a prescripción médica. Al mismo tiempo, contempla la participación de los enfermeros, por medio de la orden de dispensación, en el uso, indicación y autorización de dispensación de determinados medicamentos y productos sanitarios.
Por otra parte, la progresiva utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, en particular mediante la introducción de la receta médica electrónica, determina la necesidad de que la normativa sobre esta materia deba ser conforme con los principios y criterios emanados de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y disposiciones legales de aplicación, al objeto de posibilitar la creación de una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas.
Por todo ello, se hace necesario establecer un nuevo marco jurídico para la receta médica y la orden de dispensación que posibilite profundizar en la mejora del uso racional de los medicamentos, en los ámbitos público y privado y que, al tiempo que contribuya a la simplificación de la tarea de los profesionales sanitarios, refuerce las garantías de los ciudadanos.
La receta médica y las órdenes de dispensación como documentos normalizados, suponen un medio fundamental para la transmisión de información entre los profesionales sanitarios y una garantía para el paciente, que posibilita un correcto cumplimiento terapéutico y la obtención de la eficiencia máxima del tratamiento, ello sin perjuicio de su papel como soporte para la gestión y facturación de la prestación farmacéutica que reciben los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
Por otra parte, es necesario desarrollar lo dispuesto en los apartados 6 y 8 del artículo 77 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios en lo referente a la orden de dispensación hospitalaria, para optimizar y promover la calidad y eficiencia de la dispensación a los pacientes externos desde el medio hospitalario, estableciendo los requisitos que hayan de ser de general aplicación al objeto de asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio español, a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Este real decreto se dicta en desarrollo de los artículos 19.6 y 77.6 y 8 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y al amparo de las competencias exclusivas que en materia de legislación sobre productos farmacéuticos y bases para la coordinación general de la sanidad atribuye al Estado el artículo 149.1.16.ª de la Constitución.
13 DE MAIO DE 2010
13 DE MAIO DE 2010: GRAZAS!!!
24 ene 2011
23 ene 2011
Informe Feijoo, crónica de una incompetencia anunciada (por Diego Taboada Varela)
Reproducción parcial do artigo de Diego Taboada na web Rebelion.org do 6-9-2010
La privatización a través de la sociedad gallega de servicios sociales (SOGASERSO), sociedad creada por la Xunta de Galicia y las cajas de ahorro gallegas, no está demostrando tampoco su eficiencia. En un artículo de El País se informa que alrededor de 1000 plazas de las cuatro residencias para mayores construídas hace ya 15 meses (Orense, Monforte, Verín y Vimianzo) permanecen cerradas. La situación está lejos de solucionarse, sobre todo después de que la semana pasada la Consellería de Traballo e benestar declarara desiertos los concursos para la reserva y ocupación de plazas de tres de ellos.
La declaración como desiertos de tres de los cuatro concursos se debe a errores en la presentación de la documentación de la empresa Geriatros, vinculada a caixanova, que aspiraba a gestionar los cuatro geriátricos, pero el bloqueo administrativo de las residencias está relacionado con la privatización del servicio que llevó a cabo Feijoo.
La propia consellería de traballo e benestar no oculta que considera a Geriatros la única empresa con capacidad para gestionar las plazas, dada su vinculación con SOGASERSO a través de Caixanova. Geriatros fue, de hecho, la única empresa que se presentó a tres de los concursos, los de Orense, Monforte y Viveiro. En Vimianzo, en cambio, tuvo que competir con otra empresa con la que la Xunta no contaba, REACTEDA, la única propuesta por la mesa de contratación a la conselleira, quien será la encargada de efectuar la adjudicación,
La identificación que realiza la Xunta entre SOGASERSO y Geriatros es tal que la consellería de traballo justificó que ésta insertara un anuncio en la prensa en demanda de personal antes de que se resolviese el concurso, al considerar que puede disponer de las plazas del geriátrico ya construído como iniciativa privada. Sin embargo, y he aquí el kit de la cuestión, las condiciones de privatización de SOGASERSO, en cambio, obligan a ofertar las plazas con tarifas públicas, como así figura en el convenio por el que el ayuntamiento de Vimianzo cedió los terrenos para el geriátrico. La propia consellería publicó una nota el pasado 21 de Julio en la que aseguraba que el concurso era en realidad un trámite para que Sogaserso inicie la gestión de la residencia.
Ahorrar a costa de los dependientes es una de las formas en la que el gobierno de Feijoo entiende su austeridad. Aún estoy a la espera de datos para saber en qué medida éstas residencias son intensivas en puestos de trabajo, y en qué medida sus tarifas son asequibles para dependientes y ancianos cuya capacidad adquisitiva es insuficiente para pagarlas. De todos modos, creo que habría que ser exigentes y duros, a la luz de los hechos, en el discurso ético, porque es inadmisible, a mi modo de ver, que iniciativas privadas como Geriatros incumplan lo escrito en los convenios que redacta con los ayuntamientos.
Creo que sería de extrema necesidad recuperar la gestión íntegramente pública y no jugar con los engaños de la propaganda del PP. Su modelo de gestión mixto, público-privado, es, a la luz de los hechos, toda una estrategia, a corto y largo plazo, de privatización de los servicios sociales, a través de la implantación de técnicas empresariales de gestión en las que sólo funcionan los criterios de la ley de la oferta y la demanda. A mi modo de ver, el modelo mixto de gestión de los servicios sociales sería eficaz, sí, con un mayor protagonismo de la gestión pública, y sería más accesible a los ciudadanos con menos recursos, también, con una decidida inversión pública a través del aumento de la carga impositiva a las grandes rentas. Hay que darle la vuelta, no sólo al discurso ideológico, sino también al discurso técnico de los gestores del gobierno de Feijoo, con una propuesta decidida por un modelo de gestión mixto, no sólo en los servicios sociales, sino también en la empresa. Un modelo que no podrá aplicarse si no se pone en práctica una política fiscal que aumente el gravamen a las grandes rentas.
Durante muchos años, el nacionalismo gallego ha hecho una decidida propaganda a favor de la AUTONOMIA fiscal, pensando exclusivamente en clave de país. Sin embargo, nunca ha mencionado, en absoluto, el término EQUIDAD fiscal. El término autonomía fiscal presupone una cesión del Estado a la autonomía en lo que se refiere a la posibilidad de efectuar sus propias políticas en este ámbito. Sin embargo, la AUTONOMIA fiscal no presupone, necesariamente, EQUIDAD fiscal; la equidad fiscal presupone mayor justicia social y equilibrio entre clases, la autonomía fiscal sólo presupone una mayor justicia social y equilibrio entre regiones-naciones –no me voy a perder en debates semánticos-.
Además de estos datos que ilustran las consecuencias de la privatización de los geriátricos, tengo más datos que evidencian que el camino escogido por el gobierno Feijoo es el camino equivocado. En el diario El País, recientemente, se informó sobre la apropiación de bienes de residentes por parte de los dueños de un geriátrico de Outes. La pareja, pendiente de juicio, se quedó, al parecer, con cuatro casas y 50 solares. Para ser más concreto, esta pareja es sospechosa de apropiarse de las viviendas y propiedades de los residentes, bajo la excusa de sufragar sus honorarios.
Las declaraciones de los familiares directos de los ancianos, desposeídos de sus bienes, en su mayoría ya fallecidos, coinciden en destacar las dificultades que tenían para visitarlos y ponían en duda la capacidad mental de sus padres, abuelos o tíos para firmar el poder notarial por el que cuatro casas situadas en Noia, Serra de Outes y medio centenar de fincas acabaron, entre 2003 y 2006, a nombre de los dueños.Dicho de un modo claro y directo : los dueños de estos geriátricos privados aprovecharon su influencia sobre los pacientes, apartándolos incluso de sus familiares con excusas institucionales, para hacerse con su patrimonio.
Es importante recordar lo siguiente; mientras que el gobierno de Esperanza Aguirre sí publica los datos de los pacientes que rechazan operarse en centros privados, la Xunta oculta descaradamente esos datos. La opacidad y la falta de transparencia es absoluta para poder elaborar un buen informe general sobre el estado de la sanidad en Galicia.
Más datos, y estos son, si cabe, aún más preocupantes : Uno de cada diez españoles que está en lista de espera sanitaria es gallego, informa el diario El Xornal. A pesar de que los gallegos no llegamos al seis por ciento de la población del Estado, nuestra proporción aumenta en las listas de espera, donde uno de cada diez pacientes que necesita una operación es atendido por el servicio galego de saúde. De esta manera, según los datos que maneja un informe realizado por la UGT, los enfermos que en España se encuentran en esta situación, son 364.833, frente a los 36.180 de Galicia.
El sindicato ofrece también los datos sobre la demora media que se da en el sistema nacional de salud (SNS), y que se sitúa en torno a los setenta días. En este sentido, Galicia mantiene una espera muy similar a la de los demás hospitales españoles, con apenasen día más para conseguir una operación.
No obstante, la comunidad se mantiene lejos de autonomías como Castilla y León, que marca la demora mínima para una cirugía de 45 días. Algo por encima están los hospitales Andaluces y Extremeños que, a falta de facilitar datos homogéneos de todo el territorio, se mueve entre los 54 y 62 días en el primer caso y entre los 58 y 70 en el segundo.
A la luz de los datos, el sindicato UGT ve “imprescindible” establecer una ley que garantice que los tiempos máximos de espera (quirúrgica, diagnóstica y consultas extrenas) sean comunes y homogeneos eN todo el sistema nacional de salud independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida, y demanda al ministerio de Sanidad el compromiso de que la financiación sanitaria sea de carácter finalista.
Me gustaría tener acceso a datos sobre la inversión pública en I-D-I en las farmeceuticas privadas. Es decir, en la investigación de fármacos más eficaces para determinadas enfermedades. Por supuesto, me gustaría contrastar estos datos con el grado de participación del capital privado en estas farmaceuticas. Mi intención es establecer una comparativa entre el porcentaje de inversión pública en la creación de más medicamentos genéricos con la inversión privada en publicidad y marketing de los ya existentes. Esta última razón, el protagonismo de la inversión privada y marketing de los medicamentos clásicos, y la falta de inversión pública para investigar nuevos medicamentos para nuevas enfermedades, creo que es lo que podría explica el bajo consumo de medicamentos genéricos en Galicia : no es que consumamos pocos medicamentos genéricos, es que, sencillamente, a la mera ley de la oferta y la demanda por la que se rigen las farmaceuticas privadas no le interesa la inversión pública para investigar medicamentos más eficaces que los medicamentos que las farmaceuticas privadas ya considera rentables.
En resumen, y para no complicarnos : también en sanidad la estrategia del PP seguirá siendo justificar el recorte social bajo el discurso de una austeridad que no existe, y que se pone en duda fácilmente visualizando los exageradísimos gastos consecuencia de la licitación de obras y gestión pública de servicios sociales a compañías privadas regidas por sus propias familias. Dicho de un modo simple : reducir los puestos en la administración y elevar las asistencias técnicas con empresas privadas. Esa es su austeridad.
La privatización a través de la sociedad gallega de servicios sociales (SOGASERSO), sociedad creada por la Xunta de Galicia y las cajas de ahorro gallegas, no está demostrando tampoco su eficiencia. En un artículo de El País se informa que alrededor de 1000 plazas de las cuatro residencias para mayores construídas hace ya 15 meses (Orense, Monforte, Verín y Vimianzo) permanecen cerradas. La situación está lejos de solucionarse, sobre todo después de que la semana pasada la Consellería de Traballo e benestar declarara desiertos los concursos para la reserva y ocupación de plazas de tres de ellos.
La declaración como desiertos de tres de los cuatro concursos se debe a errores en la presentación de la documentación de la empresa Geriatros, vinculada a caixanova, que aspiraba a gestionar los cuatro geriátricos, pero el bloqueo administrativo de las residencias está relacionado con la privatización del servicio que llevó a cabo Feijoo.
La propia consellería de traballo e benestar no oculta que considera a Geriatros la única empresa con capacidad para gestionar las plazas, dada su vinculación con SOGASERSO a través de Caixanova. Geriatros fue, de hecho, la única empresa que se presentó a tres de los concursos, los de Orense, Monforte y Viveiro. En Vimianzo, en cambio, tuvo que competir con otra empresa con la que la Xunta no contaba, REACTEDA, la única propuesta por la mesa de contratación a la conselleira, quien será la encargada de efectuar la adjudicación,
La identificación que realiza la Xunta entre SOGASERSO y Geriatros es tal que la consellería de traballo justificó que ésta insertara un anuncio en la prensa en demanda de personal antes de que se resolviese el concurso, al considerar que puede disponer de las plazas del geriátrico ya construído como iniciativa privada. Sin embargo, y he aquí el kit de la cuestión, las condiciones de privatización de SOGASERSO, en cambio, obligan a ofertar las plazas con tarifas públicas, como así figura en el convenio por el que el ayuntamiento de Vimianzo cedió los terrenos para el geriátrico. La propia consellería publicó una nota el pasado 21 de Julio en la que aseguraba que el concurso era en realidad un trámite para que Sogaserso inicie la gestión de la residencia.
Ahorrar a costa de los dependientes es una de las formas en la que el gobierno de Feijoo entiende su austeridad. Aún estoy a la espera de datos para saber en qué medida éstas residencias son intensivas en puestos de trabajo, y en qué medida sus tarifas son asequibles para dependientes y ancianos cuya capacidad adquisitiva es insuficiente para pagarlas. De todos modos, creo que habría que ser exigentes y duros, a la luz de los hechos, en el discurso ético, porque es inadmisible, a mi modo de ver, que iniciativas privadas como Geriatros incumplan lo escrito en los convenios que redacta con los ayuntamientos.
Creo que sería de extrema necesidad recuperar la gestión íntegramente pública y no jugar con los engaños de la propaganda del PP. Su modelo de gestión mixto, público-privado, es, a la luz de los hechos, toda una estrategia, a corto y largo plazo, de privatización de los servicios sociales, a través de la implantación de técnicas empresariales de gestión en las que sólo funcionan los criterios de la ley de la oferta y la demanda. A mi modo de ver, el modelo mixto de gestión de los servicios sociales sería eficaz, sí, con un mayor protagonismo de la gestión pública, y sería más accesible a los ciudadanos con menos recursos, también, con una decidida inversión pública a través del aumento de la carga impositiva a las grandes rentas. Hay que darle la vuelta, no sólo al discurso ideológico, sino también al discurso técnico de los gestores del gobierno de Feijoo, con una propuesta decidida por un modelo de gestión mixto, no sólo en los servicios sociales, sino también en la empresa. Un modelo que no podrá aplicarse si no se pone en práctica una política fiscal que aumente el gravamen a las grandes rentas.
Durante muchos años, el nacionalismo gallego ha hecho una decidida propaganda a favor de la AUTONOMIA fiscal, pensando exclusivamente en clave de país. Sin embargo, nunca ha mencionado, en absoluto, el término EQUIDAD fiscal. El término autonomía fiscal presupone una cesión del Estado a la autonomía en lo que se refiere a la posibilidad de efectuar sus propias políticas en este ámbito. Sin embargo, la AUTONOMIA fiscal no presupone, necesariamente, EQUIDAD fiscal; la equidad fiscal presupone mayor justicia social y equilibrio entre clases, la autonomía fiscal sólo presupone una mayor justicia social y equilibrio entre regiones-naciones –no me voy a perder en debates semánticos-.
Además de estos datos que ilustran las consecuencias de la privatización de los geriátricos, tengo más datos que evidencian que el camino escogido por el gobierno Feijoo es el camino equivocado. En el diario El País, recientemente, se informó sobre la apropiación de bienes de residentes por parte de los dueños de un geriátrico de Outes. La pareja, pendiente de juicio, se quedó, al parecer, con cuatro casas y 50 solares. Para ser más concreto, esta pareja es sospechosa de apropiarse de las viviendas y propiedades de los residentes, bajo la excusa de sufragar sus honorarios.
Las declaraciones de los familiares directos de los ancianos, desposeídos de sus bienes, en su mayoría ya fallecidos, coinciden en destacar las dificultades que tenían para visitarlos y ponían en duda la capacidad mental de sus padres, abuelos o tíos para firmar el poder notarial por el que cuatro casas situadas en Noia, Serra de Outes y medio centenar de fincas acabaron, entre 2003 y 2006, a nombre de los dueños.Dicho de un modo claro y directo : los dueños de estos geriátricos privados aprovecharon su influencia sobre los pacientes, apartándolos incluso de sus familiares con excusas institucionales, para hacerse con su patrimonio.
Es importante recordar lo siguiente; mientras que el gobierno de Esperanza Aguirre sí publica los datos de los pacientes que rechazan operarse en centros privados, la Xunta oculta descaradamente esos datos. La opacidad y la falta de transparencia es absoluta para poder elaborar un buen informe general sobre el estado de la sanidad en Galicia.
Más datos, y estos son, si cabe, aún más preocupantes : Uno de cada diez españoles que está en lista de espera sanitaria es gallego, informa el diario El Xornal. A pesar de que los gallegos no llegamos al seis por ciento de la población del Estado, nuestra proporción aumenta en las listas de espera, donde uno de cada diez pacientes que necesita una operación es atendido por el servicio galego de saúde. De esta manera, según los datos que maneja un informe realizado por la UGT, los enfermos que en España se encuentran en esta situación, son 364.833, frente a los 36.180 de Galicia.
El sindicato ofrece también los datos sobre la demora media que se da en el sistema nacional de salud (SNS), y que se sitúa en torno a los setenta días. En este sentido, Galicia mantiene una espera muy similar a la de los demás hospitales españoles, con apenasen día más para conseguir una operación.
No obstante, la comunidad se mantiene lejos de autonomías como Castilla y León, que marca la demora mínima para una cirugía de 45 días. Algo por encima están los hospitales Andaluces y Extremeños que, a falta de facilitar datos homogéneos de todo el territorio, se mueve entre los 54 y 62 días en el primer caso y entre los 58 y 70 en el segundo.
A la luz de los datos, el sindicato UGT ve “imprescindible” establecer una ley que garantice que los tiempos máximos de espera (quirúrgica, diagnóstica y consultas extrenas) sean comunes y homogeneos eN todo el sistema nacional de salud independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida, y demanda al ministerio de Sanidad el compromiso de que la financiación sanitaria sea de carácter finalista.
Me gustaría tener acceso a datos sobre la inversión pública en I-D-I en las farmeceuticas privadas. Es decir, en la investigación de fármacos más eficaces para determinadas enfermedades. Por supuesto, me gustaría contrastar estos datos con el grado de participación del capital privado en estas farmaceuticas. Mi intención es establecer una comparativa entre el porcentaje de inversión pública en la creación de más medicamentos genéricos con la inversión privada en publicidad y marketing de los ya existentes. Esta última razón, el protagonismo de la inversión privada y marketing de los medicamentos clásicos, y la falta de inversión pública para investigar nuevos medicamentos para nuevas enfermedades, creo que es lo que podría explica el bajo consumo de medicamentos genéricos en Galicia : no es que consumamos pocos medicamentos genéricos, es que, sencillamente, a la mera ley de la oferta y la demanda por la que se rigen las farmaceuticas privadas no le interesa la inversión pública para investigar medicamentos más eficaces que los medicamentos que las farmaceuticas privadas ya considera rentables.
En resumen, y para no complicarnos : también en sanidad la estrategia del PP seguirá siendo justificar el recorte social bajo el discurso de una austeridad que no existe, y que se pone en duda fácilmente visualizando los exageradísimos gastos consecuencia de la licitación de obras y gestión pública de servicios sociales a compañías privadas regidas por sus propias familias. Dicho de un modo simple : reducir los puestos en la administración y elevar las asistencias técnicas con empresas privadas. Esa es su austeridad.
El Sergas moverá a 250 pacientes al Lucus Augusti la próxima semana
El Servicio Galego de Saúde (Sergas) moverá a 250 pacientes ingresados en los hospitales Xeral y Materno-Infantil de Lugo al sanatorio Lucus Augusti, como parte del traslado de las antiguas instalaciones al nuevo hospital, entre el lunes y el viernes de la próxima semana.
Los traslados se efectuarán de forma individual y por medio de ambulancias, siguiendo el protocolo que se empleó para llevar a los pacientes del hospital de Calde al Lucus Augusti el pasado mes de diciembre. Según ha asegurado el Sergas en un comunicado, los pacientes estarán acompañados en todo momento por personal de enfermería y, si es necesario por las características de su caso, por personal médico.
Durante estas fechas, las unidades de medicina intensiva (UCI) seguirán funcionando en el Hospital Xeral y el Materno y se creará una adicional en el nuevo hospital, con capacidad para 13 pacientes, para atender al volumen de internos que llegará.
Asimismo, dado que "puede ser necesario", según ha informado el Sergas, realizar intervenciones quirúrgicas urgentes en el Lucus Augusti, en este hospital se dispondrá de quirófanos para poder resolver las posibles contingencias "in situ". Estas actividades se mantendrán, en paralelo, en el Hospital Xeral-Materno hasta el último día. El trasvase de los internos se interrumpirá el día 27, fecha para la que está convocada una huelga general.
Además, los servicios de radiología general, ecografía y diálisis aguda funcionarán de forma simultánea en el hospital Xeral y en el Lucus Augusti, hasta que se finalice el proceso de trasvase de servicios. El Sergas ha afirmado que se pondrá en contacto con todos los usuarios que se vean afectados por el traslado.
Los traslados se efectuarán de forma individual y por medio de ambulancias, siguiendo el protocolo que se empleó para llevar a los pacientes del hospital de Calde al Lucus Augusti el pasado mes de diciembre. Según ha asegurado el Sergas en un comunicado, los pacientes estarán acompañados en todo momento por personal de enfermería y, si es necesario por las características de su caso, por personal médico.
Durante estas fechas, las unidades de medicina intensiva (UCI) seguirán funcionando en el Hospital Xeral y el Materno y se creará una adicional en el nuevo hospital, con capacidad para 13 pacientes, para atender al volumen de internos que llegará.
Asimismo, dado que "puede ser necesario", según ha informado el Sergas, realizar intervenciones quirúrgicas urgentes en el Lucus Augusti, en este hospital se dispondrá de quirófanos para poder resolver las posibles contingencias "in situ". Estas actividades se mantendrán, en paralelo, en el Hospital Xeral-Materno hasta el último día. El trasvase de los internos se interrumpirá el día 27, fecha para la que está convocada una huelga general.
TRASLADO DE UNIDADES
Por otra parte, se mudarán en estas fechas las unidades y servicios hospitalarios que aún estaban situadas en el Xeral y Materno-Infantil. En concreto, las consultas externas de 16 especialidades, como reumatología o medicina interna, empezarán a funcionar en el Lucus Augusti a partir de este lunes.Además, los servicios de radiología general, ecografía y diálisis aguda funcionarán de forma simultánea en el hospital Xeral y en el Lucus Augusti, hasta que se finalice el proceso de trasvase de servicios. El Sergas ha afirmado que se pondrá en contacto con todos los usuarios que se vean afectados por el traslado.
22 ene 2011
El Defensor del Paciente abronca a Farjas por la falta de cardiólogo en el Xeral-Calde
El Progreso
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha enviado una carta en la que expresa una dura reprimenda a la conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, por la falta de cardiólogo de urgencia de tarde y noche en el hospital Xeral-Calde de Lugo.
En su escrito, la asociación resalta que el horario sin presencia de este personal es desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana, una situación que considera que "no es admisible". Por ello, Flores le dice a Farjas que es también "una irresponsabilidad de usted como consejera de Sanidad, que ya durante su mandato -agrega- está teniendo más sombras que luces".
La presidenta del Defensor del Paciente insiste en que la falta de presencia física de un cardiólogo "pone en grave riesgo a aquellos pacientes que acudan con una grave patología cardiaca hasta el punto de poder costarles la vida, algo que cualquier persona no asumiría como responsabilidad, aunque parece que usted sí", reitera.
En la carta a la conselleira, en la que expresa su esperanza de que se ponga remedio a la situación, el Defensor del Paciente opina que "parece mentira que los especialistas hayan tenido que hacerles llegar un escrito de quejas para llamarles la atención de las deficiencias de gestión en este hospital".
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha enviado una carta en la que expresa una dura reprimenda a la conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, por la falta de cardiólogo de urgencia de tarde y noche en el hospital Xeral-Calde de Lugo.
En su escrito, la asociación resalta que el horario sin presencia de este personal es desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana, una situación que considera que "no es admisible". Por ello, Flores le dice a Farjas que es también "una irresponsabilidad de usted como consejera de Sanidad, que ya durante su mandato -agrega- está teniendo más sombras que luces".
La presidenta del Defensor del Paciente insiste en que la falta de presencia física de un cardiólogo "pone en grave riesgo a aquellos pacientes que acudan con una grave patología cardiaca hasta el punto de poder costarles la vida, algo que cualquier persona no asumiría como responsabilidad, aunque parece que usted sí", reitera.
En la carta a la conselleira, en la que expresa su esperanza de que se ponga remedio a la situación, el Defensor del Paciente opina que "parece mentira que los especialistas hayan tenido que hacerles llegar un escrito de quejas para llamarles la atención de las deficiencias de gestión en este hospital".
O catálogo de Farjas choca coa Constitución e outras dúas leis
Xornal.com
A listaxe priorizada de medicamentos choca coa Carta Magna, a lei de cohesión e calidade do Sistema de Saúde e a de uso racional de fármacos
O catálogo priorizado de medicamentos posto en marcha en Galicia pola conselleira Pilar Farjas pode arrastrar tras de si graves prexuízos para o mercado interior do medicamento. Así o denuncian tanto a patronal farmacéutica, Farmaindustria, como diversas fontes expertas consultadas por Xornal de Galicia. En España, o mercado do medicamento está fortemente intervido co principal obxecto de garantir o dereito de protección á saúde que teñen os cidadáns segundo a Constitución. É precisamente por este motivo polo que o Goberno central defende que debe ser desde Madrid desde onde se apliquen unhas normas comúns para todas as autonomías que fagan posible que todos os cidadáns dispoñan do mesmo acceso ás mesmas prestacións.
O Ministerio de Sanidade de Leire Pajín entende que catálogo priorizado de Farjas invade competencias estatais. O certo é que se finalmente a listaxe de fármacos da Xunta segue adiante e en Galicia subvenciónanse menos medicamentos que no resto do Estado, poderíase estar a romper o principio de equidade no acceso dos cidadáns ás mesmas prestacións farmacéuticas. Así, fontes expertas explicaron a este xornal que de admitirse que as comunidades regulen, segundo os seus criterios, o número de medicamentos suxeitos a financiamento, estar a pór en perigo “o principio de liberdade de empresa no marco da economía de mercado”, un principio que se atopa recollido no artigo 38 da Constitución, texto en cuxa defensa se amparou o propio Núñez Feijóo para frear unha reforma estatutaria para a comunidade galega no ano 2008.
Igualmente, a Constitución establece no seu artigo 149.1.16 que o Estado “ten competencia absoluta sobre sanidade exterior, bases e coordinación xeral da sanidade, así como a lexislación sobre produtos farmacéuticos”.
Facendo un repaso ás leis que rexen a sanidade estatal, o catálogo da Xunta chocaría con, polo menos, tres normativas. A Lei de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde destaca, por exemplo, que “a prestación de servizos aos usuarios de toda España levará a cabo en condicións de igualdade efectiva e calidade”. Isto non será así, xa que aínda que respectando o número de principios activos que gozan de financiamento no medicamento público, agora mesmo os pacientes galegos teñen acceso a menos medicamentos subvencionados que o resto de pacientes españois.
Esta mesma norma determina que é ao Ministerio de Sanidade ao que lle corresponde “o exercicio das competencias do Estado en materia de decisión sobre financiamento público de medicamentos e fixación do prezo correspondente”, e non ás autonomías.
Igualmente, a Lei 29/2006, que regula as garantías e o uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, recoñece no seu artigo 88 “o dereito que teñen todos os cidadáns a obter medicamentos en condicións de igualdade en todo o Sistema Nacional de Saúde”, iso si, sen prexuízo das medidas tendentes a racionalizar a prescrición que poidan levar a cabo nas distintas comunidades. Co catálogo, incluso un cidadán de fóra de Galicia deberá adaptar as súas receitas á nova lista de fármacos.
A lei de garantías tamén establece que debe ser a carteira de Sanidade a que decida sobre “a inclusión ou non de produtos farmacéuticos na prestación de medicamentos que garante o Sistema Nacional de Saúde”. Segundo esta lei, é o Goberno quen ten potestade para revisar “periodicamente a relación de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica”, e non a Xunta de Galicia, que decidiu primar os xenéricos de valor máis baixo na súa listaxe.
Do mesmo xeito, no Real Decreto 1030/2006 end_of_the_skype_highlighting recóllese que a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde establece que as comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias, poderán aprobar as súas respectivas ofertas sanitarias, que terán que incluír “cando menos” a carteira de servizos comúns ao Sistema Nacional de Saúde.
A listaxe priorizada de medicamentos choca coa Carta Magna, a lei de cohesión e calidade do Sistema de Saúde e a de uso racional de fármacos
O catálogo priorizado de medicamentos posto en marcha en Galicia pola conselleira Pilar Farjas pode arrastrar tras de si graves prexuízos para o mercado interior do medicamento. Así o denuncian tanto a patronal farmacéutica, Farmaindustria, como diversas fontes expertas consultadas por Xornal de Galicia. En España, o mercado do medicamento está fortemente intervido co principal obxecto de garantir o dereito de protección á saúde que teñen os cidadáns segundo a Constitución. É precisamente por este motivo polo que o Goberno central defende que debe ser desde Madrid desde onde se apliquen unhas normas comúns para todas as autonomías que fagan posible que todos os cidadáns dispoñan do mesmo acceso ás mesmas prestacións.
O Ministerio de Sanidade de Leire Pajín entende que catálogo priorizado de Farjas invade competencias estatais. O certo é que se finalmente a listaxe de fármacos da Xunta segue adiante e en Galicia subvenciónanse menos medicamentos que no resto do Estado, poderíase estar a romper o principio de equidade no acceso dos cidadáns ás mesmas prestacións farmacéuticas. Así, fontes expertas explicaron a este xornal que de admitirse que as comunidades regulen, segundo os seus criterios, o número de medicamentos suxeitos a financiamento, estar a pór en perigo “o principio de liberdade de empresa no marco da economía de mercado”, un principio que se atopa recollido no artigo 38 da Constitución, texto en cuxa defensa se amparou o propio Núñez Feijóo para frear unha reforma estatutaria para a comunidade galega no ano 2008.
Igualmente, a Constitución establece no seu artigo 149.1.16 que o Estado “ten competencia absoluta sobre sanidade exterior, bases e coordinación xeral da sanidade, así como a lexislación sobre produtos farmacéuticos”.
Facendo un repaso ás leis que rexen a sanidade estatal, o catálogo da Xunta chocaría con, polo menos, tres normativas. A Lei de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde destaca, por exemplo, que “a prestación de servizos aos usuarios de toda España levará a cabo en condicións de igualdade efectiva e calidade”. Isto non será así, xa que aínda que respectando o número de principios activos que gozan de financiamento no medicamento público, agora mesmo os pacientes galegos teñen acceso a menos medicamentos subvencionados que o resto de pacientes españois.
Esta mesma norma determina que é ao Ministerio de Sanidade ao que lle corresponde “o exercicio das competencias do Estado en materia de decisión sobre financiamento público de medicamentos e fixación do prezo correspondente”, e non ás autonomías.
Igualmente, a Lei 29/2006, que regula as garantías e o uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, recoñece no seu artigo 88 “o dereito que teñen todos os cidadáns a obter medicamentos en condicións de igualdade en todo o Sistema Nacional de Saúde”, iso si, sen prexuízo das medidas tendentes a racionalizar a prescrición que poidan levar a cabo nas distintas comunidades. Co catálogo, incluso un cidadán de fóra de Galicia deberá adaptar as súas receitas á nova lista de fármacos.
A lei de garantías tamén establece que debe ser a carteira de Sanidade a que decida sobre “a inclusión ou non de produtos farmacéuticos na prestación de medicamentos que garante o Sistema Nacional de Saúde”. Segundo esta lei, é o Goberno quen ten potestade para revisar “periodicamente a relación de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica”, e non a Xunta de Galicia, que decidiu primar os xenéricos de valor máis baixo na súa listaxe.
Do mesmo xeito, no Real Decreto 1030/2006 end_of_the_skype_highlighting recóllese que a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde establece que as comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias, poderán aprobar as súas respectivas ofertas sanitarias, que terán que incluír “cando menos” a carteira de servizos comúns ao Sistema Nacional de Saúde.
Farmacéuticos gallegos recurren el catálogo de medicamentos de la Xunta
Vtelevision
Ver video
Ver video
As farmacias recorren o catálogo de xenéricos ante o Tribunal Superior
Alegan que se invade unha competencia do Estado», entendendo ademais que o catálogo, «xa que logo inconstitucional», infrinxe «o principio de igualdade de todos os españois».
NOTA DE PRENSA DE CIG-SAUDE DE MONFORTE
AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON ROGO DE PUBLICACIÓN
A sección sindical de C.I.G.-saúde do hospital comarcal de Monforte quere sair ao paso das derradeiras declaracións aparecidas na prensa por parte do director xerente .
Non sabemos como pode ter a desfachatez de decir que as listas de espera baixaron e atreverse a dar esas cifras.
Non di a verdade cando da as cifras dos días de espera para ciruxía.Esta é a realidade:
Estatísticas oficiais(días de espera) A realidade
Uroloxía-58 días 180 días
Ciruxía Xeral-68 días 190 días
Traumatoloxía-70 días 195 días
Xinecoloxía-48 días 52 días
Esto é o que hai,non o que nos quere vender o noso xerente.En canto ás consultas non hai nada de verdade no que di.E tan fácil de comprobar como pasar polas consultas e preguntarlle aos doentes canto tempo fai que pediron a cita.Hoxe por exemplo pasamos pola de ollos e estaban consultando a xente que pedíu cita hai oito meses,é dicir en maio do ano pasado e el di que a lista de espera está en 51 días.Esto recordame moito a un conto no que a un neno lle medraba o nariz cando mentía.Supoñemos que despois disto o perfil do xerente vai cambiar.
Como xa denunciamos noutras ocasións seguense a maquillar as listas de espera acumulando os volantes sen dar cita e pechando axendas.Tamén segue habendo listas B,nas que si te chaman para operarte nun concertado e dis que non sacante da lista.
En canto a que somos o mellor hospital de Galicia non o cre nin él.E o de darlle as grazas ao persoal non é necesariio porque estamos a facer o noso traballo como sempre fixemos.O que tiña que facer era aumentar plantilla para que non estivese sobrecargada de traballo.E contratar especialistas que seguen a faltar e non facer contratos lixo para que non marchen a outros centros onde lles ofrecen mellores condicións de traballo.
La Voz de Galicia:
A sección sindical de C.I.G.-saúde do hospital comarcal de Monforte quere sair ao paso das derradeiras declaracións aparecidas na prensa por parte do director xerente .
Non sabemos como pode ter a desfachatez de decir que as listas de espera baixaron e atreverse a dar esas cifras.
Non di a verdade cando da as cifras dos días de espera para ciruxía.Esta é a realidade:
Estatísticas oficiais(días de espera) A realidade
Uroloxía-58 días 180 días
Ciruxía Xeral-68 días 190 días
Traumatoloxía-70 días 195 días
Xinecoloxía-48 días 52 días
Esto é o que hai,non o que nos quere vender o noso xerente.En canto ás consultas non hai nada de verdade no que di.E tan fácil de comprobar como pasar polas consultas e preguntarlle aos doentes canto tempo fai que pediron a cita.Hoxe por exemplo pasamos pola de ollos e estaban consultando a xente que pedíu cita hai oito meses,é dicir en maio do ano pasado e el di que a lista de espera está en 51 días.Esto recordame moito a un conto no que a un neno lle medraba o nariz cando mentía.Supoñemos que despois disto o perfil do xerente vai cambiar.
Como xa denunciamos noutras ocasións seguense a maquillar as listas de espera acumulando os volantes sen dar cita e pechando axendas.Tamén segue habendo listas B,nas que si te chaman para operarte nun concertado e dis que non sacante da lista.
En canto a que somos o mellor hospital de Galicia non o cre nin él.E o de darlle as grazas ao persoal non é necesariio porque estamos a facer o noso traballo como sempre fixemos.O que tiña que facer era aumentar plantilla para que non estivese sobrecargada de traballo.E contratar especialistas que seguen a faltar e non facer contratos lixo para que non marchen a outros centros onde lles ofrecen mellores condicións de traballo.
La Voz de Galicia:
La CIG dice que las listas de espera reales triplican las oficiales en algunas secciones
DATOS OFICIAIS DE ESPERA NO HOSPITAL DE MONFORTE
DATOS OFICIAIS DE DÍAS DE ESPERA NO HOSPITAL DE MONFORTE (31-12-2010)
CIRURXIA
Oftalmoloxía 48
Otorrinolaring. 35
Uroloxía 58
Cirurxía xeral 68
Traumatoloxía 70
Xinecoloxía 48
CONSULTA
Cardioloxía 36
Cirurxía xeral 29
Dermatoloxía 50
Dixestivo 44
Endocrinoloxía 31
Hematoloxía 22
Medicina interna 38
Pneumoloxía 62
Neuroloxía 56
Obstetricia 6
Oftalmoloxía 51
Otorrino. 7
Rehabilitación 28
Reumatoloxía 28
Urología 36
Xinecoloxía 19
SE VOSTEDE LEVA MÁIS TEMPO ESPERANDO DO QUE DI A DIRECCIÓN DO HOSPITAL, FAGA A SÚA RECLAMACIÓN POR ESCRITO.
QUEN NON RECLAMA OS SEUS DEREITOS OS PERDE
O hospital rebaixou as listas de espera un 36% nun ano
La Voz de Galicia
O centro volve estar por encima da media tras a caída do 2009
O centro volve estar por encima da media tras a caída do 2009
A CIG di que as listas de espera reais triplican as oficiais nalgunhas seccións
Suscribirse a:
Entradas (Atom)