Menos de dos semanas después de vencer en las elecciones locales y autonómicas y de que Mariano Rajoy anunciara el miércoles que el PP impulsará una veintena de medidas anticrisis, el presidente Camps no ha esperado a su investidura en Les Corts -que se prevé para dentro de semana y media- y ayer aprobó en el pleno del Consell un conjunto de medidas de austeridad y reorganización de la Administración autonómica encaminadas a reducir el gasto público, quitar barreras y favorecer a los emprendedores y a estimular al sector privado con concesiones para favorecer la creación de empleo y la salida de la crisis económica.
El plan, elaborado por los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, empezará a tomar cuerpo en las próximas semanas a través de cuatro leyes, decretos y otras disposiciones, anunció el también conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla. Este conjunto de medidas, además, formará parte del discurso de investidura del presidente Camps.
«No dejamos de trabajar, incluso en funciones», afirmó el vicepresidente primero quien destacó que la Generalitat ya ha estado haciendo un esfuerzo de austeridad como demuestran los datos del primer trimestre dados a conocer por el Banco de España, al reducir los gastos un 0,94%, mientras la media española muestra un incrementó de un 5,5%. En este sentido, Rambla afirmó que la Comunitat Valenciana habría rebajado más el déficit si no tuviera «una insuficiente financiación estatal».
Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno valenciano en funciones se resumen en cinco puntos: la reducción del gasto público, la reorganización y reestructuración del sector público, la modernización de la Administración pública, intensificar la colaboración con el sector privado y simplificar la normativa autonómica de cara a la creación de empresas.
La mayor parte de estas iniciativas, dijo Vicente Rambla, ya se habían iniciado, como la reducción de empresas públicas en las reestructuración administrativas, o figuraban en el programa electoral del PP. Su aplicación paulatina «la determinará en cada momento el presidente según las necesidades», indicó.
Por lo que se refiere a la intervención del sector privado en la Administración autonómica, Vicente Rambla incidió en que se ampliará la colaboración público-privada en la gestión, construcción y mantenimiento de servicios públicos de sanidad (se seguirá el modelo de gestión privada del Hospital de la Ribera, algo que ya se ha hecho en el Hospital del Vinalopó y en el de Manises), educación (cesión de suelo para que los colegios concertados construyan el edificio y lo gestionen) y transporte público (la gestión privada mediante concesión de líneas de transporte como el Tram de Alicante o la nueva línea de metro que se está construyendo en Valencia), el impulso en el sector cultural y también se fomentarán nuevos usos y fórmulas de gestión público-privada de las infraestructuras públicas (la construcción de carreteras mediante contratos de concesión conocidos como peaje en sombra, por la que el conductor no paga directamente al usar la infraestructura sino que es la Administración la que anualmente satisface el contrato a la constructora), así como de los grandes proyectos (con organizadores externos o esponsorización que cubra los gastos).
La participación de la iniciativa privada supondrá que la Generalitat ahorre y pueda dedicar ese dinero a otras inversiones o a paliar deudas con proveedores.
«Los puestos de trabajo no los va a crear la Administración sino el sector privado, que necesita confianza y expectativas positivas», afirmó Rambla. Con estas iniciativas, dijo el vicepresidente, Camps quiere «dar en la diana de la recuperación económica» al estimular a las empresas para generar empleo e impulsar la economía y no perder «un solo día para subirnos al carro del crecimiento económico», y que el Gobierno valenciano se ha empeñado en ser «un activo de la recuperación económica».
El primero de los puntos que presentó Rambla fue el de la contención del gasto. Para ello se pondrá un techo presupuestario cada ejercicio económico y se reducirá en un 15% el gasto corriente excepto el dedicado al gasto social. En este apartado se incluye la creación de una ley para reducir «el 30% de subvenciones y transferencias corrientes y de capital». También se pretende reducir un 15% del gasto energético de los edificios públicos, y «ajustar los costes un 5%» en los contratos de servicios básicos como agua, electricidad, seguridad, limpieza que se tengan que renovar.
Otra de las cuestiones de reducción del gasto incluye «optimizar el rendimiento del patrimonio de la Generalitat y revisaremos los usos de espacios y alquileres» y establecer un contrato-programa para los altos cargos que permita controlar su efectividad. El vicepresidente no indicó si el incumplimiento de ese contrato-programa supondría la destitución.
El segundo punto aborda la reorganización y reestructuración del sector público. Un decreto del presidente reducirá las consellerias a un máximo de 10, y otro rebajará los altos cargos y el personal de confianza, aunque «habrá que esperar unos días» para conocer esa reducción, afirmó el vicepresidente primero.
Un tercer decreto regulará un código de buenas prácticas de los altos cargos en cuanto al uso del coche oficial, los viajes de trabajo, el móvil oficial y el uso de Internet.
También se incluye crear la central de compras para toda la Administración. Rambla anunció la creación de dos grupos empresariales que aúnen a todas las empresas públicas que no se eliminen, uno para la prestación de servicios y otro para infraestructuras. Es iniciativa prevé aprobar una ley del sector público autonómico destinada a reducir la estructura de nuestra Administración».
El quinto y último punto de esta primera serie de medidas busca simplificar la normativa autonómica para que existan menos normas y que estas, además, sean más fáciles de aplicar.
