Faro de Vigo
Los grupos llevan la polémica por el área sanitaria integrada al Parlamento
El malestar generado en la comarca de O Salnés por la integración de su área sanitaria en la de Pontevedra-Norte ha llegado al Parlamento, donde PSOE y BNG han presentado preguntas y proposiciones no de ley para presionar a la Consellería para que reconozca la "retirada de competencias" impulsada vía decreto.
Una gran falacia es, en opinión de socialistas y nacionalistas, la afirmación de Xunta y PPdeG de que la aprobación del área de gestión integrada no altera el mapa sanitario gallego. Y es que los diputados Modesto Pose y Ana Luisa Bouza no albergan dudas acerca del robo de capacidad de gestión y de toma de decisiones cometido contra el área sanitaria que integra a la población de Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia y Catoira.
Con la aprobación del área de gestión integrada O Salnés pierde la capacidad de programar y concertar servicios, así como de gestionar sus recursos técnicos y humanos y de realizar contrataciones. Así las cosas, tanto en el PSOE como en el BNG están convencidos, al igual que lo están la junta de personal y los sindicatos médicos, de que lo que se pretende es dar luz verde al paulatino desmantelamiento de O Salnés.
De acuerdo con el artículo 56 de la Lei General de Sanidad, las áreas sanitarias son las estructuras fundamentales del sistema sanitario y el lugar "donde se lleva a cabo la gestión unitaria de centros y establecimientos del servicio de salud". Además, a estas estructuras corresponde la capacidad de tomar decisiones sobre la gestión de sus recursos técnicos y humanos. Algo que, a partir de ahora, no podrá hacer el gerente de O Salnés.
Modesto Pose insta a la titular autonómica de Sanidade, Pilar Farjas, a "decir la verdad". Y es que en su opinión es una "falsedad" querer hacer ver que nada cambia cuando, en realidad, en la comarca arousana se deja un responsable supeditado a las decisiones del de Montecelo. De hecho, del gerente de área integrada depende incluso la capacidad de nombrar y cesar al gerente ejecutivo de O Salnés, que ni siquiera tomaría las riendas en caso de ausencia del responsable de Pontevedra.
"No queremos alarmar, sino simplemente que digan la verdad", asevera Pose, convencido de que "esto no tiene nada que ver con la austeridad, sino con la capacidad de planificación. Si quieren austeridad, que no construyan el hospital de Monte Carrasco y se ahorren los 70 millones de euros anuales que se prevé cueste en un futuro", indica el socialista, que no pasa por alto la oposición que el centro comarcal y la creación de su área sanitaria despertó desde su aprobación, en 1992, en cierto sector de sanitarios pontevedreses.
Así las cosas, el socialista plantea un reto, e insta mediante Proposición No de Ley a, en vista de que no existe alteración en el mapa sanitario, "dotar al área sanitaria de O Salnés de la misma estructura de gestión y las mismas competencias de planificación en recursos asistenciales, económicos y de personal que el resto de áreas de Galicia, como la de Ferrol, Vigo o Pontevedra".
La nacionalista Ana Luisa Bouza, por su parte, exige a la Consellería que "aclare explícitamente las competencias" del área de gestión integrada, pues entiende que "las gerencias ejecutivas tendrán que gestionar los servicios sanitarios de su área, pero no les asignan la capacidad para planificar y dirigir los recursos necesarios para dicha gestión". Por ese motivo, la nacionalista afirma que lo que se impulsa es la consagración de "territorios de primera y de segunda en la atención sanitaria", haciendo "oídos sordos a las demandas de los profesionales".
El futuro que espera al Hospital Comarcal, si se mantiene el área de gestión integrada, no es otro que convertirse en "un ambulatorio raquítico" o, a lo sumo, en "un centro de atención especializada", en palabras de Modesto Pose.
También la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha saltado a la palestra para denunciar la actuación de la Consellería, que además aprueba el decreto de integración "cuando la mayoría de los trabajadores y ciudadanos gozan de sus vacaciones, con la intención de evitar cualquier respuesta social o sindical".
Manuel Martín, portavoz de ese colectivo, cree que lo que pretende la Xunta es "trasladar a Galicia la política privatizadora puesta en práctica por el PP en Madrid, donde eliminó las 11 áreas sanitarias con la finalidad de ampliar el espacio de negocio de las multinacionales sanitarias". Además, el portavoz de la asociación entiende que la desaparición de la atención primaria de los órganos de gestión "supondrá su eliminación definitiva" y la dejará "subordinada a los grandes hospitales, a pesar de que debería ser el eje del sistema".
