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El listado de fármacos de la Consellería de Sanidade, que recorta considerablemente el número de medicamentos que serán subvencionados en Galicia con la austeridad como argumento, se enfrentará por ahora a tres recursos en los tribunales: el del Ministerio de Sanidad, el de la patronal de farmacia Farmaindustria y el de la propia Federación Gallega de Farmacias, que agrupa a 700 oficinas. Una de las principales irregularidades del catálogo de la conselleira Pilar Farjas es que choca frontalmente con la Ley de Cohesión y Calidad del Estado, la Ley 16/2003, ya que la lista de medicamentos no incluye los que son subvencionados en todo el resto de España, dejando en desventaja a los ciudadanos gallegos.
En concreto, el artículo 20.2 de dicha ley reconoce que las comunidades autónomas están en su derecho de crear este tipo de catálogos, pero siempre que cumplan una norma principal que Galicia ha decidido saltarse. “Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán cuando menos la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud”, dice la legislación. Es decir, que la Xunta podría haber hecho un catálogo que subvencionase en Galicia más fármacos que en el resto de España, pero nunca al revés, como ha hecho. Dentro de la cartera de servicios, como concreta dicha ley en su artículo 7, está “la prestación farmacéutica”.
Por otra parte, la ley deja claro que a la hora de elaborar estos listados “se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales” y, por último, “su impacto económico y organizativo”.
En el caso gallego, el principal criterio del catálogo de Farjas es la austeridad, con el objetivo de ahorrar, según asegura el Gobierno autonómico, más de 100 millones de euros seleccionando el medicamento más barato de cada principio activo. Así, muchos ciudadanos tendrán que prescindir de los tratamientos que hasta ahora financiaba el Sergas y sustituirlos por otro, cuando en el resto del Estado seguirá siendo cubierto por la sanidad pública.
El listado de la Administración autonómica vulnera además la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, según denuncia la patronal de farmacia estatal, que recuerda que la iniciativa gallega modifica el régimen de financiación de los medicamentos “careciendo la comunidad de competencias para ello y vulnerando la igualdad de acceso a la prestación farmacéutica”. Además de esto, limita “la libertad de prescripción de los médicos” del Sergas, ya que estos tendrán que ajustarse exclusivamente a la lista de la Xunta y no podrán recetar los fármacos que no se incluyan en esta.
Por otra parte, el recurso a esta decisión podría no limitarse solo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, el Ministerio de Sanidad tendrá listo el informe para recurrir en unos quince días, y estudia también llevar la Ley del gasto farmacéutico gallega –en la que se engloba el catálogo– ante el Tribunal Constitucional. En este caso, y como explicó en un artículo en Xornal el magistrado del TSXG y exletrado del Constitucional Alfonso Villagómez, el catálogo sería inconstitucional por invadir las competencias estatales y vulnerar “el principio de igualdad y de prohibición de tratamientos desigualitarios a los ciudadanos según las comunidades autónomas en las que residen”.
La ley, que entró en vigor en Galicia el pasado 3 de enero, quedaría suspendida de inmediato si prospera el recurso del Gobierno estatal, como sucedió en su día cuando el Ejecutivo central llevó a los tribunales la Ley de Cajas gallega.
EL BNG PIDE EXPLICACIONES A PAJÍN
El senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, pedirá hoy a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que explique por qué el Gobierno central tiene intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de racionalización del gasto farmacéutico de Galicia. Será en el transcurso de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Alta. El BNG apoyó al Gobierno gallego en la aprobación del catálogo de fármacos autonómicos.
El listado de fármacos de la Consellería de Sanidade, que recorta considerablemente el número de medicamentos que serán subvencionados en Galicia con la austeridad como argumento, se enfrentará por ahora a tres recursos en los tribunales: el del Ministerio de Sanidad, el de la patronal de farmacia Farmaindustria y el de la propia Federación Gallega de Farmacias, que agrupa a 700 oficinas. Una de las principales irregularidades del catálogo de la conselleira Pilar Farjas es que choca frontalmente con la Ley de Cohesión y Calidad del Estado, la Ley 16/2003, ya que la lista de medicamentos no incluye los que son subvencionados en todo el resto de España, dejando en desventaja a los ciudadanos gallegos.
En concreto, el artículo 20.2 de dicha ley reconoce que las comunidades autónomas están en su derecho de crear este tipo de catálogos, pero siempre que cumplan una norma principal que Galicia ha decidido saltarse. “Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán cuando menos la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud”, dice la legislación. Es decir, que la Xunta podría haber hecho un catálogo que subvencionase en Galicia más fármacos que en el resto de España, pero nunca al revés, como ha hecho. Dentro de la cartera de servicios, como concreta dicha ley en su artículo 7, está “la prestación farmacéutica”.
Por otra parte, la ley deja claro que a la hora de elaborar estos listados “se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales” y, por último, “su impacto económico y organizativo”.
En el caso gallego, el principal criterio del catálogo de Farjas es la austeridad, con el objetivo de ahorrar, según asegura el Gobierno autonómico, más de 100 millones de euros seleccionando el medicamento más barato de cada principio activo. Así, muchos ciudadanos tendrán que prescindir de los tratamientos que hasta ahora financiaba el Sergas y sustituirlos por otro, cuando en el resto del Estado seguirá siendo cubierto por la sanidad pública.
El listado de la Administración autonómica vulnera además la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, según denuncia la patronal de farmacia estatal, que recuerda que la iniciativa gallega modifica el régimen de financiación de los medicamentos “careciendo la comunidad de competencias para ello y vulnerando la igualdad de acceso a la prestación farmacéutica”. Además de esto, limita “la libertad de prescripción de los médicos” del Sergas, ya que estos tendrán que ajustarse exclusivamente a la lista de la Xunta y no podrán recetar los fármacos que no se incluyan en esta.
Por otra parte, el recurso a esta decisión podría no limitarse solo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, el Ministerio de Sanidad tendrá listo el informe para recurrir en unos quince días, y estudia también llevar la Ley del gasto farmacéutico gallega –en la que se engloba el catálogo– ante el Tribunal Constitucional. En este caso, y como explicó en un artículo en Xornal el magistrado del TSXG y exletrado del Constitucional Alfonso Villagómez, el catálogo sería inconstitucional por invadir las competencias estatales y vulnerar “el principio de igualdad y de prohibición de tratamientos desigualitarios a los ciudadanos según las comunidades autónomas en las que residen”.
La ley, que entró en vigor en Galicia el pasado 3 de enero, quedaría suspendida de inmediato si prospera el recurso del Gobierno estatal, como sucedió en su día cuando el Ejecutivo central llevó a los tribunales la Ley de Cajas gallega.
EL BNG PIDE EXPLICACIONES A PAJÍN
El senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, pedirá hoy a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que explique por qué el Gobierno central tiene intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de racionalización del gasto farmacéutico de Galicia. Será en el transcurso de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Alta. El BNG apoyó al Gobierno gallego en la aprobación del catálogo de fármacos autonómicos.
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