“Lo esencial que hay que considerar en este caso es si realmente ese enfermo necesita o no el medicamento”, ha destacado el médico traumatólogo Pedro Larrauri
Un grupo de médicos, enfermeras y pacientes han pedido al Servicio Gallego de Salud (Sergas) que rectifique la prohibición, hecha a través de una circular, de despachar recetas y solicitar pruebas prescritas por facultativos de consultas privadas.
Para ello, han remitido este lunes al Sergas y a los grupos parlamentarios un escrito suscrito por 63 personas a modo de "protesta" y "una solicitud de rectificación de esta normativa" emitida para atajar gasto.
Los firmantes del escrito han insistido en rechazar la "injusta medida" del Sergas, al tiempo que han expresado la confianza de que el Sergas "valore la propuesta" y "se rectifique cuanto antes".
Al respecto, han destacado que "todos los gallegos" tienen "el mismo derecho a la atención sanitaria pública", independientemente de lo que hagan con su tiempo libre y dinero. "Lo esencial que hay que considerar en este caso es si realmente ese enfermo necesita o no el medicamento", ha destacado el médico traumatólogo Pedro Larrauri y los otros 63 ciudadanos firmantes del escrito.
"Si el médico de cabecera cree que no necesita determinado tratamiento, no debe darle la receta, venga indicado por un médico privado o público", ha sentenciado. "Sería absurdo decirle al enfermo: estoy de acuerdo con lo que ese médico privado le ha prescrito, pero no puedo darle las recetas porque la Consellería de Sanidade nos han prohibido hacerlo", ha concluido el doctor Larrauri.
13 DE MAIO DE 2010
13 DE MAIO DE 2010: GRAZAS!!!
Negando recetas, robando derechos.
ResponderEliminarTodos los gallegos tenemos el mismo derecho a la atención sanitaria pública, independientemente de lo que hagamos con nuestro tiempo libre y con nuestro dinero. De la misma manera que sería absurdo negarle a alguien el uso del transporte público subvencionado por el mero hecho de que tenga un automóvil particular, o que la policía decidiera no acudir a las llamadas de socorro de las empresas o urbanizaciones que tuvieran contratados vigilantes de seguridad, pues tampoco se puede aceptar que un médico de la sanidad pública le niegue a alguien una receta por el mero hecho de que ese medicamento se lo haya prescrito otro que ejerce en la sanidad privada.
Lo esencial que hay que considerar en este caso es si realmente ese enfermo necesita o no el medicamento. Si el médico de cabecera cree que no necesita determinado tratamiento, no debe darle la receta, venga indicado por un médico privado o público. Y si cree que debe darle otro medicamento distinto al que el enfermo trae anotado, le debe explicar l as razones(por la Ley de Sanidad el paciente tiene derecho a recibir esa información) y prescribírselo. Pero si según criterios médicos necesita ese tratamiento, el asegurado tiene derecho a que el Estado se lo financie. Sería absurdo decirle al enfermo: estoy de acuerdo con lo que ese médico privado le ha prescrito, pero no puedo darle las recetas porque la Consellería de Sanidade nos han prohibido hacerlo.
Hay que tener en cuenta que cuando un paciente acude a la sanidad privada lo hace muchas veces realizando un gran esfuerzo económico. Si la sanidad pública funcionara mejor, con menos esperas y con más eficacia, nadie acudiría a la privada. Esperar 4 meses o más a que nos vea un especialista, o para que nos hagan una prueba que puede encontar un tumor, son indicativos de que nuestra sanidad no funciona bien. El Sergas debería reconocer además la ayuda extra que aportan a la sanidad pública los miles de gallegos que se pagan de su bolsillo la atención médica, que siguen pagando sus impuestos, y que además de reducir gastos descongestionan las consultas de los ambulatorios y hospitales públicos, ayudando a que mejore la atención de los demás asegurados y descargando de trabajo a los médicos, ya bastante saturados: les ahorran 10 ó 15 minutos que deberían dedicarles en una consulta, y sólo les ocupan 1 ó 2 minutos para tomar nota y cubir las recetas.
En conclusión: el afán ahorrador de nuestros gobernantes les ha llevado a tomar esta medida injusta y discriminatoria, que no puede sino causar rechazo en los ciudadanos y médicos que compartimos estos argumentos. Por eso les pedimos que rectifiquen.
Este escrito ha sido enviado a la Consellería de Sanidade y a los Grupos Parlamentarios de la Xunta de Galicia.
Pedro Larrauri (médico traumatólogo) y 63 ciudadanos gallegos más