Pajín no retira su veto al catálogo de Farjas

Desoye el llamamiento de Feijóo y mantiene que no tolerará intromisión de competencias 

El Correo Gallego

El Ministerio se mantiene firme en su intención de desactivar el catálogo gallego de medicamentos autorizado por el Parlamento gallego el pasado 21 de diciembre y en funcionamiento desde el 3 de enero. Sus servicios jurídicos valoran la fórmula más operativa para formalizar el recurso y fuentes del departamento de Leire Pajín indicaron ayer que el proceso sigue adelante, aunque insisten en su disposición a buscar "fórmulas alternativas" para contribuir al control de la factura farmacéutica desde el respeto al marco competencial.
Sanidad explicaba así el estado de las cosas despúes del intento conciliador del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que el martes dirigió una carta a la ministra y se comunicó con ella por teléfono para defender el encaje legal de la iniciativa gallega y su importante impacto en términos de ahorro.
El catálogo gallego se apoya en la ley de racionalización del gasto farmacéutico que PPdeG y BNG sacaron adelante en la Cámara el 21 de diciembre y se desarrolla a través de una resolución de la Consellería de Sanidade del 30 de diciembre, que especificó 34 principios activos (sustancias con propiedades medicinales) afectados y las presentaciones comerciales (medicamentos) de cada uno de ellos que serán financiadas por la sanidad pública gallega. Con un ahorro estimado de 100 millones de euros/año, la iniciativa supone la revisión de la lista de medicamentos subvencionados que elabora el Ministerio, para eliminar de entre los elaborados a partir de esos 34 principios activos las presentaciones más caras y priorizar el uso de sus equivalentes más baratos.
El Ministerio mantiene que la iniciativa gallega invade competencias y atenta contra la igualdad de derechos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. El recurso, confirmaron fuentes de Sanidad, sigue adelante, si bien, sus servicios jurídicos valoran la posibilidad de recurrir directamente la ley gallega ante el Tribunal Constitucional (un trámite que debe ser gestinado por el Consejo de Ministros) en lugar de utilizar la doble vía apuntada al principio, que incluiría además un recurso previo contra la resolución que desarrolla el catálogo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este paso inicial sería más ágil, lo abordaría el Ministerio de Sanidad en solitario e implicaría, probablemente, la suspensión cautelar del catálogo. En cualquier caso, el Ministerio confía en que la acción "no se prolongue mucho".