En la última década, la sanidad pública en la Comunidad Valenciana ha asistido a una transformación en su gestión, que bajo la excusa de colaboración público-privada, se ha convertido en una clara privatización del 30% de la sanidad pública valenciana. Áreas sanitarias cómo las de Alzira, Denia, Torrevieja, Manises y Elche-Crevillente ya han sido privatizadas en la gestión completa de sus recursos humanos y materiales a través de una fórmula denominada concesión administrativa, donde un grupo de empresas, generalmente cajas de ahorros (Bancaixa y CAM) y compañías de seguros, se asocian de forma temporal para este fin (por facilitar la lectura las llamaremos UTEs).
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