Las fiscalías de Galicia están llevando a cabo una campaña para controlar los ingresos en los geriátricos, investigar aquellos que no son voluntarios, así como las condiciones en las que los residentes dieron su consentimiento. La medida es consecuencia de una instrucción del fiscal general del Estado fechada hace once años y se aplica de forma más especial ahora debido al incremento de desamparos en la tercera edad. En las inspecciones participan los forenses, que son los encargados de visitar, entrevistar y valorar a los mayores; los servicios sociales municipales y la Xunta, que asumirá la tutela de muchos desvalidos a través de una fundación que está renovando sus estatutos e incluso su denominación (pasará a llamarse Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, Funga) y que ya tiene la custodia de un total de 623 mayores de 60 años.
Los tribunales controlan las altas que ven como más dudosas y, al tiempo, envían comunicaciones a los centros para recordarles que deben informar de los ingresos y solicitar un permiso judicial cuando el anciano manifieste que no quiere estar internado. En el mismo requerimiento se les recuerda que la Fiscalía debe contar con la relación de todos los residentes, tengan o no autorización judicial, así como de la situación jurídica del centro y la relación completa de la plantilla para verificar si disponen de los permisos y el personal adecuado.
Más carga de trabajo
Todas estas actuaciones suponen más carga de trabajo, aunque en algunas fiscalías, como la de Pontevedra, alegan que se trata de una labor que no se podía aplazar más: «Es cierto que está incrementando el trabajo, pero nuestra posición es que es una cuestión que afecta a los derechos fundamentales y no es discutible», argumenta el fiscal Santiago Miguel Cruces. Precisamente su equipo comenzó hace dos años una revisión de expedientes que ha puesto de manifiesto algunas carencias. Para empezar, aún no han podido concretar el número de dependientes y han descubierto que muchos casos abiertos son de personas que ya han muerto. En cualquier caso, el fiscal explica que han avanzado; en la actualidad le comunican «cada dos meses la lista de personas que no están en condiciones para decidir, identificando tanto si están incapacitadas judicialmente como no, notificando el auto de internamiento que tendrán que tener de cara al juzgado y en todos los casos la persona que figurará como guardador de hecho para poderle exigir las responsabilidades o cuentas, tanto si se produce alguna cuestión extraordinaria como si no».
Las fiscalías pretenden unificar protocolos para que los tutores de las personas declaradas incapaces rindan cuentas al menos una vez al año. «Hasta ahora nos encontrábamos con tutores que afrontaban la rendición de cuentas de forma muy dispar, desde la persona que recurría a un abogado a la que presentaba incluso las cuentas del pan».
Sin embargo, la medida está encontrado detractores, ya que algunos jueces, como el de Caldas, entienden que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solo está previsto para internamientos psiquiátricos, que tienen poco que ver con la demencia senil. Aunque las fiscalías la defienden desde el año 1992 y recuerdan que la Audiencia ya ha resuelto a favor de exigir una autorización de los ingresos de mayores desvalidos y de revisar las condiciones en las que se concedieron los consentimientos ya otorgados.
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